Las autoridades están preocupadas por la situación en el Urabá antioqueño tras el cese de actividades del transporte marítimo de pasajeros, lo que podría causar gran represamiento de migrantes y generar el colapso de la capacidad instalada de municipios como Necoclí y Turbo en los servicios de salud y el abastecimiento de alimentos.
La alerta la lanzó de nuevo este miércoles 28 de febrero el defensor del Pueblo Carlos Camargo, quien pidió a las gobernaciones de Antioquia y Chocó retomar negociaciones o diálogos para mitigar los efectos de la suspensión servicio de transporte marítimo, que se hizo en protesta a algunas capturas de parte de las autoridades, entre ellas a personal que trabaja en empresas que llevan a los migrantes desde Turbo y Necoclí hasta Acandí (Chocó).
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Justamente, este miércoles se conoció que un juez de control de garantías le dictó medida de detención domiciliaria a dos pilotos de embarcaciones capturados en medio de un operativo en el que las autoridades interceptaron dos motonaves en las que estaban transportando 151 migrantes desde Necoclí hasta Acandí.
La captura de estos dos hombres se registró cuando las unidades de la Armada Nacional interceptaron las embarcaciones a 2,5 millas náuticas del punto en el que zarparon y de inmediato iniciaron con las verificaciones correspondientes: habrían encontrado a 73 personas en una lancha y a 78 en la otra, que estarían siendo transportadas sin cumplir la ley.
Ahora, con las protestas que causaron estos operativos de las autoridades y el cese del servicio, el defensor pide a las autoridades departamentales de Antioquia y Chocó reactivar las Mesas de Gobernanza Migratorias, para trabajar de forma articulada en aras de la atención humanitaria que requieran Turbo y Necoclí.
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El cese de las actividades de transporte podría generar que los migrantes, como ya ha pasado en otros años, se queden represados, con necesidades básicas que se suman a las de los habitantes, en materia de salud, agua, alimentación, recolección de residuos sólidos o alojamiento, lo que causa colapso de los servicios.
En concreto, los migrantes se quedan obligados allí, pues su deseo es cruzar el tapón del Darién para continuar el camino hacia Estados Unidos. “Hay un flujo de 1.000 a 2.000 migrantes por día en la región del Urabá antioqueño”, indicaron desde la Defensoría.
“La situación podría colapsar la capacidad instalada de Turbo y Necoclí, puesto que no habría planes ni estrategias para atenderlos y tampoco el espacio necesario donde puedan resguardarse mientras reinician su travesía”, añadió Camargo.
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En las acciones que se requieren para mitigar esta situación, el Ministerio Público llamó a los gobiernos departamentales, locales y nacional para participar en la activación inmediata de los planes de contingencia para atender a las personas.
“No podemos esperar a que haya un colapso que derive en la vulneración de los derechos fundamentales de quienes están en tránsito y de los moradores. Las medidas hay que implementarlas cuanto antes”, indica el Defensor del Pueblo.
Pero también deben implementar acciones para atender el fenómeno de la migración, pues las personas en tránsito, entre las que hay niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores, se exponen a todo tipo de peligros que ponen en riesgo su vida e integridad.
