El Ejército Nacional rechazó este miércoles 5 de noviembre de manera tajante los “comportamientos que afectan la imagen institucional”, tras la imputación a nueve uniformados señalados de la muerte de un civil en la Base Militar Antorcha, ubicada en Frontino, Antioquia.
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La Fiscalía General de la Nación imputó a nueve militares por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada, tras la muerte del ciudadano en la base en mención.
El Comando de la Cuarta Brigada informó que los hechos, dados a conocer más temprano por el presidente, Gustavo Petro, ocurrieron el pasado 7 de octubre de 2025, cuando tropas del Batallón de Infantería N.º 32 General Pedro Justo Berrío, “al parecer retienen a un sujeto que se encontraba merodeando en los alrededores de la unidad”.
Según el Ejército, el comandante de la base militar nunca informó de la situación. Posteriormente, se registró un “acto individual del personal militar que se encontraba acantonado en mencionada Base” que “al parecer exceden el uso de la fuerza, ocasionando la muerte del individuo”.
El Comando rechazó “tajantemente estos comportamientos que afectan la imagen institucional”, señalando que los uniformados sobrepasaron su misión constitucional e incumplieron las políticas de respeto a los derechos humanos.
El Ejército denunció los hechos el 8 de octubre ante la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia y la Fiscalía Especializada de Justicia Penal Militar y Policial, iniciando de manera simultánea una investigación disciplinaria.
Tras esa determinación se dispuso la extracción del pelotón involucrado hacia Medellín para poner al personal “a disposición de las autoridades competentes”, buscando “celeridad en los procesos investigativos”.
La colaboración armónica entre el Ejército y el Fiscal 27 Especializado de Medellín permitió la individualización de los presuntos responsables, quienes deberán enfrentar la justicia de manera individual por “las conductas ilegales en que pudieron haber incurrido”.
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