El Gobierno Petro derogó la prima de servicios de los congresistas alegando que es desproporcionada, pero un documento oficial de 2023 muestra que su propio Ministerio de Hacienda la había defendido jurídicamente.
Días después de que el Gobierno de Gustavo Petro emitió un decreto que –a mes y medio de las elecciones legislativas y a cinco meses de la primera vuelta–, eliminó una prima de servicios de casi $17 millones de la que gozan los congresistas, este viernes se conoció un pronunciamiento del propio Ejecutivo que iría en contravía de los argumentos que hoy presenta el mandatario.
En el decreto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública se advierte que la remuneración percibida por los congresistas “resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”.
Así, en la práctica, se deroga otro decreto que data de 2013, en el que el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos ideó una prima especial de servicios para sustituir otra relacionada con servicios de salud, localización y vivienda.
Sin embargo, un documento divulgado por el periodista y columnista de este diario Melquisedec Torres evidencia que en 2023, durante el actual gobierno, el Ministerio de Hacienda defendió el decreto que hoy deroga el presidente Petro. Lo anterior, en medio de un pleito que se adelanta en el Consejo de Estado frente a la validez del documento.
En ese entonces, cuando el actual mandatario apenas completaba un año como jefe de Estado, se argumentó que eliminar la prima de servicios “desconocería abiertamente las disposiciones legales que regulan el trabajo humano, las cuales son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, pues constituyen un patrimonio inalienable e irrenunciable, del trabajador, el cual hace parte de las condiciones de dignidad y justicia que deben orientar toda relación laboral”.
Se defendía además que aquel decreto se ideó para “no generar inequidades individuales injustificadas, derivadas de la inaplicación de los principios constitucionalmente reconocidos de la igualdad, irreversibilidad de los beneficios laborales, irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y no menoscabo de los derechos de los trabajadores”.
Tras la publicación del decreto, la remuneración de los congresista sestará conformada solo por dos componentes: su sueldo básico ($12’455.244) y gastos de representación ($22’142.662). Actualmente, un senador o representante a la Cámara devenga mensualmente alrededor de $52 millones. Si se resta la prima –que asciende a $16’914.540– y otras deducciones, un congresista pasaría a recibir cada mes cerca de $16 millones.
La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, celebró la determinación y destacó que, tras 18 intentos vía proyectos de ley, finalmente se logró materializar la reducción. Sin embargo, cuestionó al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que el pasado 2 de enero aseguró que el decreto sería “de aplicación inmediata” y cobijaría a los actuales congresistas, en lugar de comenzar a regir desde el próximo 20 de julio.
“¿Por qué el decreto es apenas desde el 20 de julio? Usted lo tildó de ‘viveza, cuento y regañadientes’ y le parecía gravísimo anunciando que sería inmediato. Por pelear hasta con la sombra y solito, ¿cómo justifica su ‘viveza’ de postergarlo a julio?”, alegó.
A su turno, el presidente del Senado, Lidio García, expresó su descontento por el decreto, indicando que es un castigo de tinte político por ser independientes.
“Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona”, alegó.
Según García, el decreto no es una cruzada de austeridad, sino “un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse”. No obstante, sostuvo que acatarán la decisión.
Semanas atrás, el senador Antonio Luis Zabaraín, de Cambio Radical, expresó su rechazo a la medida, asegurando que un congresista quede ganando menos de $52 millones no sería “bien remunerado”. Por ello, instó a revisar los salarios de otros funcionarios, al tiempo que reclamó que “es una decisión populista en época electoral”.
Regístrate al newsletter 
