“Yo no soy un superhéroe”, dice Berny Bluman en el escenario, sentado en su silla de ruedas mientras habla para el evento TEDxMedellín. “Yo no hago nada que sea imposible hacer”, continúa, y explica que no, que aunque estemos acostumbrados, esta charla no es para levantar el autoestima del público, que en su mayoría camina sin dificultad. “Tampoco estoy en desventaja: no a raíz de mi silla de ruedas. Estoy en desventaja cuando el entorno me pone en esa situación. Pero eso le pasa a cualquiera: a alguien que debe llegar hasta el trabajo sin paraguas en un día lluvioso o quien tiene que sobrevivir en un país desconocido sin hablar el idioma nativo”.
Las discapacidades están en el entorno, no en las personas. A eso se refiere Bluman, director de Colombia Accesible, empresa dedicada a brindar talleres vivenciales para transformar el imaginario que rodea a esta población. “Los asistentes enfrentan pruebas que pueden superarse con herramientas. Así evidencian que, si contamos con ellas, todos tenemos capacidades para superar las dificultades del entorno”.
Se trata del enfoque de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, como lo explicó Sonia Gallardo, directora del Comité de Rehabilitación de Antioquia. “Una persona con discapacidad cognitiva, por ejemplo, tiene una forma y un ritmo diferente de aprender, pero puede hacerlo”. Entonces, cuando adaptamos la metodología para que lo haga, la discapacidad desaparece.
El Dane aplicó esta premisa en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 y determinó que en Colombia hay 3.134.036 de personas con dificultades para realizar actividades básicas diarias, un 7,1% de la población nacional.
En Antioquia esta población corresponde al 7,4%, es decir 474.125 personas.
A pesar del alto porcentaje que representan, explicó Bluman, “todo lo relacionado a las personas con discapacidad es visto como un favor y no sobre la base de la importancia que tienen para hacer crecer la región y el país”.
En efecto, según el Informe Nacional de Empleo Inclusivo (Inei), el 58,5% de quienes presentan alguna dificultad en su funcionamiento humano están entre los 15 y los 64 años, edad altamente productiva. Sin embargo, solo el 26 % refirió tener o haber tenido un trabajo remunerado. Y de estos, la mayoría percibe menos de un salario mínimo.
Como lo expone el documento, “el país enfrenta el reto de visibilizar este grupo poblacional como sujetos de derechos y como fuerza productiva”. Para Bluman, es un asunto de propiciar entornos para el desarrollo de habilidades, “así podríamos demostrar las capacidades y tener las mismas oportunidades”.
La llave maestra
Las dificultades en acceso a educación, expresadas en inasistencia escolar, analfabetismo y bajo logro educativo explican en 53,4% la exclusión social de las personas con discapacidad en Antioquia, según el Índice Multidimensional de Inclusión Social y Productiva para Personas con Discapacidad, formulado por la Fundación Saldarriaga Concha.
En el departamento, según el Plan de Desarrollo (PDA), con cifras del Registro de Localización y Caracterización de la Población con Discapacidad (Rlcpd), el porcentaje que alcanzó el nivel de básica primaria o que no cursó ningún nivel de escolaridad suma el 70,5%. Solo 1,4% alcanzó un nivel universitario de pregrado.
Anderson Valle Rúa cursa séptimo semestre de Ciencias Políticas en la UPB, es sordo e integra el equipo de permanencia U. de A. Diversa de la Universidad de Antioquia como docente de Lengua de Señas Colombiana. “Algunas instituciones facilitan procesos, sin embargo, solo hay disponibles ciertas carreras y es difícil ingresar”, aseguró.
Obtener el puntaje necesario en las pruebas Saber 11º del Icfes es una de las principales barreras, “porque finalmente se evalúan las competencias en español, que es una lengua extranjera para nosotros”.
En cuanto al examen de admisión de la U. de A., agregó, existe el servicio de interpretación en lengua de señas colombiana para aspirantes sordos, pero no ha sido suficiente: nunca un sordo señante (es decir, que no domina el español) ha logrado acceder a un cupo en esta institución. Por eso desde UdeA Diversa trabaja por impulsar el Acuerdo Académico para la admisión de sordos señantes, iniciativa que incorporaría en el examen que presenta esta población “la realidad de los sordos señantes, las características lingüísticas y metalingüísticas de lengua de señas, y permitiría tener igualdad de condiciones”, indicó Valle.
En cuanto a educación media, “la primera persona sorda que se graduó como bachiller en Antioquia lo hizo en 2004”, dijo. Y aunque hay avances en el departamento, aún el sistema educativo no implementa suficientes estrategias de inclusión en los colegios, según Kelly Ortiz, directora de la Fundación Aula 5 Sentidos.
Según la Política Pública de Discapacidad de Antioquia (Ppda), 35% de las personas incluidas en el Rlcpd para 2013 se encontraban en condición de analfabetismo. “Cuando los acudientes van a buscar un cupo, los colegios responden que no tienen docentes especializados, aunque por ley las personas con discapacidad deben tener espacio en cualquier institución”, explicó Ortiz.
Esto, naturalmente, repercute en las posibilidades de llegar al mercado laboral formal. Según el INEI, “en Colombia, completar la educación secundaria se asocia con un aumento en el ingreso laboral del 18% en comparación con no hacerlo”. Asimismo, la brecha en la tasa de informalidad crece al 19% entre quienes alcanzan el título de educación media y quienes no.
Lo imprescindible
Desde que Sofía nació, Kelly evidenció dificultades en el acceso a servicios de salud que enfrentaban las familias de niños con discapacidad, en especial las de escasos recursos. “Mi hija estaba apadrinada en una fundación donde los programas no bajan de $600.000 al mes. Allí conocí otras familias que con el tiempo dejaban de ir porque sus padrinos solo ayudaban uno o dos meses”.
Por eso decidió crear la Fundación Aula 5 Sentidos, una organización que, con la participación de 13 docentes voluntarios, brinda de manera gratuita servicios de rehabilitación, acompañamiento familiar y apoyo psicológico a más de 40 niños con discapacidad de estratos 1 y 2. “Hacemos rifas, bingos, ventas de garajes y excursiones para financiarnos y cumplir las tareas que debería cumplir el Estado”, aseguró Ortiz.
Como esta, diversas organizaciones en la ciudad terminan prestando los servicios que debería garantizar el sistema de salud. Gallardo explicó que esto ocurre no solo por omisiones de las EPS para autorizar servicios sino por los costos complementarios que implican los procesos de rehabilitación: “las personas con discapacidad requieren más que terapia” y, en Antioquia, el 94,3% residen en viviendas de estratos 1, 2 o 3 según el PDA, y la mayoría están inscritas en el régimen subsidiado.
“Suele hablarse de un círculo vicioso entre discapacidad y pobreza, que se ha empeorado con la pandemia. Por las condiciones de exclusión, tanto la persona con discapacidad como su cuidador dejan de producir. Y a su vez, esa falta de recursos dificulta el acceso a terapias, debido a los costos de desplazamiento, al tiempo que requiere asistir y a que algunos implementos básicos, como la silla de ruedas, no están incluidas en el plan de beneficios del sistema de salud. La tutela se convierte en el mecanismo”.
En las subregiones la dificultad para recibir estos servicios se agudiza. En el Nordeste, por ejemplo, solo un 2,2% de las personas con discapacidad aseguraron tener disponibilidad a servicios de rehabilitación en su municipio de residencia, según el Rlcpd.
El siguiente paso para facilitar este acceso en zonas retiradas es establecer niveles de atención y de complejidad en rehabilitación, aseguró Juan Carlos Parra, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital San Vicente Fundación. “Hay actividades que se pueden hacer directamente en los municipios y sería importante fortalecerlos. Para eso debemos establecer una ruta de complejidad”.
Aún hay subregistro
Para generar acciones y estrategias se requieren diagnósticos rigurosos y, como lo explica Gallardo, “hay una falencia importante, y es el tema de mediciones: hay subregistro”. Si bien el último censo el Dane contó más de tres millones de personas con dificultades para realizar actividades diarias en el país, los diagnósticos tanto del PDA como de la PPDA están soportados por el RLCPD, que cuenta con el nivel de detalle requerido. Sin embargo, en el departamento, este solo incluye la información de un 45,4% de la población con discapacidad.
“El censo, de un lado, debió incluir más lenguajes para que todas las personas con discapacidad se pudieran inscribir. Y, de otro lado, el registro en el RLCPD es voluntario”, explicó Anyela Rodríguez, docente del Consultorio Jurídico de la U. de A. También hay un desconocimiento y estigmatización de lo que es la discapacidad, agregó, y “en muchos casos es la misma persona con discapacidad quien no quiere nombrarse así porque se sentiría rechazada. Eso genera subregistro”.
Gallardo agregó que, según la OMS, la población con discapacidad corresponde al 10% de la población total. Así, “incluso si se construyen estrategias a partir del conteo del Dane, quedaríamos en deuda con esta población, que en Colombia debe rodear los 4,5 millones”. Explicó que, en el caso de Antioquia, lo que se espera de la Gerencia recién creada es una visión panorámica que permita integrar los esfuerzos de las secretarías.
En el PDA quedó planteada la meta de ampliar el cubrimiento del RLCPD al 90% durante el cuatrienio. Sobre los avances realizados hasta ahora, Sofía Escudero, recién nombrada gerente de Discapacidad de Antioquia, indicó que “por la pandemia se ha dificultado. Era una meta asociada a cuando todos los temas de discapacidad pertenecían a la Secretaría de Salud. Ahora todo eso va a entrar en un análisis con Planeación y con la Secretaría y las metas pueden cambiar, pero ese será uno de los objetivos prioritarios”.
Así mismo, el PDA establece que durante este periodo los 125 municipios del departamento tendrán un Plan Territorial de Discapacidad formulado. “Para esto vamos a fortalecer el equipo humano, con el fin de acompañar técnicamente a los municipios, no solo en el tema del Plan sino de la Política Pública de cada municipio”. Sobre el trabajo realizado durante el primer año de gobierno, sin embargo, aún no hay información disponible
Al menos 474.125 personas en Antioquia tienen alguna discapacidad. Nueva gerencia para esta población tendrá el desafío histórico de integrar los esfuerzos para romper las barreras.
474.125
personas tienen alguna discapacidad en Antioquia, según el Censo de 2018.
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