CRONOLOGÍA LOS nueve HECHOS QUE MARCARON lo ocurrido con EL EDIFICIO SPACE EN EL POBLADO
11 de octubre de 2013
Después de una inspección por evidencia de fallas en las columnas, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd, ordenó evacur la torre seis de Space.
12 de octubre de 2013
A las 8:17 p.m. de ese sábado, la torre seis del edificio Space no aguantó y se desplomó . El hecho dejó 12 personas muertas, 11 trabajadores que participaban en la reparación y un residente.
28 de octubre de 2013
Tras 16 días de labores de los cuerpos de socorro, terminó la extracción e identificación de las víctimas mortales que dejó el derrumbe. Las tareas de los rescatistas fueron ininterrumpidas.
27 de febrero de 2014
A las 8:52 a.m., ocho minutos antes de lo previsto, 25 kilos de explosivos derribaron controladamente la torre cinco de la unidad residencial, estructura contigua a la edificación que se desplomó
13 de mayo de 2014
La Fiscalía General imputó cargos a los presuntos responsables del desplome de la torre seis de Space: dos curadores, dos directivos de la constructora CDO y el ingeniero estructural.
23 de septiembre de 2014
En solo seis segundos cayeron las torres uno, dos, tres y cuatro del complejo Space, demolidas controladamente con la supervisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
9 de mayo de 2017
Comenzó el juicio por la muerte de Juan Esteban Cantor, único residente que pereció en el desplome de la torre seis. El proceso había precluido por los otros 11 fallecidos por reparación.
11 de octubre de 2017
Una juez penal del Circuito declaró culpables de homicidio culposo a Pablo Villegas Mesa (51 meses de cárcel), María Cecilia Posada (49 meses) y Jorge Aristizábal Ochoa (50 meses).
11 de julio de 2018
El Tribunal Superior de Medellín resolvió la apelación y confirmó las condenas a Villegas, Posada y Aristizábal. Tras interponer el recurso de casación, el proceso pasó a la Corte Suprema de Justicia
LA MICROHISTORIA La decisión que salvó vidas
Un día como ayer, 11 de octubre de 2013, el geólogo de la universidad Eafit, Jaime Enrique Gómez, tomó la decisión más difícil de su vida: ordenar la evacuación de un centenar de familias de la torre 6 del Space.
Gómez oficiaba como director encargado del máximo organismo de atención de emergencias de Medellín, Dagrd, y recibió el reporte de la línea123 advirtiendo “movimientos del edificio y aparición de grietas” en la fase 6 de Space: “Enviamos bomberos y me desplacé con tres ingenieros civiles. Al llegar al sitio, antes del medio día, se veía inclinado, con grietas, ventanas dobladas. Entramos, confiados en que un ingeniero de la constructora nos dijo que el daño no era delicado. A medida que descendíamos se ampliaban las fisuras; en un apartamento una columna parecía una lata vacía después de parársele encima. Ordené salir de ahí y recomendamos a los habitantes evacuar. Hice un informe y lo envié a la inspección de Policía para que fuera una orden. El calculista dijo que era algo sencillo y lo arreglarían el fin de semana. A la noche siguiente, cayó la torre con los trabajadores que arreglaban el daño”.
el fortalecimiento del
Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, contó que los proyectos siniestrados de la constructora CDO marcaron un hito en la protección del consumidor del sector inmobiliario. “Muy pocos colombianos sabían que el estatuto del consumidor servía para proteger a los compradores de inmuebles. Tristemente Space fue un caso emblemático en la historia de los derechos de los consumidores en el país”, señaló. Robledo relató que sucesos como los ocurridos en Medellín le permitieron a la Superindustria conocer decenas de casos de proyectos inmobiliarios con dificultades en Colombia, con el fin de hacer cumplir la garantía de calidad e idoneidad. Reconoció que existen situaciones que escapan al conocimiento del consumidor más diligente. “El caso del grupo CDO es ejemplo de eso, era una firma prestigiosa, con ingenieros y arquitectos de toda la vida, con gran reputación. Pero se embarcaron en proyectos con fallas en las estructuras. En resumen, las cosas hay que hacerlas bien para que después no haya problemas”, dijo.
estatuto del consumidor
Tres años después del derrumbe de la torre seis, se expidió la Ley 1796 del 13 de julio de 2016, conocida como “Ley Anti-space”. Su propósito es garantizar que el dinero pagado por un inmueble sea una inversión segura y que en caso de colapso o ruina se pueda recuperar de manera expedita el patrimonio. Pretende incrementar la seguridad de las edificaciones y fortalecer la función pública de los curadores. De otro lado, las construcciones de más de 2.000 metros cuadrados, cualquiera sea su uso, deben someterse a una supervisión independiente del constructor. Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda y quien promovió la expedición de esta norma, lamentó que dos años después de su promulgación sus mandatos sigan en el papel porque el Gobierno Nacional no la ha reglamentado. “Space fue un capítulo doloroso para la ingeniería colombiana, la industria de la construcción y el principio de confianza. Cuando una actividad tiene que reportar un beneficio comercial este no puede ser desmedido. La ética no puede desaparecer”, dijo Henao.
la normatividad nacional para compra de inmuebles
Juan Andrés Oviedo, doctor en Ingeniería Sísmica y presidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia, opinó que Space significó cambios importantes; sin embargo, desde el ejercicio profesional, en su opinión, no produjo modificaciones porque el deber ser del gremio (diseñadores, interventores, curadores y funcionarios de Planeación), sigue siendo el mismo. “Space puso en evidencia un problema ético, pero no puede ser un punto de quiebre para exigir más porque nuestras normas de construcción existen desde 1984 y, si estas se cumplen, se otorga un nivel de seguridad mínimo a las edificaciones”, afirmó. Para Oviedo, existen dos problemas que requieren resolución. El primero es la baja percepción del riesgo estructural: “de forma irresponsable se han tomado decisiones en las que el dinero está primero que la seguridad y la consulta técnica”. El segundo es la falta de rigor profesional, tanto en la ejecución como en la toma de decisiones. “Cuando estos dos problemas se combinan con una falta de control de la institucionalidad, con la poca exigencia profesional para que se cumpla la normatividad, se crea un alto factor de riesgo”, concluyó.
el ejercicio profesional
La estructura municipal, en lo concerniente a reclamos y cumplimientos de constructores en proyectos urbanísticos, se modificó luego de la tragedia de Space, y se dio vida a la Secretaría de Gestión y Control Territorial. El encargado de ese despacho, José Nicolás Duque, explicó que antes del suceso, en Medellín, esas funciones las desempeñaba una oficina de monitoreo, “muy incipiente y sin mayor músculo económico ni de personal”.
“Si bien tenemos una función de servicios públicos y catastro, el control urbanístico fue elevado a subsecretaría. Contamos con profesionales que cubren las diferentes comunas y corregimientos, atendiendo requerimientos ciudadanos frente a temas constructivos y hacemos seguimiento a curadurías a través de las licencias que otorgan”, recalcó. Duque destacó que también el Gobierno Nacional hizo esfuerzos para blindar el tema constructivo, e hizo un llamado para que se hagan denuncias oportunas, y a los constructores en su ética. “Esto es que hagan edificios acordes a lo licenciado, con los materiales establecidos, planos estructurales, diseños arquitectónicos y memorias de cálculo, tal y como están radicados en curaduría”, concluyó.
en el campo de la construcción
Una lección de humildad representó para el gremio de la construcción el colapso de Space, según Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia. El directivo, acotó que un aprendizaje de la tragedia al interior de la industria y del sector, es que en los procesos constructivos “siempre hay que contar con segundas opiniones, otros conceptos de expertos, verificar, verificar, revisar y revisar”.
“Lección de humildad por cuanto es una actividad que, por millonarias que sean las inversiones, se realiza con seres humanos y, desafortunadamente, cabe el error, pero tenemos el compromiso que no sólo hay que trabajar para minimizarlo, sino buscar que ese error no exista, no se presente y si es así, se detecte a tiempo y se corrija adecuadamente”, apuntó. Loaiza agregó que el sector se caracteriza por las buenas prácticas, sin embargo es oportuna la necesidad de “reforzar la capacitación a directivos, profesionales, contratistas, asesores, trabajadores. “Aprendimos la responsabilidad que implica construir cumpliendo y obteniendo todos los permisos de ley y estando seguros de cumplir a cabalidad reglamentos técnicos y norma sismorresistente”, dijo.
