Un juez de control de garantías le dictó medida de detención domiciliaria a Crescencio Valencia Mosquera y Luis Alfredo Ruiz Muñoz, dos pilotos de embarcaciones a quienes capturaron en medio de un operativo en el que las autoridades interceptaron dos motonaves en las que estaban transportando 151 migrantes desde Necoclí, Urabá antioqueño, hasta Acandí, en el Chocó.
La captura de estos dos hombres se registró cuando las unidades de la Armada Nacional interceptó estas embarcaciones a 2,5 millas náuticas del punto en el que zarparon y de inmediato iniciaron con las verificaciones correspondientes, encontrándose que había 73 personas en una lancha y 78 en la otra que estaban siendo transportadas sin cumplir la ley.
Hugo Tovar Pérez, Directos Especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, explicó que “los dos detenidos habrían exigido a cada tripulante entre 140 y 300 dólares por el traslado a Acandí (Chocó), donde se coordinaría el paso por el Tapón del Darién”.
El funcionario agregó que ambos procesados estaban afiliados a empresas transportadoras de turistas, aunque se investiga si utilizaban esto para poder mover migrantes de manera ilegal por el mar.
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A Valencia Mosquera y a Ruiz Muñoz les imputaron cargos por el delito de tráfico de migrantes -a los cuales no se allanaron ante el juez- y a quienes finalmente les ordenaron quedar recluidos en sus viviendas bajo el argumento de que el hecho por el cual son procesados no representa peligro para la sociedad.
Los 151 migrantes, de distintas nacionalidades, recibieron toda la atención humanitaria antes de quedar a disposición de Migración Colombia, que determinará las medidas a adoptar con estos extranjeros.
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Tras la captura de estos dos hombres, desde el pasado 23 de febrero las empresas transportadoras que operan en los puertos de Turbo y Necoclí decidieron suspender operaciones de manera indefinida, asegurando que esta medida no les da garantías para trabajar.
Esta situación llevó a que más de 1.500 migrantes quedaran atrapados en esta subregión, provocando que varios de ellos se albergaran en las calles no solo de estas dos localidades, sino también de Apartadó y Chigorodó.
Mario Bustamante, uno de los representantes de estas empresas, aseguró que “que ellos (autoridades migratorias), como es el deber ser, certifiquen la condición migratoria, un capitán de una embarcación no va repitiendo y preguntando cuál es el destino, simplemente está trasladando los pasajeros, entonces necesitamos que nos certifiquen la condición migratoria y que sí los podemos transportar”.
Sin embargo, se espera que este jueves haya una reunión entre autoridades y empresas transportadoras del Urabá antioqueño para buscar una solución a esta problemática y conocer las reglas del juego en cuanto a la situación de los migrantes.
