De manera lenta e insatisfactoria para su familia, avanza el proceso en contra de los presuntos homicidas de Sara Millerey González Borja, la mujer trans torturada en Bello cuyo caso causó conmoción al punto de que el propio Gobierno Nacional pidió justicia al considerarlo como un aberrante crimen de odio.
Por estos hechos fueron capturados Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta, y Juan David Echavarría Zapata, alias Chuky, imputados por los delitos de homicidio agravado y tortura por el crimen ocurrido el pasado 4 de abril. Sin embargo, el material probatorio existente demuestra que al menos seis personas, presuntos integrantes del grupo delincuencial El Mesa, participaron directamente en la tortura y homicidio. La Fiscalía acusó a los dos sujetos por los delitos de homicidio agravado y tortura. Sin embargo, la defensa de la familia de Sara pidió esta semana a la Fiscalía cambiar uno de los delitos imputados, el de homicidio, por el de feminicidio agravado.
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“A partir de los parámetros fácticos que fueron imputados en la audiencia de formulación de imputación, y como quiera que tenemos claro que el núcleo fáctico no puede variar, pero sí la calificación jurídica, se revise la posibilidad de cambiar el delito de homicidio agravado por el de feminicidio agravado”, expuso el abogado defensor Saúl León, quien reiteró que las características del ataque estuvieron influenciadas por la identidad de Sara, es decir, por su condición de mujer trans. Además, el abogado solicitó que se incluya contra los procesados el delito de secuestro, pues recordó que Sara fue retenida en un lugar donde funcionaba una tienda, hasta que la dejaron agonizante por la golpiza.
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Pero la respuesta de la Fiscalía causó revuelo”: “Sara Millerey exigía dinero y amenazaba a quienes no se lo daban, por eso la asesinaron. Ya había sido advertida en varias ocasiones por estas mismas personas. El día de los hechos se encontraba drogada y la empezaron a golpear (...) Entonces, fue por un motivo abyecto fútil y no fue por las circunstancias de género como lo solicita el representante de víctimas. Al menos, la Fiscalía no tiene en este momento ningún elemento para cambiar la situación jurídica”, aseguró la fiscal de la Unidad de Vida que encabeza la investigación.
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Sara, de 32 años de edad, murió de la manera más indigna. Arrojada en una quebrada en el barrio Playa Rica, de Bello, mientras varias personas grababan su agonía. Tenía sus brazos y piernas fracturadas, golpes contundentes en su cabeza. Pasó sus últimos minutos en el hospital La María al que llegó demasiado tarde.
Tras su muerte, en junio de 2025, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate del proyecto de Ley Integral Trans, la iniciativa que lleva su nombre, la cual pretende establecer un marco normativo amplio para la garantía de derechos de las personas trans y no binarias en Colombia. En la práctica, busca que se garantice acceso sin discriminación a servicios de salud y educación; modificación administrativa del registro civil para el reconocimiento de la identidad de género; políticas de inclusión para poblaciones rurales y medidas de protección para personas trans víctimas del conflicto armado.
La iniciativa tuvo la oposición sin mayores argumentos de José Jaime Uscátegui (Centro Democrático), Luis Miguel López (Partido Conservador) y Karina Espinosa (Partido Liberal), que arguyeron que la ley podría representar una “imposición ideológica”. Una revictimización sin matices por parte de estos políticos contra una población que en Colombia tiene una esperanza de vida de 35 años, la mitad de cualquier otro colombiano.
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