El pulso que desde hace dos años y medio se libra en la Universidad de Medellín estaría a las puertas de un nuevo capítulo judicial.
Luego de que el Tribunal Superior de Medellín confirmara en segunda instancia que el remezón ocurrido en la Consiliatura de esa institución en 2024 fue ilegal, un grupo de egresados y estudiantes asegura que la universidad se estaría pasando por la galleta ese fallo y están preparando acciones legales para exigir su cumplimiento.
Le puede interesar: ¿Con la Consiliatura en stand by, quién tomará entonces las decisiones en la UdeM?
Ante esas tensiones —en las que las directivas de la universidad se defienden y argumentan que la decisión no está en firme—, la próxima semana tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Medellín una audiencia que podría ser la antesala de un nuevo pleito.
Mauricio Pava Lugo, abogado que representa a varios estudiantes y egresados, explica que para entender el caso hay que remontarse al 25 de enero de 2024, día en el que sacaron de esa institución al exrector Federico Restrepo.
Desde finales de 2023, en la institución ya había empezado a esparcirse el rumor de que el grupo político del exrector Néstor Hincapié y la exconcejala de Medellín Aura Marleny Arcila estaban urdiendo un plan para retomar el poder.
Sin embargo, fue en enero de 2024 cuando la polémica estalló, cuando la Consiliatura —máximo órgano de esa institución— avaló en una sesión varios cambios en su conformación, removió a Restrepo de su cargo y nombró al actual rector Néstor Raúl Posada.
La sesión generó desde el primer momento gruesos cuestionamientos, ya que en las primeras decisiones tomadas en ella —en las que se incluía la elección de uno de los consiliarios— solo cinco consiliarios participaron de esa votación, cuando otros integrantes de ese órgano señalaban que se necesitaban como mínimo seis.
Pese a que meses después Posada asumió su cargo, sectores inconformes con esa jugada acudieron a la justicia.
En ese litigio, el primer remezón ocurrió en noviembre de 2025, cuando el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín consideró que ese nombramiento de consiliarios que influyeron en el cambio de rector había sido irregular.
La decisión fue apelada por la universidad y escaló a una segunda instancia. En junio pasado, el Tribunal Superior de Medellín ratificó esa nulidad. “Los consiliarios reunidos no representaban las tres cuartas partes de sus miembros, según lo previsto estatutaria y reglamentariamente para decidir”, consideró el alto tribunal.
En medio de ese panorama, fue entonces cuando surgió el nuevo enfrentamiento jurídico.
El abogado Mauricio Pava, quien lidera el proceso, argumentó que el Tribunal no solo confirmó que esa Consiliatura había actuado de forma ilegal, sino que exigió retrotraer todas esas decisiones.
Lea también: Fallo judicial: ¿Tendrá que salir Néstor Raúl Posada de la Universidad de Medellín?
“Ya no solo están cometiendo ilegalidades, sino desconociendo los fallos de los jueces, porque ese tribunal rechazó expresamente todos los argumentos de la universidad. Ese fallo tenían que cumplirlo porque era un fallo ya en firme y se lo pasaron por la faja”, aseveró.
Bajo ese argumento, Pava contó que en julio varios miembros de la comunidad académica acudieron a la estructura de justicia restaurativa de la Cámara de Comercio de Medellín, para buscar que se obedezca el fallo. En el marco de ese proceso se citó el pasado 4 de agosto una audiencia de conciliación, a la que los representantes de la universidad no acudieron.
“Esa primera audiencia ha sido fijada de nuevo para el 20 de agosto, es decir, para la semana siguiente. Normalmente nosotros esperamos los tres strikes, pero no vamos a esperar. Vamos a esperar el segundo strike”, añadió, advirtiendo que en caso de que fracase esa nueva cita ya se está alistando una acción penal por fraude a resolución judicial.
“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias no solo porque representamos a egresados valientes que quieren poner las cosas en su lugar, sino por mandar un mensaje público: la ley se cumple, al igual que las reglas de gobierno corporativo, los estatutos y los fallos”, agregó.
Para conocer su versión sobre esta controversia, EL COLOMBIANO consultó con la Universidad de Medellín, desde donde su equipo legal argumentó que el fallo del Tribunal Superior no está en firme, dado que se interpuso un recurso de casación que todavía se está revisando.
“La interposición de los recursos establecidos por la ley es parte del ejercicio legítimo del derecho de defensa y del debido proceso, garantías que permiten a toda persona, natural o jurídica, presentar sus argumentos y controvertir las decisiones que puedan afectarla”, señalaron.
La institución añadió que acudirá con sus apoderados a la audiencia programada para el próximo 20 de agosto y sostuvo que siempre ha estado dispuesta a cumplir con lo ordenado por los jueces.
Regístrate al newsletter