Las principales universidades públicas del departamento están contra las cuerdas por cuenta de los retrasos del Gobierno Nacional para honrar sus pagos del programa Matrícula Cero.
En una deuda que ya sobrepasa los $100.000 millones, y que se suma a la de muchos otros programas y proyectos que están en ascuas por la falta de financiación del gobierno del presidente Gustavo Petro, ese faltante tiene afectadas a instituciones como la Universidad de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y las universidades que hacen parte del conglomerado distrital de Medellín.
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La denuncia fue realizada por el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid, quien emprendió una revisión a las inversiones en educación en Antioquia.
Además de los rezagos en Matrícula Cero, el parlamentario denunció que el gobierno tampoco ha cumplido con otras promesas banderas que planteó para el departamento, como la construcción de una Universidad de la Paz para el Oriente antioqueño y también redujo el presupuesto para ciencia, tecnología e innovación.
El lío con las matrículas
Frente al programa de la matrícula cero, Cadavid señaló que su equipo de trabajo se embarcó en la tarea de preguntar, universidad por universidad, cómo estaban los pagos por ese concepto.
“Durante la campaña de 2022, el petrismo utilizó la expectativa de los estudiantes buscando la gratuidad educativa y el programa Matrícula Cero. Nos dimos a la tarea de saber cómo van esas obligaciones del gobierno Petro con las universidades antioqueñas. Solamente a la Universidad de Antioquia, por concepto de Matrícula Cero, le debe más de $10.000 millones”, aseveró Cadavid.
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De acuerdo con los datos revelados por el parlamentario, el monto preciso de la deuda de la Nación con las universidades asciende por lo menos a los $103.868 millones.
La institución con el hueco más grande es el Tecnológico de Antioquia, con pagos pendientes por $54.382 millones. En segundo lugar aparece el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), con $19.939 millones pendientes; luego la Universidad de Antioquia, con $10.484 millones; seguido por el Colegio Mayor de Antioquia, con $9.961 millones; y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con $9.100 millones.
Promesas incumplidas en otros campos
A renglón seguido, Cadavid reprochó que en la región también se ha reducido el presupuesto para la ciencia, tecnología e innovación, y las universidades privadas tuvieron que idear una propia alternativa al Icetex para que sus estudiantes tuvieran acceso a créditos educativos.
“En materia de ciencia, tecnología e innovación, la institucionalidad del gobierno Petro en ese aspecto está destruida. Más de cinco cambios en los viceministerios que tienen esa responsabilidad. En el Presupuesto General de la Nación, que le quitó a nuestro departamento $2,3 billones, el rubro de ciencia, tecnología e innovación perdió más de $10.000 millones”, denunció.
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“El Icetex, que es el acceso del crédito educativo para los estudiantes, ha reducido su acceso en más del 80%. Por fortuna, el sistema universitario del departamento creó el Fondo Futuro”, añadió el congresista.
Cabe recordar que a comienzos de este mes, las universidades Eafit, UPB, EIA, Ces y Medellín presentaron a la ciudad el Fondo Futuro, una alternativa de financiación con la que se busca que por lo menos 2.500 jóvenes de Medellín puedan acceder a créditos educativos en un horizonte de cinco años.
Dicha iniciativa apareció luego de que en el Icetex cayeran drásticamente los créditos otorgados a estudiantes, los cuales se redujeron en un 82%, pasando de 56.000 créditos en 2024 a 10.000 este año.
Por otro lado, Cadavid denunció que otro de los programas bandera prometidos para el departamento en materia de educación, como la llamada Universidad de la Vida para el Oriente antioqueño, también se quedaron en el papel.
En este último caso, vía derecho de petición, el Ministerio de Educación fue interrogado por el estado de dicha iniciativa en materia contractual y financiera, así como los tiempos de esta para ser entregada.
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En respuesta escrita, esa cartera señaló que, según la ley, la competencia para crear nuevas universidades de esta naturaleza recaía sobre el Congreso de la República y no sobre el Gobierno Nacional.
“Bajo este precepto normativo, le informamos que una vez verificados los proyectos de ley que se tramiten en el congreso no se cuenta con evidencias que permitan dar cuenta de la creación de una ‘Universidad por la Vida y la Paz’ del orden nacional. Por lo tanto, no es posible priorizar, ni estructurar proyectos de inversión para obras de esta iniciativa, porque aún no existe en la vida jurídica”, señaló esa cartera en un oficio entregado al congresista.
Bajo esa óptica, Cadavid contraargumentó que el Gobierno no tiene en curso proyecto de ley alguno para la creación de esa universidad en el Oriente de Antioquia y que tampoco ha asignado al presupuesto a esa iniciativa, razón por la cual tildó como una evasiva que el estancamiento de dicho proyecto le fuera atribuido al Congreso.
Falta de plata no es nueva
La denuncia por estas afugias presupuestales en las universidades aparecen en medio de un panorama en el que desde muchos programas y proyectos en Antioquia y Medellín se ha denunciado falta de recursos por parte del Gobierno Nacional.
En el caso de Medellín, otro programa impactado por la asignación de menos recursos ha sido Bueno Comienzo, que arrancó el 2025 con un faltante de $40.000 millones.
En el caso de este programa, la denuncia fue realizada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló que pese a que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se había comprometido a finales de 2024 con aportar $60.000 millones, este año solo había concretado $20.000 millones.
En el rubro de los servicios públicos, otro faltante que ha puesto contra las cuerdas a varias empresas se relaciona con el pago de los subsidios al servicio de energía de los estratos 1, 2 y 3.
De acuerdo con información del Grupo EPM, dicho faltante sobrepasaba los $1,25 billones con corte al 31 de diciembre de 2024.
En Afinia, con corte a abril pasado, el faltante ya era de $801.900 millones, $484.981 millones de ellos con resoluciones ya emitidas por parte del Ministerio de Hacienda.
En medio de estos reclamos, el Ministerio de Minas y Energía aseguró que ya avanzaría en el pago de esos subsidios atrasados en todo el país, asegurando que había gestionado con Hacienda $1,5 billones para ponerse al día con todas las empresas del país, sin ahondar en cómo están las cuentas con el Grupo EPM.
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