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Contraloría ratifica sanción por venta de lote en la Mayorista
El inmueble de la Alcaldía de Medellín fue vendido a un precio inferior del avalúo oficial.
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Esta foto, tomada en diciembre de 2016, muestra la panorámica de la Central Mayorista de Antioquia, donde está ubicado el lote 24 vendido por la Alcaldía de Medellín. FOTO carlos velásquez
16 de mayo de 2017
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La Contraloría General de Medellín ratificó, en segunda instancia, la presunta responsabilidad fiscal de dos exfuncionarios de la anterior administración municipal, en el caso de la venta del lote número 24 en la Central Mayorista de Antioquia, que según el despacho fue vendido a un precio inferior del avalúo oficial.
Los presuntos implicados, Vera Cristina Ramírez, exsecretaria de Servicios Administrativos, y Jorge Mario Velásquez Serna, exsubsecretario en Adquisiciones y Desempeño Contractual del Municipio, presentaron recurso de apelación para reversar la decisión de primera instancia.
Mediante el auto 014 de 2017, la Contraloría señaló que “la venta se realizó por un valor de $19.123.200.000, con una diferencia de $9.910.689.700 por debajo del avalúo fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien determinó el valor del predio en $29.033.889.700, lo que ocasionó los perjuicios finales en una suma de $10.981.366.857, correspondientes a la diferencia indexada”.
El despacho resolvió imponer a las compañías de seguros La Previsora S.A. y AXA Colpatria Seguros S.A. la obligación de indemnizar al Municipio por un valor de $2.145.380.448.
Además, la Contraloría informó que a los dos exfuncionarios —a quienes ya se les embargaron los bienes— se les iniciará el proceso de cobro a través de jurisdicción coactiva, con el fin de materializar la indemnización efectiva de los perjuicios causados por la venta.
El lote fue traspasado el 24 de abril de 2015 a la Comercializadora Giraldo y Gómez y Cía S.A. por $797 millones menos que la suma que había pagado el Municipio en 2013 para comprar el inmueble.
En febrero, cuando se produjo el primer fallo, en un documento conocido por este diario, la Contraloría afirmaba que los presuntos implicados incumplieron sus obligaciones, fueron negligentes y descuidados en la administración de los recursos públicos.
Reacciones
Desde finales del 2015, Bernardo Alejandro Guerra, concejal de Medellín, había solicitado que se realizara una investigación sobre las posibles irregularidades en este caso.
Guerra se manifestó a través de las redes sociales instando a la Personería de Medellín y a la Fiscalía General de la Nación para que emitieran sus fallos, luego de que la Contraloría se ratificara en su concepto sobre el detrimento de recursos públicos por la venta del inmueble.
Sin embargo, algunos compañeros de Vera Cristina Ramírez durante la administración del exalcalde Aníbal Gaviria, no comparten la decisión.
“No conozco los detalles del caso, pero puedo afirmar que Vera es una persona honesta, que no actúa de mala fe, por lo cual no hay argumentos para decir que es culpable”, expresó Juan Camilo Quintero, gerente de Innovación y Emprendimiento de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).
Por su parte, Waldir Ochoa, exsecretario de Comunicaciones, afirmó a través de su perfil en Facebook que el “único pecado (de Vera) fue servirle a la ciudad. Hoy una decisión administrativa le daña la vida a una mujer honrada”.
A los exfuncionarios aún les quedan algunos caminos jurídicos para revertir la situación: una acción de nulidad que deben presentar al Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, o la tutela, por la vulneración al debido proceso.
EL COLOMBIANO intentó comunicarse con Ramírez para conocer su versión, pero no fue posible hacerlo
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