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El exsenador Rubén Darío Quintero, condenado a prisión en 2010 por vínculos con el paramilitarismo, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando obtener medidas cautelares para volver a aspirar a la Alcaldía de Rionegro en las elecciones de octubre próximo.
Se trata de un recurso con el que ese político antioqueño buscaría dejar sin efecto una inhabilidad especial que aparece en los registros de la Procuraduría General de la Nación y que le impediría volver a ser alcalde de ese municipio por haber estado tras las rejas.
Comparando su caso con el del hoy presidente Gustavo Petro, el exsenador argumenta que ese ente estaría violando la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que por ser un órgano administrativo no tendría la facultad para limitar sus derechos políticos.
Las claves del caso
El proceso que le enredó la vida política al exsenador Quintero se remonta a 2008, cuando tras el estallido del escándalo de la parapolítica la justicia empezó a revisar la forma en la que este había robustecido su base electoral en Antioquia entre 1998 y 2002.
Y es que pese a hacer su carrera principalmente en el Oriente de Antioquia, el parlamentario logró multiplicar sus electores en regiones como el Urabá antioqueño, pasando de tener 37.611 votos en 1998 a 65.850 votos cuatro años más tarde, tal como lo recordó el portal Verdad Abierta en un artículo en el que hizo un recuento de ese caso.
Dentro de los elementos que complicaron el proceso de Quintero, al que fue vinculado oficialmente por la Corte Suprema de Justicia el 27 de marzo de 2008, resalta el testimonio del antiguo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Urabá, Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, quien aseguró que el parlamentario habría hecho campaña en llave en esa región con el movimiento “Por una Urabá Grande y Unida”, a su vez con nexos con las AUC.
En contexto: Ex senador Quintero recuperaría libertad por vencimiento de términos
Asimismo, Rendón Herrera sostuvo entonces que los nexos con el congresista también se habrían traducido en apoyos financieros que esa organización habría hecho a su proyecto político.
Aunque en aquel momento el exsenador insistió en su inocencia, la Corte Suprema de Justicia lo condenó en 2010 a una pena de 7 años y 6 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, y le impuso una multa de $3.347 millones, tal como lo registró entonces este diario.
En noviembre de 2012, luego de cumplir en la cárcel de máxima de seguridad de Itagüí tres quintas partes de su sentencia, el exsenador recuperó su libertad.
¿Habilitado para regresar a la Alcaldía?
A comienzos de este año, tal como se conoció en marzo, el exsenador presentó oficialmente su intención de competir por la Alcaldía de Rionegro en las elecciones de octubre.
Pese a lanzar una campaña de recolección de firmas, su aspiración inició arrastrando la duda de si estaría habilitado para participar.
Y que según puede leerse en el Registro de Sanciones e Inhabilidades (Siri) de la Procuraduría General de la Nación, el exsenador registra una inhabilidad especial permanente, con base en lo dispuesto en la Ley 617 de 2000 (artículo 37, numeral 1).
En esta última norma, se establece que un ciudadano que haya sido condenado “en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad” no podrá “ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital”.
No obstante, el exsenador Quintero argumenta que sus derechos políticos para aspirar ese cargo habrían sido restablecidos hace más de siete años.
“En el año 2015, la Corte Suprema de Justicia y el juez noveno de ejecución de penas de Bogotá dijeron que yo ya no tenía ninguna inhabilidad y así le oficiaron a la Procuraduría, la cual no hizo caso de esta orden de carácter judicial”, aseveró el político.
Bajo ese contexto, la solicitud del equipo jurídico de Quintero sería que la CIDH lo cobije con medidas cautelares para poder participar de las elecciones.
Pese a la inhabilidad que reposa en los registros de la Procuraduría, el argumento central consiste en que, a la luz de la Convención Americana, un ente administrativo no tiene la potestad de restringir los derechos políticos de los ciudadanos.
Por ahora, quedaría entonces en manos de organismo determinar si accede a la petición del político antioqueño, que busca regresar a un cargo que ya ocupó dos veces, en los períodos 1988-1990 y 1992-1994.
Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en la investigación de temáticas locales. También cubro temas relacionados con salud, historia y ciencia.