En una audiencia pública que se prolongó hasta la noche de ayer, en Santa Fe de Antioquia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) atendió las inquietudes de la comunidad y ambientalistas sobre la modificación de la licencia para reducir el aprovechamiento forestal que presentó EPM para el proyecto Hidroituango.
Durante la sesión, a la que asistieron más de 1.200 personas, Andrés Felipe Cano, profesional ambiental de EPM, explicó que la propuesta consiste en no remover el 100 % de los árboles con tamaño de tronco mayor a 25 centímetros y que se encuentran en el vaso del embalse, sino el 56 % de ese material.
“La Anla cuando otorgó la licencia ambiental impuso una obligación de remover bosques y vegetación alta en una cantidad de 2.330 hectáreas (...) Luego se escogió un modelo que tenía mejores condiciones. Nos dice que remover toda la cobertura no tiene un efecto significativo sobre la calidad del agua”, dijo.
Según Cano, con el nuevo modelo, se pidió reducir la cantidad de material a revertir de 2.330 hectáreas a 1.296,18 hectáreas y propone reinvertir los recursos que no se destinarán en esa remoción completa para destinarlos a otras alternativas que tengan impactos ambientales positivos.
“Esto, apuntando al mejoramiento de la calidad del agua y a las condiciones sanitarias de las comunidades al rededor del embalse”, agregó.
Isabel Cristina Zuleta, del movimiento Ríos Vivos, contó que la posición desde la corporación es “la exigencia de reparación integral por los daños ocasionados por Hidroituango, la no aprobación de la solicitud de modificación número 23 que da cuenta de las deficiencias técnicas de una obra que no tienen actuaciones claras y todo lo ha ido modificando sobre la marcha”.
Respecto a la audiencia celebrada, Claudia Victoria González Hernández, directora de la Anla, anotó que hubo 141 inscritos para intervenir y se expusieron aspectos como el impacto sobre la flora y fauna de la región, la afectación de la actividad pesquera en el río Cauca, el desplazamiento de mineros ancestrales en la parte del embalse y la reducción del área de producción agrícola, entre otros.
Luego de la audiencia realizada, la Anla inicia un proceso de evaluación de las ponencias y el análisis de las intervenciones.
En aproximadamente 90 días la autoridad nacional tomará la decisión de si concede o no a Hidroituango la autorización de la modificación. La negativa implicaría inconvenientes en el cronograma de entrada en operación estimado para diciembre próximo.
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