En medio de la pandemia que sacudió al mundo entero, un nuevo escándalo pone en jaque a la administración anterior de Bello, Antioquia.
La Procuraduría General de la Nación emitió pliego de cargos contra Óscar Andrés Pérez, exalcalde de Bello, y Wber Zapata Lopera, asesor de la oficina de Gestión de Riesgo de la misma administración.
La razón es por presuntos sobrecostos en la contratación de suministros para enfrentar la emergencia sanitaria del covid-19, cifrados en aproximadamente $1.989 mil millones.
El foco de la investigación recae en un acto administrativo firmado en abril de 2020. En dicho documento, se solicitó la adquisición de suministros vitales como alcohol, bolsas de residuos, camillas, detergentes, gel y jabón, entre otros artículos relacionados con la situación. Estos insumos estaban destinados a ser entregados no solo a funcionarios de la administración municipal, sino también a la Policía, Ejército y otros cuerpos de apoyo como los bomberos y la Defensa Civil.
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La Procuraduría está investigando una posible extralimitación de funciones por parte del exalcalde. Pérez habría participado activamente en la etapa precontractual y, de acuerdo con informes técnicos, podría haber determinado precios unitarios por encima del estándar del mercado. Esta maniobra generaría un posible detrimento patrimonial que rondaría los $235 millones.
Wber Zapata Lopera, por su parte, no quedó exento de señalamientos. El Ministerio Público puso en duda su labor como asesor de Gestión del Riesgo y supervisor de la contratación. Se le acusa de haber aceptado una propuesta con precios inflados y de no haber reportado en sus informes los evidentes sobrecostos en los artículos adquiridos para enfrentar la emergencia sanitaria.
La gravedad de la situación llevó a que el ente de control clasificara provisionalmente la falta de ambos funcionarios como “gravísima”, bajo el estigma de “culpa gravísima”. Una sombra que, sin duda, ensombrece aún más la carrera política de Óscar Andrés Pérez.
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Cabe recordar que no es la primera vez que el nombre de Pérez aparece ligado a polémicas de esta índole. El Tribunal Superior de Antioquia lo encontró responsable de irregularidades en una contratación valorada en $180 millones, correspondiente a su primer mandato como alcalde en 2010. Como resultado de esa situación, en 2023, Pérez, acompañado por su gabinete, anunció su retiro de sus funciones como mandatario.
