No hay contratista el 1 de enero
La posibilidad más crítica para EPM y el proyecto es que el preacuerdo anunciado el jueves con el Consorcio CCC Ituango para continuar la construcción no se materialice y los trabajos terminen el 31 de diciembre, último día del actual contrato. A ese preacuerdo le faltaban los trámites administrativos de ambas partes para suscribir el documento final, sin embargo, el fallo en firme de la Contraloría cambió los planes y obligó a las planas directivas a sentarse de nuevo para decidir qué camino tomar. Si el 1 de enero ya no está el consorcio, sí o sí se configurará un nuevo retraso en el proyecto, en el que se trabaja a tope en la casa de máquinas para terminar la adecuación de las primeras unidades que deben encenderse en 2022. Sin contratista, se demorarían hitos clave que deben alcanzarse en los próximos meses como el montaje de los equipos electromecánicos y transformadores, la instalación de los cables de potencia, el blindaje de los pozos de presión verticales y los trabajos subacuáticos para la limpieza de las captaciones. Y una nueva demora, que acumula al menos cuatro años de retraso, se traduciría en una catástrofe financiera para EPM, con pérdidas que pueden superar los USD $300 millones.
Sigue CCCI hasta la inhabilidad
Otra de las posibilidades es que la prórroga se materialice y tanto EPM como el Consorcio CCCI jueguen con los tiempos jurídicos que puso a andar el fallo confirmatorio de la Contraloría para no dejar la obra sin constructor el 1 de enero. Aunque contra la decisión de la entidad no procede ningún recurso, el auto no quedará en firme hasta que supere el control automático de legalidad ante el Consejo de Estado. Esto, según expertos consultados, permite que la prórroga del contrato pueda ejecutarse hasta los primeros meses de 2022, cuando se espera el aval del tribunal, que es mero trámite porque hace rato no lo aplica. Hay pistas de que este pueda ser el camino que quiere el alcalde Daniel Quintero, porque pese a la severidad que ha tenido con las empresas del consorcio, fue insistente el viernes en que los contratistas están obligados a continuar con la ejecución del proyecto hasta que la sanción quede en firme. “No pueden abandonar la obra ni dejarla tirada”, dijo. Y EPM, en un comunicado el mismo día, reiteró: “los contratistas deben cumplir con las obligaciones contractuales que se encuentran vigentes en los contratos”. Así, EPM ganaría tiempo hasta que ponga a rodar su plan de contingencia.
No hay prórroga y EPM asume
Si finalmente no se materializa el preacuerdo con el consorcio CCCI, en EPM recaerá la responsabilidad de asumir la construcción a partir del 1 de enero. Las dudas aquí surgen por las empresas que componen el consorcio, sancionadas por la Contraloría, lo que significa que cuando la decisión quede en firme, el proceso irá a cobro coactivo, saldrán en el boletín de responsables fiscales y para seguir contratando con entidades del Estado deben pagar los $4,3 billones. Si es cuestión de tiempo que los inhabiliten, ¿seguirán? Es una de las decisiones que se baraja en los niveles directivos de las tres compañías. Quintero, como si supiera que el fallo de la Contraloría estaba cocinado, mencionó el jueves un plan que bautizó Mirella, según el cual, EPM tiene un protocolo de choque para que Hidroituango continue su operación con las capacidades internas hasta que llegue otro contratista. Pero si ese plan fuera lo suficientemente robusto y le generara tranquilidad, no se entiende por qué el alcalde dijo el viernes que las firmas condenadas no podían irse y dejar la “obra tirada”. ¿Cúal será la seriedad de Mirella?
Acelerar tiempos de la licitación
Además del plan Mirella para que EPM asuma la obra con sus capacidades, Quintero ha mencionado varias veces que estaba caminando un plan B, en el que además de negociar una prórroga con el actual consorcio se iniciaría una licitación para que un nuevo constructor llegara al proyecto en 2022. Antes de la confirmación del fallo de la Contraloría, los términos eran los siguientes: el consorcio CCCI dejaba listas las dos primeras unidades entre enero y agosto, y hacía el empalme con la nueva firma entre agosto y noviembre. Descartado ese cronograma por la sanción fiscal en firme, EPM tendrá que acelerar los términos de esa licitación porque la salida del actual constructor es inminente. EPM explicó que viene trabajando en el plan b desde octubre de 2020, evaluando a las empresas que cumplirían los requisitos. Primero se identificaron 46 firmas que se fueron decantando hasta que quedaron las cuatro nacionales y cuatro extranjeras que visitaron la obra en septiembre. EPM tendrá que acelerar los tiempos de esa licitación, aunque, ¿cuántos se le medirán a asumir una obra siniestrada, en su tramo final de construcción y con los tiempos al cuello? Y si lo hay, ¿a qué costo y bajo qué condiciones lo hará?
