“Hemos recibido con suma extrañeza la sorpresiva solicitud de conciliación presentada por EPM ante los procuradores judiciales”. Esta la primera frase de la carta que está firmada por los representantes legales del Consorcio CCC Ituango, CC Infra S. A., Constructora Conconcreto S. A. y Coninsa Ramón H. S. A., al gerente general de EPM, Álvaro Guillermo Rendón.
La misiva, con fecha de 14 de agosto del 2020, responde ante el anuncio que el pasado lunes hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre la decisión de EPM de demandar a constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto Hidroeléctrico Ituango, con una pretensión inicial de $9,9 billones. Ese día, el gerente de EPM aseguró que, como primer paso, ya se había solicitado una conciliación ante el delegado de la Procuraduría General ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
“Esta convocatoria, al igual que las imputaciones de responsabilidad que ustedes hacen en contra del Consorcio (CCC Ituango) resultan inusitadas, por decir lo menos, y contradicen la conducta de EPM observada hasta ahora con respecto al contrato, dado que ningún requerimiento ni cuestionamiento ha existido de parte de la entidad frente a la forma como fueron cumplidas nuestras obligaciones con relación a la construcción de la GAD (Galería Alterna de Desviación) y al contrato en general. Contrario a lo anterior, han existido expresiones claras de reconocimiento por la labor realizada”, se lee en la carta.
Aseguran que incluso han recibido “solicitudes expresas de apoyo para que continuemos ejecutando el contrato con el propósito de sacar adelante el proyecto”.
Y agregan: “(...) No de otra manera se entendería que, si de parte de EPM existieran dudas frente a nuestra idoneidad o la creencia de que incurrimos en un incumplimiento tan grave como el que hoy nos están imputando, nos hubieran encomendado la ejecución de las actividades de recuperación del proyecto”.
El consorcio asegura que han estado ejecutando las obras acordadas y en esa línea recuerda que la última obra se suscribió hace unos días, “ampliando nuestro contrato hasta el próximo 31 de diciembre, fecha en la cual culminarían nuestras obligaciones contractuales”.
En conclusión, el consorcio aclara que “entre las partes no ha existido hasta ahora ninguna muestra de una controversia relacionada con los incumplimientos que ahora nos están siendo imputados, y como muestra de ello cabe resaltar que no se ha activado ninguno de los mecanismos de apremio o sanción que incorpora el contrato”.
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En la carta también precisan que esta situación les representa -al consorcio y a las empresas que lo integran- “graves y onerosísimas consecuencias”.
“No podemos aceptar que se nos endilgue la supuesta responsabilidad, no fundada en la calidad de las obras a nosotros encomendadas, sino por una supuesta falta consistente en no advertirle a EPM sobre unos presuntos errores de diseño, pues, en consonancia con lo anterior, debe destacarse que el informe de Skava, que soporta su solicitud de conciliación prejudicial, descarta de plano las hipótesis que podrían recaer sobre nuestras obligaciones contractuales como constructores, relacionadas con asuntos tales como la calidad del soporte instalado, los concretos, etc.”, concluye la misiva.
Finalmente, el consorcio hace un llamado a EPM para que “reconsidere la decisión inicial y retire las pretensiones formuladas”.
La carta también fue enviada a Procuraduría 222 Judicial II Asuntos Administrativos Medellín, Contraloría de Medellín y Agencia Nacional para la defensa jurídica del Estado.
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