Los sueños de Natalia Andrea Gaviria quedaron truncados el pasado 22 de septiembre cuando su expareja le propinó un par de disparos mientras ella se movilizaba en un vehículo por el occidente de Medellín. La noticia encendió las alarmas de las autoridades porque según registros, días antes del homicidio, Natalia había presentado una denuncia ante la Fiscalía porque el hombre amenazó con lanzarle ácido en su rostro.
Para evitar la repetición de hechos como este y garantizar la seguridad de las denunciantes, la Gobernación de Antioquia, a través de las secretarías de Gobierno y de las Mujeres, en asocio con la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, instalaron la ruta de atención y protección a mujeres víctimas de violencia de género.
Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno, señala que la dinámica de denuncia actual es muy débil, porque cuando las mujeres se acercan a la comisaría de familia se le da una medida de protección para que en caso de agresión llame a la Policía, pero muchas veces esa atención no es oportuna.
La funcionaria expone que las peores violencias contra las mujeres se viven en su entorno familiar, por eso no sirve de mucho la denuncia si la víctima debe retornar a ese ambiente. Con esta nueva línea de atención diferenciada, las mujeres serán tratadas como testigos protegidos, porque identifican y denuncian al agresor para que sea sindicado y posteriormente se penalice.
“Cuando el fiscal evalúa que su situación es tan grave que tiene que salir del medio social, familiar y hasta del sector laboral en que se desenvuelve, entra a la ruta y se le da todo el amparo de protección: vivienda, alimentación y educación a los niños, en caso que los tenga. El fiscal o el juez determinará que pueda ser trasladada de ciudad, de departamento y si es de alto riesgo hasta de país. Incluso se le puede llegar a cambiar su identidad”, sustenta la jefa del despacho.
Esta medida es provisional y su duración varía según el caso y la necesidad de la víctima, sin embargo, se busca que no sea superior a los seis meses, porque según el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008, es responsabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Régimen Subsidiado, garantizar el servicio de habitación, alimentación y transporte de la víctima y sus hijos, así mismo prestar servicios de salud, psiquiatría y psicología, que se presta hasta por seis meses y de ser necesario, se hace una prórroga por seis meses.
Patricia Martínez, abogada del área de seguridad pública de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, explica que esta norma, a pesar de su antigüedad, no fue tenida en cuenta en un principio porque faltaba reglamentación y sobre todo coordinación de las autoridades.
Pero con los decretos 4796 y 4799 de 2011, y el decreto 2734 de 2012, la Ley quedó más fortalecida, hecho que será favorable para disminuir las tasas de feminicidios, porque según la funcionaria alrededor del 47 por ciento de las mujeres son asesinadas por sus parejas.
“La medida que da la Gobernación es de alguna manera suplatoria, mientras se cumple la ley 1257 artículo 19. Nosotros estamos apoyando la conformación de las mesas locales para erradicar la violencia contra las mujeres para que desde estas mesas se puedan activar todas las medidas de protección y atención”, dice la abogada.
Este mes se iniciará el encuentro con comisarios municipales para hablar de cómo se puede llegar a la atención a partir de la Ley .
