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“Plan b va andando, no vamos a esperar hasta diciembre”: Jorge Carrillo, gerente de EPM
En Hidroituango variarían los tiempos de entrega con el cambio de contratista.
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En las cuentas de Jorge Andrés Carrillo no está claro que las aseguradoras terminen de pagar este año. FOTO Julio César Herrera
15 de octubre de 2021
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El panorama de Hidroituango no está nada claro: cada día está más cerca el 31 de diciembre y no se sabe qué ocurrirá con el consorcio constructor, pues podría terminar por fuera del proyecto si la Contraloría ratifica en segunda instancia su condena o si EPM decide no esperar y activa su plan b, que incluiría el cambio de firma constructora.
A la tormenta se suma el fallo en contra del nombramiento del gerente general, Jorge Carrillo, porque cuando fue nombrado era miembro de la junta directiva de EPM, lo que va en contra del Decreto Ley 128 de 1976, que exige esperar un año por fuera.
EL COLOMBIANO habló con Carrillo sobre el futuro de Hidroituango.
¿Va a impugnar el fallo que lo tumba de su cargo?
“Soy absolutamente respetuoso de las decisiones judiciales. El análisis no se hizo ayer, se hizo cuando me designaron. Y está soportado en los conceptos más recientes del Consejo de Estado y de la Función Pública. Nosotros aspiramos a que, por coherencia, se revoque la decisión en el Consejo de Estado y se permita que yo continúe”.
En diciembre se vence el contrato de EPM con el consorcio constructor de Hidroituango, ¿qué va a pasar?
“Aquí hay varios escenarios, el primero es que no salga el fallo de segunda instancia de la Contraloría o que se revoque la decisión de la Contraloría que ya conocemos en primera instancia, en ese caso el Consorcio CCC seguiría siendo un contratista habilitado y nosotros le daríamos continuidad”.
¿Esa es una decisión ya tomada?
“Es lo que más le conviene el proyecto en ausencia del fallo. Ahora, si el fallo se confirmara en la segunda instancia, nosotros estaríamos obligados por ley a buscar dos caminos. El primer camino es que el consorcio CCC proponga cesionarios, ellos buscarían a un contratista equis y a EPM le correspondería verificar que sí tenga las condiciones y capacidades para continuar con un proyecto de esta envergadura. Dentro de ese plan, la otra opción del consorcio sería renunciar directamente”.
¿Y qué pasa si la Contraloría no falla antes de diciembre?
Nosotros estamos estudiando cuánto dura la Contraloría, en promedio, entre la primera y la segunda instancia con un fallo de esta complejidad”.
¿El fallo podría demorarse hasta el otro año?
“Nosotros no tenemos esa visión. Los recursos jurídicos ya se presentaron. Nosotros nos venimos preparando, pero todo depende del tiempo, y con el respeto que le tenemos a la Contraloría en su autonomía, no podemos exigirle ni preguntarle cuando va a salir el fallo, eso no lo sabe nadie, y por eso tenemos un plan b para que pueda llegar un contratista en reserva o un contratista nuevo y terminar el proyecto”.
¿En poco menos de tres meses, que es lo que queda para el 31 de diciembre, alcanzaría EPM a cambiar de constructores o a ceder el contrato sin que eso perturbe el avance del proyecto?
“La cesión es un efecto del fallo, no es anticipándose al fallo”.
¿Entonces en el plan b, del cual ustedes han hablado, cómo funcionan los tiempos?
“Nosotros no vamos a esperar hasta diciembre para tomar la decisión. El plan b va andando, pero no se ha activado contractualmente. Estamos mirando si hay compañías capaces de ejecutar el proyecto en la etapa en la que está. Después necesitamos ver si tienen el interés. Y, en tercer lugar, que sea en condiciones de precio favorables y que la transición sea lo más rápido posible. Una vez tomemos la decisión de cuál camino adoptar, iniciaríamos las fases contractuales que en este momento son exploratorias”.
¿En caso de que se confirme el fallo, invocarían una urgencia manifiesta? ¿Les tocaría hacer una licitación?
“La urgencia manifiesta es un concepto de contratación pública y EPM por ser prestadora de servicios públicos tiene un régimen distinto de contratación, donde pueden habilitarse figuras similares. La urgencia manifiesta se usa cuando tienes situaciones impredecibles, que no podías saber que iban a pasar, y si estamos hablando de esto es porque es un escenario probable y es muy difícil invocarla como una causal de contratación, hay otras razones. Depende del tiempo que tengamos. Vamos a buscar la forma más transparente de proceder, y la más ágil”.
¿Alguno de los interesados les ha entregado un valor de costo aproximado?
“No tenemos una oferta en presupuesto de ningún contratista”.
¿Entre los candidatos siguen los chinos?
“No le aplicamos ningún filtro excluyente a nadie; no hemos definido quiénes siguen o quiénes no. Simplemente estamos preguntando quiénes tienen interés. Ahora, acá para cualquier contratación hacemos un análisis de muchas cosas, pero solo en el momento contractual, por eso insisto que nosotros no estamos ahí y no puedo decirle a alguien que no me gusta porque es chino o americano o local”.
¿Ustedes sí saben de los problemas de los chinos con una obra en Ecuador?
“Se están sondeando todas las variables. A ver, este es el proyecto más importante de la empresa y vamos a tener todas las precauciones si toca ponerlo en manos de alguien más”.
¿Cuánto dinero les falta por ejecutar?
“Se trata de 4,5 billones de pesos. Ahora, yo puedo tener contratistas que me digan que lo hacen por más o por menos. Dentro de ese valor, está el escenario de cuánto le puede valer a EPM salirse del cronograma, porque tiene obligaciones de energía en firme y tiene otros compromisos a los que debe atenerse y que son regulatorios. Eso también se monetiza, pero no se cuenta en el costo del proyecto”.
¿Y EPM tiene esos 4,5 billones de pesos?
“EPM tiene un plan de inversiones general y, por supuesto, unos presupuestos y unas inversiones financieras. EPM hasta el año pasado venía entendiendo que Hidroituango valía 16 billones de pesos, en la última actualización subió 2,1 billones de pesos por el alto costo de los materiales, la subida del dólar y porque ya nos prestan dinero a mayor interés. Esos recursos hay que buscarlos, y nuestro indicador de deuda está al límite, por eso hemos propiciado que se venda la participación de EPM en UNE. Porque más o menos cuadran las cifras”.
¿No es curioso que justo ahora resulta que vale 2 billones de pesos más y que si no venden UNE, no hay entonces como terminar Hidroituango?
“No hay como hacer todo el plan de inversiones que tiene EPM, e iríamos por deuda, miraremos qué más podemos vender que sea buen negocio o sacrificar el plan de inversiones. Todo el mundo se rasga las vestiduras por Ituango, pero uno va a un escenario político a pedir ayuda y la respuesta es no. Hay ahí una ambivalencia que no compartimos, pero que ojalá todos la recuerden cuando hablen de Ituango”.
Por lo que nos explica no parece que tuvieran ya los escenarios claros, ¿cuánto tiempo calculan ustedes se va a perder si hay cambio de contratista?
“El propósito es prender las turbinas en 2022. Depende en gran medida de dos cosas, no es un deseo de EPM cambiar el contratista, esto es un efecto que advertimos de confirmarse el fallo. ¿Cuánto va a durar la transición? Depende de la actitud de los contratistas que salen, como la capacidad de los que van a entrar. Si el interés es que el proyecto salga bien, todo debería darse. Con la visita de las otras compañías, queríamos que exploraran todas esas cosas”.
¿Si en un mes se confirmara el fallo, cumplirían con el tiempo?
“No corresponden los tiempos de nadie, ni de contratistas ni de EPM, pero es obligación hacerlo. Hacer un contrato dura seis meses. Un empalme dura seis meses también. Pero para este no, nos toca buscar alternativas. Ustedes hagan un sondeo de medios, todos dicen que lo primero es el proyecto, pues empujemos para el mismo lado. Yo entiendo que no se facilite hoy, porque eso puede desmejorar una posición de defensa ante la Contraloría, pero si el proyecto es lo primero, esperamos que cuando haya efectos, nosotros no los deseamos, pues la transición sea lo más fácil posible”.
La persona que había logrado que se pagaran esos US$350 millones se fue, que era la directora de seguros, y que no ha sido remplazada...
“Quien logró el pago de eso fue EPM...”.
¿Eso no afecta el pago?
“No, uno puede tener empatía con muchas personas, pero no quiere decir que esa situación vaya a cambiar los tiempos del proyecto. Esa vacante no se ha remplazado porque hay que hacer procesos de selección, pero la organización está marchando como debe ser en ese tema”.
¿Ha oído que el Vicepresidente de riesgos no es confiable en el mercado de las aseguadoras?
“No, yo no tengo esa certeza, si fuera así no estaría trabajando con nosotros. Aquí pareciera que hay un esfuerzo de EPM porque no paguen las aseguradoras, que poque de pronto salga lo de la Contraloría. Yo no entiendo a quién le cabe en la cabeza que una empresa que sufrió una contingencia como la de Ituango, que por supuesto este proyecto va a costar $6 billones más, no va a necesitar con urgencia la plata del seguro, aquí todos los esfuerzos se hacen para que la plata llegue. Necesitamos los recursos, es que esa plata es nuestra”.
¿Hay posibilidad de que las aseguradoras paguen antes de terminar el año?
“No lo vemos factible, hay una razón contractual, y es que todo el componente del seguro, que es de lucro cesante, se paga una vez entre cada unidad en operación. He sostenido reuniones con todos los reaseguradores casi mensualmente y hemos pedido celeridad en el proceso de ajuste. Hay reconocimiento del siniestro y ahora estamos resolviendo el cuándo. Hay que destapar todo, ver qué se dañó, qué cubre el seguro y ahí ajustar”.
Pero hay una contradición en EPM: por un lado entablan una demanda que el Alcalde ha defendido queriendo demostrar que hubo dolo o corrupción y por el otro lado le piden a la aseguradora que les pague porque fue un accidente. ¿Cómo se entiende eso?
“Cuando EPM decide demandar es porque le quiere entregar la responsabilidad a quien corresponde, que es el juez, que determine si hay algún tipo de responsabilidad y que la cuantifique. Supongamos que no se hubiera hecho la demanda y que saliera el fallo de responsabilidad fiscal, la pregunta que harían es: “señores de EPM, ¿ustedes por qué no persiguieron los mismos recursos que la Contraloría si se dio cuenta que se perdieron?”. Es un deber de un servidor público instaurar las acciones para que alguien determine si hubo responsabilidades. Pero eso no debe leerse como una guerra, es lo que le corresponde a un servidor público. Eso no quiere decir que uno no esté deseando que la aseguradora no pague”.
El alcalde dice algo distinto...
“Yo respondo por el rol que me corresponde”.
Pero él es el presidente de su junta...
“Pero lo que ha dicho, lo ha dicho como alcalde”
