El primer funcionario mencionado en la denuncia del diputado se trata de Juan Carlos Hoyos Loaiza, cuyo nombre es recordado por resultar relacionado en el caso entre la Universidad de Medellín y el exsenador liberal Julián Bedoya por presuntas irregularidades en la obtención de su título de abogado.
Tal como lo registró este diario en mayo de 2024, Hoyos Loaiza apareció incluido en un grupo de extrabajadores y altos directivos de la Universidad de Medellín que fueron encontrados culpables del delito de delito de falsedad ideológica en documento público por su participación en el caso del exsenador.
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Junto a otros particulares como Jhon Mario Ferrer Murillo, Julián Orlando Rendón Toro y Saúl Alonso Benítez Urrego, Hoyos Loaiza fue condenado a 54 meses de prisión e inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas por un término de 66 meses, según quedó establecido en un fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín el 3 de mayo de 2024.
A raíz de la naturaleza del caso, ese mismo tribunal decidió en su fallo otorgarle a todos los implicados el beneficio de prisión domiciliaria.
Al tratarse de una primera condena, tal como quedó especificado en el fallo, todos los implicados podían impugnar la decisión ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde aparece un proceso activo.
Cabe recordar que, según quedó detallado en el fallo, Hoyos Loaiza quedó vinculado al caso de Julián Bedoya por haberse desempeñado como jurado en cuatro exámenes de suficiencia (Hacienda Pública, Responsabilidad Extracontractual, Legislación de Paz, Contratación Estatal) y cuatro exámenes preparatorios (Civil II, Políticos, y Pena) en los que, según ha sostenido la Fiscalía, se habrían cometido presuntas irregularidades que habrían beneficiado al exsenador.
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Según denunció el diputado Noreña, a pesar de estar enlodado en este caso, la contralora general de Antioquia, Enedith del Carmen González, nombró a Hoyos Loaiza en el cargo de contralor auxiliar, tal como consta en una resolución expedida el 1 de febrero de 2023, en la que se precisa una asignación salarial de $7,1 millones para aquel año.
El segundo nombramiento cuestionado se trata del de Laura María Mejía, quien en el cuatrienio pasado se desempeñó como líder de Unidad Logística en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y que precisamente en ese cargo fue relacionada por la Fiscalía en el escándalo del Parque de las Aguas.
En este caso, cabe recordar, el ente acusador investiga la construcción de una bodega en 2023 amparada en un convenio interadministrativo entre el Área Metropolitana y Metroparques, en el que a su vez se subcontrató a una empresa identificada como Constru Americana.
De acuerdo al ente, en dicha construcción se habrían gastado $243 millones sin que se cumplieran unos requisitos técnicos.
En el caso de Mejía, según aparece en los sistemas de información de la Fiscalía, esta fue imputada por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Sin importar ese antecedente, Mejía fue vinculada a la Contraloría de Antioquia el pasado 22 de noviembre de 2024, en calidad de profesional universitaria, según puede leerse en una resolución firmada directamente también por la contralora general González Hernández.
En su intervención, el diputado Noreña planteó que la llegada de estos funcionarios estaría manchando al principal ente de control de Antioquia, encargado de vigilar a 489 entes.
“La Contraloría es la que vigila los dineros públicos del departamento, eso es algo gravísimo doctora, cuando veo estas hojas de vida acá. Estamos hablando de la Contraloría General de Antioquia, que es la que audita los dineros públicos del departamento”, criticó Noreña.
Tras la denuncia del diputado, la Contraloría emitió un comunicado de prensa en la que cerró filas por sus funcionarios y aseguró no estar contrariando la ley.
“La Contraloría hace claridad sobre los señalamientos contra dos servidores públicos; cuyas afirmaciones realizadas en su contra no cuentan con decisiones judiciales en firme que afecten su idoneidad, ni han representado inhabilidades legales para el ejercicio de sus funciones; estos funcionarios fueron vinculados a la Entidad a través de procesos de contratación que se ciñeron rigurosamente a la normatividad vigente y a los principios de legalidad, cumpliendo con altos estándares de transparencia y objetividad”, argumentó la institución.
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