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Los puntos álgidos de la negociación que arranca para acabar el paro minero en Antioquia
Se espera hoy la instalación de una mesa técnica entre el Gobierno y los mineros para encontrar una salida definitiva a las protestas que paralizaron al Bajo Cauca y el Nordeste en marzo. Así empieza el pulso entre mineros y el Gobierno.
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Durante la última semana, la normalidad ha regresado paulatinamente a la vía a la Costa, luego de sufrir fuertes bloqueos durante el pasado mes de marzo. FOTO CARLOS VELÁSQUEZ
12 de abril de 2023
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Tras completarse una semana sin protestas, en la que la subregión del Bajo Cauca antioqueño ha regresado de a poco a la normalidad, el Gobierno Nacional y las organizaciones mineras volverán a verse este jueves las caras para buscar una salida definitiva al paro que tuvo en vilo a por lo menos tres departamentos en marzo pasado.
Pese a que desde ambas partes aparecen señales que dan cuenta de un ambiente en el que se han reducido las tensiones, la firma de un acuerdo pasará por la revisión de varios temas sensibles en los que el Gobierno y los mineros han tenido posturas diametralmente opuestas.
Desde ya una de las discusiones más complejas se anticipa para la demanda central de los mineros con miras que se suspendan las operaciones de destrucción de maquinaria pesada, cuya reactivación fue el detonante de las protestas en febrero pasado.
“La destrucción de esta maquinaria es la causa de la destrucción de los medios de vida, no solo de los pequeños y medianos mineros, sino que en la cadena se destruye la posibilidad de los barequeros de conseguir su sustento y minimiza las opciones de los pequeños dragueros y moto bomberos que viven de repasar las colas de esta minería recuperando los valores que fueron desechados en el proceso anteriormente citado”, plasmaron varios de los representantes mineros, líderes locales y hasta alcaldes de la subregión del Bajo Cauca en una carta enviada al presidente Gustavo Petro el pasado 4 de abril.
Además de esa propuesta, los líderes firmantes no solo pidieron al Gobierno que dichos operativos se mantengan suspendidos durante las negociaciones, sino que instaron a que se ideen alternativas que permitan iniciar su proceso de formalización de forma paulatina, con la vista puesta en la obtención de un título definitivo en el mediano plazo.
“Estamos interesados en la paz total, la cual no será posible si no hay un empleo que permita a la gente conseguir su alimentación, sustento y una vida digna”, añadieron.
Por el lado del Gobierno el tránsito a esa suspensión se muestra complejo, sobre todo si se tienen en cuenta los términos que en febrero pasado expresaron los ministros de Defensa y Medio Ambiente, cuando presentaron dicha ofensiva como una tarea clave para atacar las finanzas de los grupos armados con presencia en el Bajo Cauca Antioqueño, principalmente el Clan del Golfo.
Esa reactivación, cabe recordar, coincidió con la ruptura del cese al fuego entre esa organización y el Gobierno Nacional, que duró poco más de dos meses y medio.
Aunque desde Bogotá aún no hay un pronunciamiento claro sobre la viabilidad de revertir esa decisión, durante la noche del pasado 4 de abril, el ministro del Interior Alfonso Prada expresó que el Gobierno está dispuesto al diálogo y señaló que, como punto de partida para las decisiones futuras, se iniciaría un proceso de caracterización de los mineros de la zona.
Este último aspecto fue otro de los ejes centrales que quedaron plasmados en la carta entregada por los mineros a Petro.
“Mientras el minero tenga que esperar dos o tres años para tener un título y una licencia ambiental, y en ese tiempo no pueda trabajar, nunca va a entrar a un proceso de formalización, lo que lo llevará al hambre de su familia y la destrucción de su patrimonio”, señalaron en su carta.
Al ser consultado por la reunión de este jueves, Saúl Bedoya, vocero del Comité Pro Paro Minero, reiteró que, aunque sus preocupaciones centrales ya quedaron expresadas en esa comunicación, la expectativa central del comité es que el espacio sirva para encontrar alternativas jurídicas al problema de informalidad que prima en toda la región.
“Nosotros no pensamos llegar a la mesa a imponer ideas, porque entendemos que dentro del marco jurídico tenemos que acomodarnos sobre lo que nos permitan los espacios, teniendo en cuenta los derechos de las demás comunidades, las responsabilidades ambientales, etcétera. Lo que hay es que construir”, señaló.
Sobre la logística del espacio, Bedoya señaló que hasta la tarde de ayer el plan era realizar la sesión en varias aulas de la sede de Caucasia de la Universidad de Antioquia, en la que se esperaba la participación de un centenar de líderes de otras organizaciones.
Aunque en dicho espacio se esperaba la presencia de varios de los ministros que estuvieron en Caucasia el pasado 4 de abril, hasta el cierre de esta edición la Presidencia no entregó mayores detalles de la reunión, tras ser consultada por este diario.
“Más allá de las generalidades que puedan alcanzarse en medio de esa mesa, inicialmente lo que necesitamos es el reconocimiento, la caracterización de la mesa, donde se asuman responsabilidades directas. A ello se le suma que durante el proceso que estemos en busca de concluir, con miras a la caracterización o formalización, se nos blinde, se nos garantice, tranquilidad en los territorios”, concluyó Bedoya.
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