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Consorcio CCCI dice que no buscará nuevas firmas para Hidroituango
Este martes EPM y los constructores discutirán en una reunión que pasará con la obra.
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Hidroituango tendrá que comenzar a generar energía a mediados de 2022. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
26 de octubre de 2021
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En la antesala de una reunión que este martes sostendrá Empresas Públicas de Medellín (EPM) y consorcio constructor de Hidroituango, CCCI, el representante legal de esta última organización, Santiago García, insistió en que no buscará nuevas empresas a quienes cederles el contrato de la obra.
Luego de una semana turbulenta, en la que EPM pareciera no dar su brazo a torcer en la estructuración de un plan para buscar nuevos contratistas, la empresa constructora se mantuvo en que tiene la capacidad para culminar el proyecto y pidió se aclare qué pasará con este luego del 31 de diciembre de este año.
“El Consorcio tiene toda la capacidad técnica, jurídica y financiera para terminar. La responsabilidad de elegir quién es el constructor que termine las obras es de EPM y no de nosotros”, dijo García.
“Cuando firmamos la prórroga de este año se acordó que si alguna de las dos partes no quería seguir le tenía que indicar a la otra con seis meses de anticipación. Nosotros ya le hemos dicho a EPM que estamos dispuestos a seguir, pero ellos no nos han dicho si quieren que sigamos o no”, agregó el líder de CCCI, conformado por las empresas Coninsa, Conconcreto y Camargo Corrêa Infra.
Durante la reunión de este martes, se espera que ambas partes aclaren que podría pasar con el proyecto, en el marco de un ambiente marcado por la preocupación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Presidencia de la República y las superintendencias Financiera y de Servicios.
Caber recordar que durante la jornada del pasado viernes 22 de octubre, luego de que se conociera una carta de CCCI dirigida a EPM en la que se pedía aclarar el futuro de la hidroeléctrica, se conoció que el BID analizaba seriamente retirarse del proyecto y cobrar de forma anticipada la deuda de EPM, que asciende a los 450 millones de dólares (que equivalen a cerca de $1,7 billones).
Tras conocerse esa situación, el presidente Iván Duque se le plantó al alcalde de Medellín y expresó que veía con preocupación que se pusiera en riesgo la continuidad de la obra.
“El BID ha sido un organismo que genera credibilidad y confianza por sus prácticas sociales y ambientales. Una salida del BID puede poner en riesgo la continuidad de este proyecto”, dijo el primer mandatario, reiterando por tercera vez consecutiva en menos de una semana su llamado a garantizar la continuidad del proyecto.
Ese mismo viernes las superintendencias Financiera y de Servicios enviaron cartas a EPM en las que le pidieron aclarar qué análisis se tiene sobre ese escenario y qué plan existe para mitigar sus riesgos.
En respuesta a la Superfinanciera, EPM aseguró que no ha recibido ninguna notificación formal por parte del BID confirmando ese escenario.
“El contrato de crédito no incluye obligaciones por parte de EPM de mantener o no una firma contratista específica”, se lee en la respuesta de EPM, en la que también insistió que la empresa busca garantizar la continuidad del proyecto.
Este lunes, mientras el consejo de gobierno de la Alcaldía de Medellín aprobó un paquete de vigencias futuras para buscar firmas que concluyan la megaobra, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, hizo un llamado a continuar avanzando en los trabajos y buscar un cambio para blindar el proyecto desde los puntos de vista económico, jurídico y técnico.
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