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Por recusación al Contralor queda suspendido caso Hidroituango
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La contingencia en el proyecto Hidroituango ocurrió el 28 de abril de 2018. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
La Contraloría General de la República determinó suspender el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta contra 26 funcionarios y contratistas investigados por un posible detrimento patrimonial valorado en $4,3 billones, en el caso que se sigue por la contingencia de Hidroituango.
La decisión se da en el marco de una recusación que presentó la exsecretaria de Planeación de Antioquia María Eugenia Ramos Villa, contra el contralor Carlos Felipe Córdoba; la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello; los integrantes de la Sala Fiscal y Sancionatoria del ente de control fiscal y la contralora delegada de Investigaciones Especiales.
La recusación contra el contralor deberá ser resuelta por la Procuraduría General de la Nación. Una vez ocurra ese trámite, la Contraloría debe resolver las demás recusaciones.
Así mismo, la exfuncionaria del gobierno de Sergio Fajardo envío una carta al Congreso de la República solicitando que se designe un contralor ad hoc para definir el caso de Hidroituango.
Según Blu Radio, Ramos Villa afirma que “el contralor tiene una posición adoptada en torno al caso y los recursos que deben fallar”.
Es importante recordar la Contraloría General de la República había emitido el fallo con responsabilidad fiscal por $4,3 billones, a título de culpa grave, contra 26 funcionarios y contratistas como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango. Eso sucedió el pasado 6 de septiembre. Desde eso, el proceso ha desencadenado, además de la discusión jurídica, un choque político entre varias facciones.
Por un lado, el alcalde de Medellín ha dicho que “los responsables deben pagar los $4,3 billones”. Sin embargo, el presidente Duque estuvo hace unos días en Antioquia y, sin mencionarlo, le jaló las orejas al alcalde de Medellín. “Al tratarse de un siniestro, las pólizas de seguro deben activarse para que paguen”, dijo Duque, zanjando la discusión.
Desde la imputación, el fundamento que dio origen a la causa fiscal radica en una serie de hechos sucesivos y concatenados que pusieron en situación de vulnerabilidad el proyecto y que finalmente desencadenaron en la contingencia de 2018.
Estos hechos, acota el auto de la Contraloría, contribuyeron a aumentar de manera injustificada las inversiones, lo que llevó a que se destruyera el valor neto del proyecto. “Como consecuencia de la no entrada en operación no se generará ni se comercializará energía, ocasionando un lucro cesante que también se tiene como daño dentro de la presente causa fiscal”, determina.
Las conductas fueron identificadas e imputadas teniendo en cuenta el rol de cada uno de los intervinientes en la época en que desarrollaron su actividad, “encontrándose que existe un hilo conductor o una sucesión temporal que permite establecer la existencia del nexo causal”.
Según había argumentado la Contraloría en el fallo, en Hidroituango hubo retrasos en los diseños de las vías de acceso al proyecto y de las obras principales. La semana pasada, el alcalde Quintero dijo, en medios de comunicación, que los constructores habían utilizado materiales de baja calidad para la obra. El consorcio CCC, el constructor, salió a defenderse y desmintió las palabras del alcalde. CCC pidió un derecho de petición a Quintero para que aclare de dónde sacó esa información.
Lo que queda claro es que el pleito por Hidroituango, la obra que generará el 17% de la energía del país cuando esté en pleno funcionamiento, seguirá moviéndose en los terrenos jurídicos y políticos.
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