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Los concejales del Centro Democrático, María Paulina Aguinaga Lezcano, Nataly Vélez Lopera, Lina Marcela García Gañan y Albert Yordano Corredor Bustamante, recuperaron en la noche de este jueves, su derecho al voto en el Concejo de Medellín, luego de una decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral.
Los cuatro corporados habían perdido el derecho al voto por parte del Centro Democrático el pasado 23 de noviembre por una decisión de esta colectividad, luego de que ellos se negaran a votar por Simón Molina para que presidiera el Concejo de Medellín en 2022. En esa ocasión apoyaron a María Paulina Aguinaga, haciendo que Molina perdiera la presidencia de la corporación, por lo que fueron sancionados por 18 meses.
“El CNE deja sin efecto esta medida provisional y restituye el derecho de sufragio activo y pasivo para las actividades internas del Partido y cuando se actúe en su representación, específicamente en la Corporación Pública de elección popular del Concejo de Medellín para los miembros investigados”, manifestó el Consejo Nacional Electoral en un comunicado.
La votación para la restitución del voto de Aguinaga, Vélez, García y Corredor fue unánime por parte de la Sala Plena del CNE, por lo que en las próximas sesiones de esta corporación podrán tomar decisiones con el aval del partido que los sancionó en noviembre acusándolos de “traición”.
Sobre este fallo, la concejal Nataly Vélez dijo: “Logramos demostrar que era una medida injusta, arbitraria y desproporcionada, toda vez que nunca actuamos en contra de los principios de nuestro partido, el Centro Democrático. Por el contrario, defendimos la participación de la mujer, al votar por nuestra colega e integrante de nuestra bancada, María Paulina Aguinaga para la presidencia del Concejo de Medellín”.
Quien no se mostró muy contento con la decisión fue el corporado Alfredo Ramos Maya, representante de esta misma colectividad y quien reprochó desde el primer momento la determinación de los cuatro concejales en la votación a la presidencia del Concejo de Medellín.
“Es una decisión muy grave porque es hacerle perder completa autonomía a los partidos políticos. Cuando estos hacen los estatutos son considerados como Ley de la República y en este momento se está pasando por encima de la ley. El CNE es un organismo politizado, con una corrupción institucionalizada”, señaló Ramos.