Alba Élida Toro y Javier Correa son pacientes trasplantados de riñón; ella hace nueve años y él hace 7; ambos también son afiliados a la Nueva EPS y los dos, igualmente, comparten la incertidumbre diaria de pensar en que el órgano que recibieron les empiece a fallar debido a que llevan muchos meses sin que les den los medicamentos que requieren.
Gloria Cecilia Calle, la directora ejecutiva de la Fundación Nacional de Trasplantados asegura que en cuatro décadas que tiene de existencia la entidad este es el momento más dramático que han vivido los afiliados por la falta de una atención oportuna de algunas entidades de salud, pero de manera mayoritaria, de la Nueva EPS.
“Pacientes que recibieron el milagro de una segunda oportunidad de vida ven amenazada su salud por falta de atención oportuna, escasez de medicamentos, falta de agendas y porque las IPS trasplantadoras no tienen contrato con las EPS”, asegura.
Añade que si bien antes también había problemas, no se comparan con los actuales, pues de diez pacientes se dejaban de atender dos, pero hoy los guarismos se han invertido y no valen las PQRS, las tutelas ni los desacatos. Y es posible que muchos hayan muerto esperando un trasplante o luego de hacérselo por falta de las medicinas, pero jamás se podría saber con certeza porque difícilmente una familia de estas tiene con qué contratar un perito que certifique la causa del fallecimiento. La impotencia es absoluta.
En estos momentos en Antioquia existen 693 personas esperando por un trasplante de riñón, 42 de hígado y 10 de corazón –según datos de la Secretaría Seccional de Salud- y la señora Calle se pregunta qué esperanza tendrán si ni siquiera atienden a los ya trasplantados en los que ya el sistema ha invertido tantos millones de pesos, pues un procedimiento de estos puede costar unos $100 millones más un manejo complejo como enfermedad crónica.
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La Clínica Cardio Vid (antes conocida como Cardiovascular) es uno de los principales centros de trasplantes de la capital antioqueña y figura como coadyuvante de la Alcaldía de Medellín en un llamado al Tribunal Administrativo de Antioquia para que haga efectivo el incidente de desacato que profirió desde el año pasado y que confirmó en febrero otro juez obligando a la Nación, la Supersalud, ADRES, Nueva EPS, Savia Salud, Coosalud y Sanitas a ponerse al día con la cartera billonaria que tienen con los hospitales y clínicas de Medellín.
“Nos dirigimos a este Honorable Tribunal, pues lo que está en juego no es solo el futuro financiero de una empresa, sino la salud, la dignidad y la vida de miles de personas. (...) Específicamente en el caso de suministro de medicamentos, se plantean casos críticos como la no previsión de estos a pacientes trasplantados, quienes los requieren para garantizar la continuidad del mismo”, dice el escrito firmado por el apoderado legal de Cardio Vid.
Las cuentas en mora del sistema de salud con las clínicas de Medellín ascendería a $ 2,15 billones, de acuerdo con un informe presentado por el sector el 13 de abril pasado, cuando el alcalde Federico Gutiérrez declaró la emergencia hospitalaria debido a una sobreocupación de las áreas de urgencia de hasta 190% varios establecimientos.
Esto debido a que cuando los enfermos no encuentran agenda por consulta regular ingresan por esta vía, sin contar con los que entran en crisis y acuden porque es la fórmula para que, ya dentro del hospital, los estabilicen y les den por lo menos por unos pocos días los medicamentos.
“Los pacientes que atendemos en la Clínica Cardio Vid no conocen los detalles del expediente judicial. No saben qué es un incidente de desacato ni qué dice el Auto N.°167. Pero sí sienten las consecuencias cuando los medicamentos no están disponibles, cuando las citas se demoran o cuando la institución que los ha atendido durante años enfrenta el riesgo de cerrar sus puertas”, puntualiza el texto que está a la espera de una determinación del Tribunal Administrativo de Antioquia que se traduzca en acciones concretas.
De acciones legales infructuosas también sabe don Javier, de 64 años, que ya ha instaurado tres tutelas y tres desacatos sin que ocurra nada. “Esto ha sido una odisea. Voy para siete meses que no recibo medicamentos por parte de la EPS”, le dijo a EL COLOMBIANO.
Relató que por lo pronto no le han faltado las citas con el nefrólogo cada dos meses, y se gasta en promedio 300.000 pesos por viaje desde Ituango (norte de Antioquia) –donde vive- hasta Medellín para asistir a ellas, pero se queda en las mismas porque siempre el especialista le renueva la fórmula y no se la despachan.
“Es una falta de respeto porque los que manejan el sistema en Bogotá mandan notificaciones de que ya autorizaron los medicamentos, que me acerque a reclamarlos, pero uno va a la farmacia y la respuesta es que no, que ‘no tenemos convenio y por tanto no le podemos despachar’”, cuenta.
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Debido a eso ya ha tenido tres recaídas atribuidas por él a la suspensión del tratamiento. El Tacrolimus que debería consumir en un mes cuesta $3,2 millones y la Azatioprina, $300.00, montos difíciles de cubrir con una pensión de $1’680.000.
“Hace un mes me levanté por la mañana y como llevaba seis día sin la droga me caí al suelo; me quedé tres horas sin poder pararme. No me hospitalicé porque inmediatamente, en vista de eso, tuve que hacer el esfuerzo con mi familia, a través de rifas para recoger la plata y solucioné por ese lado, aunque fuera por ocho días”. El problema es que la solidaridad de los que compran boletas y de quienes le aportan dinero se puede agotar cuando se hace tan repetitivo el llamado.
Por su parte, la señora Alba Toro, de 59 años, reside en Segovia (nordeste antioqueño) y gasta en promedio medio millón de pesos por cada viaje a Medellín, lo cual duele si, como es lo más frecuente, pierde el envión.
Apuntó que desde septiembre u octubre del año pasado no le dan la droga y se ha podido sostener haciéndole “trampas” al tratamiento: le mandaron 8 mg diarios de Tacrolimus y ella se toma a veces 5 mg para que le rinda lo poco que consigue por su cuenta o que le prestan dentro de la red de hermanamiento de la Fundación de Trasplantados. A su vez, cuando a ella le ha sobrado el Micofenolato lo pone a disposición de los demás y guarda la esperanza de que la Nueva EPS se ponga al día con ella para a su vez poder ella “pagarles” a los compañeros que le han cedido parte de su medicina.
Ella dejó de pasar las penalidades de la diálisis y disfruta del “milagro” de su trasplante hace 9 años, pero le asusta que vuelvan esos tiempos porque el comentario que ha recibido de los especialistas de la unidad de nefrología donde la atienden es que hay enfermos que han perdido su trasplante por falta de los inmunodepresores que son esenciales y de consumo vitalicio.
La Nueva EPS, que es la entidad promotora con la que más problema hay por este tema fue contactada para este artículo pero al cierre de la edición no había dado respuesta.
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