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Con demandas sigue oposición al Acuerdo 300

  • El acuerdo faculta al alcalde para reformar la estructura del Municipio de Medellín en uso de facultades especiales durante cuatro meses. FOTO HENRY AGUDELO
    El acuerdo faculta al alcalde para reformar la estructura del Municipio de Medellín en uso de facultades especiales durante cuatro meses. FOTO HENRY AGUDELO
Redacción Área Metro | Publicado el 12 de marzo de 2015

Mientras colectivos ciudadanos comenzaron a radicar demandas contra el polémico Acuerdo 300, aprobado en el Concejo de Medellín, ahora Acuerdo 001 de 2015, tras la sanción del alcalde, Aníbal Gaviria, el concejal liberal Bernardo Alejandro Guerra lidera otro movimiento de recolección de firmas tendiente a interponer otras dos demandas.

Esta semana, un grupo de ciudadanos liderado por el abogado Jaime Mejía, presentó una demanda de nulidad contra el Acuerdo 300 ante los juzgados administrativos de Medellín. El objetivo, según expresaron, es defender el patrimonio público de la ciudad, al argumentar que vulnera los derechos sociales y económicos de Medellín.

El Concejo aprobó recientemente el Acuerdo 300, que faculta al alcalde por el término de cuatro meses para adecuar la estructura de la Administración Municipal y las funciones de sus dependencias en el marco del modelo de Conglomerado Público y del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT, adoptado en el artículo 48 de 2014.

Por su parte, el concejal Guerra mantiene activa una campaña en redes sociales #NoAlAcuerdo300 e insiste en que interpondrá una demanda de nulidad con solicitud de suspensión provisional y una acción popular con amplia convocatoria a la ciudadanía y con solicitud de medida cautelar.

Sin embargo, como improcedentes declararon despachos judiciales este miércoles las acciones de tutela interpuestas contra el Acuerdo 300. De acuerdo con lo expresado por voceros de la Alcaldía de Medellín, los juzgados Séptimo y Veinticinco Civiles Municipales de Oralidad no acogieron las peticiones de las demandas.

Señala la decisión judicial que la Alcaldía de Medellín y el Concejo Municipal no vulneraron los derechos fundamentales de los demandantes, no se probó la presencia de un perjuicio irremediable ni se utilizó el mecanismo idóneo frente a la legalidad del Acuerdo 001 de 2015, explicaron los voceros de la Administración Municipal.


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