En los sistemas de la Procuraduría y la Fiscalía figuran cuatro investigaciones disciplinarias y once penales activas contra el hoy suspendido gobernador Aníbal Gaviria, una de las cuales derivó en la medida de aseguramiento expedida por la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Tras esta situación, que obligó al mandatario a recluirse en detención domiciliaria mientras avanza su caso, EL COLOMBIANO indagó qué otros expedientes están pendientes de resolver.
La búsqueda en el sistema SPOA de la Fiscalía precisó que las once investigaciones en su contra comenzaron entre 2011 y 2016, es decir, antes de su segundo mandato como gobernador de Antioquia; algunas, incluso, se refieren a hechos más antiguos, como la que provocó la suspensión.
Los detalles de estos casos no son públicos, debido a la reserva sumarial, pero es importante aclarar que en todos ellos se presume la inocencia.
De hecho, es relativamente común que a un funcionario de tantos años en los cargos públicos, le figuren varias investigaciones en curso, producto de las quejas anónimas, las instauradas por veedurías, rivales políticos y ciudadanos en general.
En la Fiscalía aparecen 20 expedientes en calidad de “inactivos”, lo que implica que no hubo evidencia que soportara la denuncia.
En cuanto a las “activas”, todas están en etapa preliminar de indagación, con excepción de aquella que derivó en la medida de aseguramiento y avanza en su parte sumarial, antes de decidir si se archiva o se acusa formalmente ante la Corte.
En ese proceso se sindica a Gaviria por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, relacionados con supuestas irregularidades en la contratación de las obras para la Troncal de la Paz (2005), que unió al Nordeste con el Bajo Cauca.
Además de ese, el expediente más antiguo es de 2011 (N°0500 16000 2482012 02753). La Unidad Especializada de la Fiscalía en Urabá le abrió una investigación por la supuesta comisión de concierto para delinquir agravado por darse para grupos armados al margen de la ley.
La pesquisa se relaciona con presuntos nexos de las empresas de su grupo familiar con paramilitares de Urabá, a finales de los años 90. La averiguación empezó a raíz de lo dicho por algunos desmovilizados de las Auc en las audiencias de Justicia y Paz.
Sobre este caso ya había sido acusado su difunto padre, Guillermo Gaviria Echeverri, quien en vida demostró su inocencia y fue absuelto (2014). Los fiscales aún no han archivado la causa contra su hijo y sigue activa.
En los despachos penales también hay cuatro indagaciones por supuesto prevaricato por acción (denuncias recibidas entre 2013 y 2016), una por prevaricato por omisión (2013), otra por fraude procesal (2011), peculado por aplicación oficial diferente (2011), violación a los derechos de autor (2015) y falsedad en documento privado (2014).
