La ministra de Justicia Gloria María Borrero y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se reunieron este martes en Medellín para revisar los documentos y procedimientos que tienen frenada la construcción de la colonia agrícola que se construirá en el Norte de Antioquia.
El proyecto, con capacidad para 1.328 internos es la carta de salvación con la que la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia esperan resolver la crisis carcelaria del departamento, donde los índices de hacinamiento son de 82,24 % según el procurador, Fernando Carrillo.
Pérez reportó que tras la entrevista se acordó trabajar en conjunto para resolver los problemas contractuales y de pago que tienen frenada la construcción. “El jueves 9 de mayo, se reunirán en Bogotá la Secretaria de Gobierno, el constructor que es la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA-, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC- y el Ministerio, para definir cómo superar las observaciones presentadas por este último”, informó.
Carlos Enrique Londoño Amariles, gerente de Viva, explicó que la empresa fue contratada para ejecutar las obras, pero que la Uspec les adeuda 3.500 millones de pesos.
Julio Aníbal Areiza, alcalde de Yarumal, explicó que en 2017 se firmó un convenio entre su administración y las demás entidades, y en marzo de 2018 el contratista empezó con el cerramiento del lote.
“La plata para el proyecto, que son más de $60.000 millones, está en una fiducia, pero no sabemos por qué no han autorizado los pagos. Con el cambio de gobierno el proyecto se frenó desde Bogotá y en enero de este año se suspendieron las obras”, dijo.
Viva informó que, según un documento firmado el 31 de junio de 3017, la empresa debía construir el cerramiento, una vía y diseñar el edificio para albergar a los presos, antes del 31 de enero de 2017. “El cerramiento y los diseños ya están pero para la vía necesitamos que nos paguen y eso no se ha hecho”, sentenció Londoño.
