Los contratos de la discordia detrás de la crisis del Jardín Botánico

Conversamos con todas las partes involucradas en este proceso y contamos la historia completa.

El 70 % de las personas que ingresan al Jardín Botánico, según cifras de la misma entidad, pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.
FOTO Manuel Saldarriaga

Mientras el Jardín Botánico se está asfixiando, ahogado por el déficit financiero que en 2020 cerró en $2.800 millones, a su alrededor se levantó un polvorín. En el centro de la polémica está la Alcaldía de Medellín, que redujo la contratación con esa entidad, que pasó de $19.000 millones en 2019 a $6.000 millones en 2021.

Ante la baja del 42 % en los ingresos provenientes de contratos con el municipio, según la entidad, el Jardín tiene un déficit que para 2021 se calcula en $4.500 millones. La polémica comienza acá porque, como lo contó EL COLOMBIANO el pasado 16 de febrero, parte de lo que hacía el Jardín pasó a manos de Metroparques, una empresa del Municipio. Con esa entidad se firmó, el 13 de octubre de 2020, el convenio interadministrativo 4600087446 por $5.250 millones. El objetivo de esta contratación era, precisamente, la gestión de los planes de establecimiento y manejo de zonas verdes. Es decir, lo que antes hacía el Jardín Botánico.

El gerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano, confirmó que antes la empresa amplió su objeto social en julio de 2020 para entrar en el negocio de la poda y jardinería. Hasta ese momento, Metroparques, creado en 1982, se había dedicado a la administración de los parques Juan Pablo II y Norte y a la ejecución de servicios logísticos.

En una respuesta enviada por escrito a este diario, Liévano dijo que la ampliación del objeto social se hizo en sintonía con el Plan de Desarrollo de Medellín 2020-2023, que plantea construir una “ecociudad”. “En este sentido, y dada la amplia trayectoria y reconocimiento que ha tenido la entidad en la conservación, desarrollo, mejoramiento y administración de los diferentes escenarios recreativos y ambientales de ciudad (...) amplió su objeto social a fin de potencializar el know how adquirido en estas materias”, precisó el gerente.

Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Medellín, dijo, en diálogo con EL COLOMBIANO el pasado 11 de febrero, que la justificación para darle los contratos a Metroparques, que antes se hacían con el Botánico, es que esa empresa del conglomerado público de Medellín perdió $18.000 millones en 2020 a causa de la baja de visitantes. “En este caso, la empresa pública tiene prelación. El Jardín Botánico no puede pretender estar bien mientras el conglomerado público de la ciudad está pasando afugias”, advirtió Restrepo.

El funcionario añadió que la idea era “equilibrar las cargas”, es decir, repartir los contratos entre el Jardín Botánico y Metroparques: “con el cambio de objeto vamos a mandar la mitad de la plata a Metroparques y la otra mitad al Jardín”.

Daniel Duque, concejal de Medellín que ha estado al frente del tema, ha dicho que Metroparques no tiene la idoneidad ni la experiencia para ejecutar la poda y jardinería en la ciudad. El Jardín Botánico, por su parte, lleva 48 años haciendo su trabajo. Sobre este tema, el secretario de Gobierno opinó: “Claro que no tiene los años del Jardín, pero lo que ya ha ejecutado lo ha hecho muy bien. En el marco de la transparencia no podemos determinar que un solo operador realice toda la vida lo mismo”.

Ante la queja por la falta de experiencia y el cuestionamiento sobre la idoneidad, el gerente de Metroparques advirtió que la empresa tiene 141 empleados. De ellos, 59 están capacitados para el oficio de poda y jardinería. “La entidad cuenta además con el apoyo de un grupo de profesionales en áreas como administración, e ingenierías ambiental, civil y forestal, entre otros, así como instalaciones propias para la producción, propagación y replicación de especies vegetales”, complementó el gerente.

La subcontratación

Pero el mayor revuelo en el cambio de operación radica en la entrada de un tercer actor. Metroparques, por medio de una invitación privada, subcontrató a la reforestadora El Líbano, una empresa con domicilio en Andes, Antioquia, según el Registro Único Empresarial.

Así que después de ampliar su objeto social, en julio de 2020, para entrar a competir en el negocio de la poda, Metroparques firmó el 13 de octubre un convenio interadministrativo con la Alcaldía, que ya fue mencionado. Y luego el 23 de noviembre, por medio de una invitación privada, celebró un contrato con El Líbano por $3.900 millones (Detalle del proceso número 20201300916).

Esta figura, explicó Jorge Beltrán, experto en contratación pública, se utiliza en las entidades en las que no se aplica el Estatuto General de la Contratación (Ley 80). Así las cosas, la empresa puede hacer una invitación cerrada o pública, según lo dicte su manual de contratación.

En este caso, confirmó el gerente Liévano, se presentaron tres empresas (no fueron informados los nombres de las otras dos firmas). El Líbano fue la ganadora con 100 puntos de 100 posibles. “Señalamos que, en el proceso de selección para la prestación de los bienes y servicios requeridos en el marco del contrato interadministrativo No. 4600087446 de 2020, al oferente que cumplió a cabalidad con todas las condiciones exigidas se le asignó el mayor puntaje determinado en la invitación privada”, precisó Liévano.

En cuanto a la subcontratación que hizo Metroparques, Restrepo contestó: “El Jardín Botánico también subcontrataba. El operador (Metroparques) determina cómo lo realiza. Al final, cuesta lo mismo y se hace bien. Como administración solo garantizamos la autonomía; hacemos un convenio y ellos determinan cómo lo hacen”.

Consultada sobre la subcontratación, la directora del Jardín Botánico, Claudia García, dijo que la entidad no subcontrataba para las labores de poda y jardinería. “Solo se hacía para cuadrillas o cosas especiales, pero nuestros jardineros hacían toda la labor”, sostuvo la directora.

Otra explicación pendiente

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, justificó la contratación con Metroparques (a través del convenio interadministrativo) el pasado miércoles 24 de febrero. Dijo que el cambio se hizo porque el convenio para la poda y jardinería se ejecutaba a través de un contrato de ciencia y tecnología con el Jardín Botánico.

“La Contraloría nos hizo un hallazgo y nos dijo que la poda no es ciencia y tecnología. Hay quienes han tratado de meterle política al tema. Llamé a la gerente de EPM y le dije ‘oiga, por qué EPM no nos ayuda metiéndose a la junta del Jardín Botánico con un aporte económico. Yo estoy buscando salidas”, fueron las palabras del alcalde.

Efectivamente, como lo señaló el alcalde, la Contraloría de Medellín advirtió, en una auditoría realizada a la gestión del proyecto Corredores Verdes, que el objetivo del contrato se alejaba del de ciencia y tecnología. Sin embargo, EL COLOMBIANO conoció que el documento fue remitido a la Secretaría de Medio Ambiente el 11 de diciembre de 2020. En él se expone que la poda, tala, eliminación de raíces, entre otros menesteres, “pueden ser realizados por otras empresas”.

El documento de la Contraloría fue radicado el 11 de diciembre de 2020, mientras el convenio interadministrativo con Metroparques se había firmado el 13 de octubre.

Sobre el hallazgo de la Contraloría, la directora del Jardín Botánico expresó: “Efectivamente, nuestros contratos se hacen a través de ciencia y tecnología. Esto lo permite la Ley 299 de 1996, que es la de los jardines botánicos. Y permite que cualquier contratación que hagamos, en función de nuestro objeto social, se haga por ciencia y tecnología”.

La directora, sin embargo, sostuvo que el contrato no era exclusivamente para talar y podar. Precisó que se hacían tratamientos a los árboles, diagnósticos de la salud fitosanitaria a los individuos, mantenimiento de jardines y componentes de investigación. “La justificación es que la actividad la está haciendo un Jardín Botánico, lo que permite que se haga la contratación directa. Eso no afecta de ningún modo la transparencia”, anotó.

¿Y la reforestadora?

Los $3.900 millones destinados a la subcontratación con El Líbano han acrecentado la discordia. El concejal Duque, además de alertar sobre la falta de pluralidad en la elección de los nuevos prestadores de los servicios de poda y jardinería, habló sobre una posible cercanía entre estos y las directivas del partido Liberal en Antioquia.

EL COLOMBIANO buscó -vía telefónica- a El Líbano S.A.S. para conocer el quehacer de la empresa, su experiencia y postura frente a las afirmaciones del corporado. Se obtuvo el número de teléfono de la reforestadora a través del directorio empresarial Informa Colombia y se les contactó vía WhatsApp. En un primer momento indicaron que responderían. Cuando los llamamos, pese a insistir, la persona que respondió se negó a dar su nombre, y expresó que, por el momento, no darían declaraciones a los medios.

“Si un ente de control nos requiere, tenemos todo para abrirle las puertas. No tenemos nada que ocultar. Nos hicimos trabajando a pulso, aguantando hambre y sufriendo, para que hoy los medios y la politiquería nos quieran acabar”, dijo el hombre, sin identificarse, y colgó el teléfono. Pese a insistir de nuevo, no se obtuvo respuesta.

A pesar del voto de silencio de la reforestadora, conocimos que esta echó raíces en el suroeste del departamento y es, según se desprende de documentos públicos, una iniciativa familiar. De acuerdo con el Registro Único Empresarial (Rues) y uno de los contratos laborales de la empresa, su gerente es Luz Eliana Henao, quien funge como representante legal de la sociedad y es, por tanto, la cabeza a cargo de su gestión administrativa.

En el Rues puede leerse, asimismo, que la empresa cuenta con 20 empleados (número que no pudo ser verificado con la misma) y opera en los renglones económicos de “silvicultura, otras actividades forestales y cría de ganado porcino”. Entre los servicios que oferta, según el Registro Único de Proponentes (RUP) -que contiene la lista de bienes, obras y servicios que un proveedor puede ofrecerle a las entidades del Estado-, aparecen las líneas de semillas, bulbos, plántulas, arbustos, nutrientes, herbicidas, acondicionadores de suelos, dispositivos para el control de plagas, entre otros.

La empresa diligenció el registro del RUP en 2016, lo renovó en 2017 y un año después se hizo merecedora de una cesación de efectos por incumplimiento en la renovación, cuestión que en la práctica implica la inexistencia en el RUP y, en consecuencia, la no acreditación de la información allí contenida. Por lo anterior volvió a inscribirse en este último año, según el Rues, y en los años posteriores (2019 y 2020) realizó las renovaciones correspondientes.

Henao, según corroboramos, es esposa de Asdrúbal Vélez, dirigente liberal de Andes, y madre de Stiven Vélez, concejal del municipio por la misma corriente política. El concejal Duque expresó en días pasados que los Vélez Henao hacen parte del equipo de Luis Carlos Ochoa, diputado y presidente de este partido en Antioquia, quien además ha manifestado públicamente su apoyo al entonces candidato y ahora alcalde de Medellín. La representante de la reforestadora, “junto con su familia se han convertido en millonarios contratistas del Estado, a través de sus conexiones políticas con el partido Liberal”, afirmó el concejal Duque.

Conversamos con Stiven Vélez, quien negó las afirmaciones de Duque. Tras manifestar que no tiene ninguna responsabilidad legal en El Líbano, al ser una persona natural, expuso que la familia, pese a ser amiga desde hace mucho tiempo de Ochoa, no ha sacado provecho de ello a la hora de operar su empresa.

“Es falso lo que se está diciendo. Antes de crearse la reforestadora llevábamos cinco años trabajando. Desde que la fundamos, llevamos otros cinco. Tenemos la idoneidad para ejecutar un contrato de estos. He visto el trabajo y la experiencia laboral. Nosotros estamos libres de cualquier cosa. Pueden investigar, si desean, porque la contratación está perfecta. Aquí no hay cuotas políticas”, aseguró.

El diputado Ochoa, también señalado por Duque como presunto beneficiario de la asignación de contratos de la Alcaldía de Medellín, afirmó por su parte que el apoyo que recibió en Andes para ser diputado no habla de manejos clientelares. “Quienes manifiestan que puede haber un pago de favores no tienen argumento alguno sobre el tema. Los 51.000 votos que obtuve fueron gracias a los apoyos de muchos otros en todo el departamento”, aclaró.

En cuanto a su relación con Quintero, manifestó que acompañó su “candidatura independiente” y lo continuará respaldando, “con convicción, sin necesidad de ningún favor político. Lo apoyo, aunque desconozco sus procedimientos administrativos sobre el Jardín Botánico”. Y agregó: “No tengo nada que ocultar”.

La suerte de los jardineros

El recorte en la contratación afectó a los empleados del Jardín Botánico. Hasta ahora, la entidad ha perdido 44 puestos de trabajo. El año pasado, según su directora, el 89% de los empleados estuvo de acuerdo con una rebaja voluntaria del sueldo. Para los contratos con la Alcaldía, el Jardín tenía dispuestas a 700 personas en 2019; 540, en 2020; y hoy, apenas 230.

Lo que fue, en principio, una reducción de sueldo, se convirtió luego en un contrato que nunca se renovó. Girlesa Moreno trabajó tres años en la entidad como jardinera, hasta diciembre de 2020. La pérdida de su trabajo, debido al déficit financiero de la entidad, la obligó a emplearse en El Líbano. De esta reforestadora, sin embargo, supo antes de que terminara su contrato en el Botánico.

Entonces, sus compañeros le contaron que unas personas los habían abordado para compartirles los números de teléfono de la nueva reforestadora. “Así se fue regando la voz de que esa empresa iba a contratar personal del Jardín. Muchos llevaron la hoja de vida. A los dos días ya estaban llamando”, relató.

Andrés Rivera, quien trabajó como jardinero del Botánico durante 10 años, conoció a la reforestadora de forma similar. En el trabajo comentaban que algunos de sus excompañeros del Jardín se encontraban en El Líbano. “Se dijo que a los compañeros que estaban allá les pagaban un millón quincenal. Eso era como un sueldo integral, entonces nos parecía muy atractivo”, sostuvo.

Cuando Moreno y Rivera llegaron a la reforestadora se encontraron con un panorama diferente al que les habían dibujado. Allí, según coincidieron, desmejoraron las condiciones de trabajo. Por ello se retiraron en los primeros días.

“En el Jardín nos pagaban $1.140.000 mensuales. Las jornadas de trabajo iban desde las 7:00 a.m. a las 5:00 p.m. Los días sábados eran facturados como horas extras”, expuso Moreno. En El Líbano, en cambio, los jardineros reciben, según registra en uno de los contratos de la empresa, un monto mensual de $908.526, que con el subsidio de transporte suma $1.014.980. La cuestión, además de la reducción en el sueldo, es que allí deben trabajar los sábados, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., y estos días no los pueden cobrar como horas extras.

Rivera, al comparar ambos lugares, expresó que las condiciones de trabajo en el Jardín eran mejores. “Allí contábamos con transporte, lugares para cambiarnos y teníamos un locker. Hace tres años, por ejemplo, se construyó la Villa de Los Jardineros. Con la llegada del espacio, tuvimos todas las comodidades: baños, zonas de lavado y espacios adecuados para las herramientas”.

Moreno, por su parte, confirmó que en la nueva reforestadora no contaban con condiciones óptimas para desempeñar sus labores. “Nos teníamos que cambiar en la calle (...). No había protocolos rigurosos de bioseguridad”. Y en cuanto a la experiencia del personal de El Líbano, sostuvo: “Los técnicos de esta reforestadora se valían de la experiencia de los jardineros del Botánico. Si ellos no tuvieran a los empleados del Jardín no serían lo que son hoy”.

Lo que viene

Bajo este panorama la situación es asfixiante para el Jardín Botánico. Los contratos con la administración (secretarías de Infraestructura Física y Medio Ambiente) representan el 65 % de los ingresos totales del Jardín. El 35 % restante proviene de eventos privados. Cobrar la entrada al parque, aunque indeseada, se plantea como una de las opciones para la supervivencia del lugar.

“Esos contratos subsidian la entrada, que hoy es gratis para todos. Hemos analizado diferentes estrategias. Una de ellas es el cobro para ingresar. Sabemos que esto tendría un fuerte impacto social, pues el 70 % de nuestros visitantes son de estratos 1, 2 y 3. Cobrar no es la opción que queremos, para nosotros es la última alternativa”, concluyó la directora García.

$5.250

millones es el monto del convenio entre la Alcaldía de Medellín y Metroparques.

$18.000

millones ha perdido Metroparques por la baja de público, dijo la alcaldía.