viernes
7 y 9
7 y 9
Los grupos criminales que llevan inseguridad a la Medellín rural
Fuerza Pública tiene el reto de contrarrestar combos y corredores para mover drogas y armas.
-
La hipótesis preliminar de las autoridades es que el Eln contrató a un combo local para instalar los explosivos y la bandera en la torre de energía, el pasado 7 de febrero, entre Manrique y Santa Elena. FOTO: Julio César Herrera.
Una torre derribada por encargo de la guerrilla, el pasado 7 de febrero, abrió de nuevo el interrogante en la comunidad sobre qué tan vigilada está la periferia de Medellín.
La alerta se disparó cuando explosivos mandados a poner por el Eln tumbaron una torre de transmisión de energía en la frontera de Manrique con Santa Elena. Según la investigación preliminar, el trabajo fue realizado por un combo, que en aquel paraje deshabitado dejó una bandera de esa guerrilla, sin que nadie se hubiese percatado, en principio, de quién la instaló.
Esta clase de incursión rural no es aislada, pues en los últimos cuatro años se han encontrado un campamento para 10 hombres armados y un laboratorio que producía dos toneladas de cocaína mensuales, lo que da cuenta de que en los corredores semirrurales, alrededor de esta urbe de 2,5 millones de habitantes (Dane, 2018), se siguen cocinando oscuros intereses criminales.
Luis G. Pardo, exgerente para la Paz de Antioquia y presidente del Centro de Consultoría de Conflicto Urbano (C3), recuerda que los primeros en aprovechar esos territorios fueron las milicias en los 80 y los paramilitares en los 90.
Ahora estos parajes son explotados por combos delincuenciales, algunos de los cuales se articulan con estructuras de despliegue nacional, como el Eln, Clan del Golfo y facciones narcotraficantes.
El corredor oriental conecta a cinco comunas con Santa Elena, el Oriente antioqueño y municipios estratégicos como Rionegro y Guarne. En la frontera de ese mundo urbano con el rural, se mueven por lo menos cuatro bandas, según información de Inteligencia: “la Sierra”, “Bello Oriente”, “la Oficina de la 30” y “la Avanzada”.
El corredor occidental une cuatro comunas con los corregimientos San Cristóbal, Palmitas, Altavista y San Antonio de Prado; que a su vez están enlazados con caminos a las subregiones de Occidente y Urabá (con salida al mar). Allí delinquen 13 combos, entre ellos “París”, “los Paracos del Llano”, “los Pájaros”, “los Chivos” y “Limonar 1” (ver mapa).
Delinquiendo en el campo
El 24/7/19 el Comando de Operaciones Especiales de la Policía incursionó en un campamento ilegal, entre el barrio La Sierra y la vereda Media Luna, de Santa Elena. Se produjo un tiroteo y los uniformados dieron de baja a Elkin Benítez (“Turrón”), exparamilitar y líder de la banda “la Sierra”.
Uno de los hallazgos más inusuales fue que, más que un cambuche, la banda había construido hacía dos meses una base rústica en un antiguo secadero de café, consistente en un complejo de varios ranchos de tabla, en el que podían pernoctar 10 personas. Según la Policía, era lugar de reuniones clandestinas, escondite y garita para vigilar desde lo alto los movimientos en La Sierra, Villa Liliam, La Estancia y Villa Turbay.
“La Sierra” es una de las estructuras que sirve a los intereses del Clan del Golfo en el Valle de Aburrá, al igual que “Limonar 1”. Ambos grupos custodian corredores que ese cartel emplea para traficar estupefacientes, precursores químicos y armamento.
Pardo explica que, en general, los delincuentes usan las áreas semiurbanas de Medellín para “mover droga, armas y dólares (de origen ilícito); como zona de retaguardia, para esconderse y recuperarse de heridas; para entrenar al personal en tácticas y armamento; y para el secuestro”.
Sobre este último punto, algunos testigos le narraron a la Fiscalía que “los Pájaros” usaban una finca abandonada en una vereda de Altavista para llevar secuestrados y, en algunos casos, torturarlos y desmembrarlos.
En cuanto al narcotráfico, la Dirección Antinarcóticos ha detectado, tal cual ha venido publicando EL COLOMBIANO en informes pasados, que desde 2016 los narcos están construyendo laboratorios de producción de drogas cada vez más cerca de la metrópoli.
Esto les permite ahorrar costos de transporte y los aleja de territorios violentos, como el Norte y Bajo Cauca, donde no solo hay peligro de muerte a manos del enemigo, sino de ser capturado por la priorización de esas zonas que hace la Fuerza Pública.
El 3 de febrero de ese año el Gaula Militar y el CTI descubrieron un laboratorio en la vereda Sabanalarga de San Cristóbal, con capacidad para procesar dos toneladas de cocaína mensuales. Por contrato con el Clan del Golfo, lo custodiaba un grupo autodenominado “los Paracos”, que expuso su ubicación por cobrarles extorsiones a los finqueros, no solo en dinero, sino con marranos y aves de corral.
Jorge Rico Zapata, docente de Ciencias Políticas en la UPB, argumenta que los corredores semiurbanos le permiten al crimen organizado “mantener su interacción con el entorno geográfico, aprovechando la lejanía o falta de presencia del Estado, y de tal manera modelando las relaciones en el territorio a partir del miedo y la violencia con la población y sus necesidades”.
Copamiento militar
Para Pardo, estas zonas las debe controlar el Ejército, no solo con patrullajes, sino con labores de inteligencia y contrainteligencia. “Deben coordinar la estrategia con la Policía y con medios tecnológicos, lo que al parecer no se hace de forma efectiva, porque se nota la debilidad en la vigilancia en esos sitios”, dice.
Al Ejército, cuya tarea en estos contextos es brindar apoyo a la Policía, cada vez le exigen más presencia. El general Juvenal Díaz, comandante de la Cuarta Brigada, precisa que la asistencia la brindan 600 hombres del batallón de Policía Militar (a doble jornada), sumados a 80 que vendrán del batallón de Fuerzas Especiales Urbanas (Bafur).
“Seguiremos trabajando para socavar las estructuras ilegales. Para eso se requiere un buen trabajo de judicialización, muchos allanamientos y ganarnos el corazón de la población civil”, acota el oficial.
Rico expone que “debe darse un modelo de convergencia, en donde la Fuerza Pública pueda operar en el marco del D.I.H., y a su vez, el Estado ocupe los espacios vacíos que son tenidos en cuenta por el crimen organizado. Es tener en cuenta, a partir de políticas públicas, la perspectiva real de estos grupos, que son violentos, y las necesidades de los sectores periféricos y sus comunidades”.
94
homicidios hubo en los cinco corregimientos de Medellín el año pasado, según el Sisc.
3
homicidios en el área corregimental de Medellín este año, a febrero 19 (Sisc).
Te puede interesar
El empleo que busca está a un clic
