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Estado tendrá que indemnizar a víctimas por ataque del cartel
26 de noviembre de 2014
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La tarde del 14 de junio de 1990 un estruendo estremeció las casas de los habitantes de uno de los sectores más exclusivos del barrio El Poblado. Carmen Córdoba se encontraba en su apartamento con su esposo Eduardo García y de repente escuchó un fuerte estruendo. “Pensé que era el sonido de una construcción cercana, pero mi esposo me gritó y de ahí perdí la conciencia, horas más tarde desperté en una clínica”.
La explosión era un carro bomba con 80 kilos de dinamita, que destruyó ventanales a cuatro cuadras a la redonda y que dejó cuatro muertos, 90 heridos y pérdidas materiales superiores a los mil millones de pesos, que se le adjudicó al cartel de Medellín y fue accionado en el momento en que una patrulla de la Policía se disponía a inspeccionar un vehículo.
Para ese momento las versiones de prensa señalaron que todo se debió a una retaliación en contra del Comando Élite de la Policía, en venganza por la muerte de John Jairo Arias Tascón, alias ‘Pinina’, uno de los jefes de grupos de sicarios al servicio del cartel de Medellín, que 12 horas antes había sido dado de baja (ver recuadro).
Este hecho que recuerda la época más dura de la guerra del narcotráfico en el país, volvió a salir a la luz pública esta semana cuando el Consejo de Estado falló una decisión, donde condenan a la Nación, al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por estos hechos, ya que no tomaron “las medidas correspondientes para evitar poner en riesgo a los civiles en una época donde la Fuerza Pública estaba declarada como objetivo de los criminales”.
La sanción al Estado
En el fallo conocido por Colprensa y con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio, se obliga a la Nación a pagar una indemnización de 184 millones 388 mil 356 pesos a favor de 11 personas que fueron víctimas de este hecho.
“El día de los hechos y a unos metros del lugar de la explosión se encontraba el edificio denominado María Eugenia, en el cual habitaban la señora Carmen Alicia Córdoba de García y el señor Eduardo García Villegas. En el momento de la explosión la mujer, que se encontraba en su residencia, de donde fue rescatada por el cuerpo de bomberos y la Cruz Roja y trasladada al hospital general de Medellín, luego fue llevada al hospital San Vicente de Paúl, finalmente fue trasladada a la clínica Soma, en donde fue intervenida por médicos especialistas”, señala la sentencia.
Según la historia clínica de Carmen Córdoba y los otros 10 lesionados, sufrieron “traumas psíquicos y desórdenes biólogicos, disminución de la capacidad laboral cómo consecuencia directa de las lesiones que sufrió al hacer explosión el carro bomba”, dice la sentencia del Consejo de Estado. Y advierte que las víctimas nunca fueron reparadas, ya que la Policía se amparó en que no eran responsables de los hechos que se desencadenaban por la guerra en ese momento .
