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Cuestionados enroques definieron las contralorías
La última “rueda suelta” se habría frenado con un alto cargo en el Idea.
04 de abril de 2022
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Seguramente nadie confirmará que el llamado pacto de Palogrande existió, pero lo cierto es que los presuntos acuerdos que allí se sellaron y que se ventilaban en círculos políticos desde hace semanas terminaron por cumplirse a cabalidad.
La última pieza de ese minucioso engranaje que habrían craneado grupos y clanes políticos para ejercer su influencia en las cinco contralorías de Antioquia fue la elección de Pablo Garcés en la Contraloría de Medellín, tras un proceso de cinco meses plagado escándalos.
El desenlace de las otras contralorías ya estaba definido. El factor común de las designaciones fueron los cuestionamientos a la legalidad y transparencia de los procesos.
La contraloría departamental quedó en manos de Enedith González, a quien se le asocia con el senador conservador Carlos Trujillo, que tiene en Itagüí su mayor fortín electoral y donde le entregaron el control fiscal a Yésica Lozano, esposa del también conservador Lucas Cañas, de estrecha relación con Trujillo, presidente del Concejo de Medellín y líder de la coalición que rodea al alcalde Daniel Quintero.
Cañas alcanzó la Presidencia del Concejo gracias al desbarajuste al interior del Centro Democrático causado por los disidentes Alberto Corredor, Lina García, Paulina Aguinaga y Nataly Vélez, esta última, hija del nuevo contralor de Bello, William Vélez.
Y así como el Partido Conservador marcó su territorio en las contralorías de Antioquia e Itagüí, el Partido Liberal hizo lo propio en Envigado, donde el Concejo eligió a Lucrecia Londoño, de estrecha cercanía al jefe político liberal, Héctor Londoño.
El último eslabón era la contraloría de Medellín, que gracias a la coalición de gobierno en el Concejo quedó en manos de Garcés, un viejo amigo de la casa liberal de Envigado y de varios liberales afines a Quintero, incluyendo el mismo Óscar Hurtado, secretario de Hacienda de la Alcaldía de Medellín.
Pero por supuesto que en medio de unos concursos en los que participaron 800 aspirantes era normal que surgieran denuncias. En los concursos de Envigado y Antioquia hubo sendas denuncias por formularios con respuestas marcadas y fallas en la confidencialidad de la prueba.
Pero ningún proceso fue tan caótico como el de Medellín, que tuvo al menos 10 tutelas que no prosperaron.
Hubo una voz, sin embargo, que alcanzó a tener eco. La del candidato Haver González Barrero, excontralor de Bello y exdirector de control interno de Hidroituango, quien alcanzó a integrar una terna preliminar anunciada en enero, pero fue excluido posteriormente.
El 14 de febrero pasado González entregó por escrito una dura denuncia a los concejales en la que señalaba que “de manera arbitraria y bajo parámetros oscuros (...)”, en “un acto de injusticia y arbitrariedad” lo excluyeron de la terna “sin ninguna justificación y desconociendo” su experiencia académica y profesional “acreditada todas en entidades públicas”.
González responsabilizó de “prácticas amañadas y amangualadas” al Tecnológico de Antioquia y señaló que levantaría su voz para que se revisara y revirtiera esa situación.
Sus reclamos, a diferencia de la de muchos otros aspirantes, alcanzaron relieve porque además de haber ocupado importantes cargos en Gobernación y Contraloría de Antioquia, González goza de buenas relaciones con políticos.
Como muestra de que hablaba en serio quedó una denuncia penal suya, con fecha del 22 de febrero de 2022, contra Leonardo García Botero, rector del Tecnológico de Antioquia y Jael Johana Gaviria, secretaria general de la institución, por el delito de concusión.
Sin embargo, la voz de González dejó de sentirse intempestivamente y la denuncia nunca fue radicada en Fiscalía. EL COLOMBIANO lo buscó para saber en qué terminaron sus denuncias, pero no respondió.
Hace poco más de tres semanas, Haver González aterrizó en la jefatura de control interno del Idea para el periodo 2022-2026. Según fuentes consultadas, quien habría dado el visto bueno para su llegada al cargo fue un asesor de la Gobernación, cercano a Aníbal Gaviria.
EL COLOMBIANO consultó con la Gobernación el nombre de esta persona y su supuesta incidencia en la designación del cargo de González pero refirieron la necesidad de verificar con Gestión Humana.
Lo cierto es que con esa última “rueda suelta” controlada, el convulso periodo de elección de contralores finalizó.
Los fallos del proceso
Al margen de las movidas políticas de turno, los concursos recientes a contralores evidencian que el proceso está viciado. EL COLOMBIANO recibió testimonios que apuntan a presuntas irregularidades en la prueba para el contralor en Medellín.
Por ejemplo, de las preguntas 81 a la 100 daban opciones de respuesta hasta el literal (e) pero en la hoja de respuestas solo figuraba hasta el literal (d), hecho que trastocaba radicalmente el resultado sin que el comité evaluador tomara medidas.
También quedaron en el aire varios indicios sobre el mal diseño de la prueba, con una pregunta relacionada con el término de caducidad de la acción fiscal, que entre las opciones múltiples no tenía la respuesta correcta. Todas estas inconsistencias, según los testimonios, iban orientadas a controlar los resultados en beneficio de ciertos concursantes. A pesar de todo ese ruido, las contralorías del departamento empezaron un nuevo cuatrenio con otras cabezas al mando.
El gran interrogante que queda es cuáles garantías tiene la ciudadanía de que los recursos públicos tendrán ojos y manos vigilantes. El contralor de Medellín tiene la responsabilidad de vigilar el destino de $6,2 billones de presupuesto de la ciudad y la de Antioquia debe hacer lo propio con los $4,9 billones asignados para la actual vigencia.
Además, conviene preguntarse: ¿quién ejercerá contrapeso político, cuando hay tantos hechos que sugieren una preocupante armonía entre los grandes grupos políticos de la región con los entes de control y los mismos gobernantes?
