La Gobernación de Antioquia no quiere encartarse con el Central Park. Cumplidos más de siete años del inicio de su primer contrato y pasados ya tres gobiernos, las obras del autódromo al fin están concluidas, pero el panorama para su operación todavía no se concreta.
La más reciente actualización sobre el proyecto fue entregada por el gobernador Andrés Julián Rendón esta semana, quien informó que la ejecución de las obras civiles por fin llegó al 100%, pero advirtió que el Departamento no va a embarcar a ninguna entidad en el chicharrón de operar ese escenario de deportes a motor.
“Nosotros ya terminamos las obras que infortunadamente tuvieron mucha intermitencia. Son obras que vienen de ya dos gobiernos y yo entiendo la molestia de los ciudadanos y de las veedurías, porque yo también la vivo como antioqueño”, dijo el mandatario seccional.
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Rendón señaló que el parque ya está listo para abrirse al público para diferentes eventos, pero aclaró que se abrirá una convocatoria para que sea un privado especializado el que se encargue de ese escenario destinado a alojar eventos automovilísticos.
“El propósito con el que inicialmente se construyó es un propósito que necesita ser operado por especialistas. La Gobernación no tiene vocación y no está hecha para operar un parque de estos, nosotros estamos estructurando un proceso de licitación para entregar esa infraestructura a quien lo pueda operar o incluso pueda acometer otras inversiones que puedan convertirlo en un gran centro de eventos, no solo para automotores, sino para conciertos y otro tipo de certámenes”, agregó.
El inicio de las obras del autódromo de Bello o Central Park —nombre que se le dio en 2019— se remonta al último año de la gobernación de Luis Pérez, periodo en el que ese escenario era una de las promesas más importantes del plan de desarrollo.
El objetivo era dotar al departamento de un lugar para la práctica de deportes a motor, un pedido que durante décadas venían haciendo los aficionados a esas disciplinas.
La puesta de la primera piedra fue accidentada por varias razones. En primer lugar, el proyecto ya cargaba con cuestionamientos ambientales, sobre todo por sus posibles impactos en materia de ruido y por haberse proyectado en una zona que antes estaba destinada a un parque ambiental ya incluso diseñado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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A nivel jurídico, la obra también arrancó con un lío predial, especialmente por el terreno de un parqueadero que se traslapaba con la zona de la pista. El parqueadero intentó desalojarse, pero la justicia ordenó que ese proceso se suspendiera hasta que no se surtiera un proceso de pertenencia.
Además del parqueadero, el lío predial se amplió por cuenta de una serie de requerimientos estipulados en las escrituras del lote Tulio Ospina, que presuntamente habría sido cedido con irregularidades a la Gobernación por parte de varios municipios del Valle de Aburrá.
En medio de todos esos problemas, y con el tiempo corriendo en su contra, la Gobernación adjudicó no obstante las obras el 26 de agosto de 2019, prometiendo entregarlas en diciembre de ese mismo año.
En diciembre, el gobernador Luis Pérez incluso realizó un evento inaugural al que invitó al piloto Juan Pablo Montoya, pero la obra estaba lejos de ser una realidad.
Tras el cambio de gobierno, el proyecto estuvo paralizado por la pandemia y luego tuvo que detenerse por problemas entre el constructor original, Viva (Empresa de Vivienda de Antioquia) e Indeportes. Las diferencias, según se conoció luego, iban desde las garantías de seguridad de la obra, hasta reparos por los diseños.
En 2021 esas diferencias llegaron al punto de que la Gobernación decidió liquidar los contratos y buscar un nuevo constructor, alegando que faltaban soportes. En 2022, se escogió un nuevo contratista y un año después la Asamblea autorizó inyectar $17.732 millones.
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A pesar de esos esfuerzos, la gobernación de Aníbal Gaviria acabó y la obra todavía estaba pendiente de tener una vía de acceso y completar sus redes de servicios públicos.
Tras el inicio de la gobernación de Rendón, la obra fue entregada a la Edeso (Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente antioqueño), que a su vez tuvo problemas para encontrar un constructor, pidió prórrogas y finalmente terminó la obra, según aseguró Rendón esta semana.
Todos estos cambios han generado además un millonario pleito legal entre Viva e Indeportes y hasta un proceso en la Contraloría General de la República que se terminó archivando.
Ahora el cabo suelto más importante consiste en resolver quién operará el lugar, esto teniendo en cuenta las preocupaciones por los impactos ambientales —sobre todo en materia de ruido— que podría tener el complejo.
Durante la gobernación de Aníbal Gaviria se había anunciado que la entidad Activa —creada en ese periodo— sería la encargada de operar el lugar, pero ahora la Gobernación dice estar abierta a que un privado que sepa del tema se postule y se encargue del manejo del espacio, que hoy está lleno de maleza y todavía muy lejos de cumplir el controvertido objetivo con el que fue pensado.
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