Mapfre firmó este viernes el contrato de transacción del pago del siniestro del proyecto Hidroituango, derivado del fallo con responsabilidad fiscal proferido por el organismo de control. Serán 983,8 millones de dólares que, a la tasa de cambio actual, suman $3,84 billones, el 90% de las pérdidas que se ocasionaron por razón de la contingencia de 2018.
El acuerdo establece que USD 633 millones serán pagados a EPM el 31 de enero de 2022. Otros 350 millones de dólares ya fueron dados a EPM con ocasión de los pagos hechos a partir de la contingencia de septiembre de 2018. Esos recursos tenían carácter provisional mientras se resolvían los niveles de responsabilidad. Ahora tienen carácter de definitivos dado que Mapfre se compromete a no solicitar la devolución de los mismos.
“Hoy se ha salvado Hidroituango, el proyecto de generación más importante de nuestra historia”, sostuvo el presidente Iván Duque. Reiteró que lo ocurrido fue un siniestro y, como tal, debía atenderse bajo los esquemas del aseguramiento.
“Este proceso le pone fin a disputas y pendencias innecesarias que podían llevar a la parálisis del proyecto y a la afectación estructural de las finanzas de EPM y de Medellín, así como una afectación a la soberanía energética del país”, dijo el mandatario.
“Ahora no existe razón o excusa para alterar el curso de los contratos de construcción, interventoría y gestión estructural para que tengamos las turbinas operando en los tiempos previstos para garantizar la oferta en firme de energía”, añadió.
El gerente de EPM, Jorge Carrillo, indicó que estos recursos llegarán con destinación específica para el proyecto Ituango y le permitirá a la empresa tener flujo de caja asegurado para poner en operación la central. Contó que el acuerdo se firmó a satisfacción de las partes, por lo que renuncian a cualquier reclamación futura.
Es decir, el acuerdo suscrito entre EPM y Mapfre no es demandable, porque se trata de un contrato de transacción de pago del siniestro y en el mismo se acordó por las partes que no van a demandarse mutuamente.
El contralor Carlos Felipe Córdoba sacó pecho, expresó que es la primera vez que se recuperan recursos tan cuantiosos dentro de un fallo de responsabilidad fiscal por un detrimento patrimonial. “No estamos hablando de inmunidad ni de impunidad, sino de un compromiso serio que debe cumplirse, pues de lo contrario habrá que hacer efectivas las sanciones fiscales”, dijo.
¿Qué significa el acuerdo?
El acuerdo con Mapfre significa que el proceso de responsabilidad fiscal por Hidroituango termina y los efectos de inhabilidad para los procesados se extinguen. En términos legales, cuando se paga el detrimento patrimonial el proceso de responsabilidad fiscal se archiva.
Así las cosas, se aclara el panorama para el megaproyecto, que desde hace semanas está empantanado por cuenta del fallo de responsabilidad fiscal, las acusaciones del alcalde Daniel Quintero y el anuncio de su desconocido plan b que, según quedó demostrado en las últimas semanas, no estaba del todo estructurado.
En términos prácticos, el proceso ya no irá a cobro coactivo, ninguna de las 26 personas naturales y jurídicas declaradas culpables en segunda instancia por la Contraloría saldrán en el boletín de responsables fiscales y el Consorcio CCC Ituango (integrado por Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H) podría continuar al frente hasta que al menos operen las dos primeras turbinas en el segundo semestre de 2022.
Bajo las nuevas condiciones y sin una inhabilidad inminente para los constructores, se podrá finiquitar el preacuerdo logrado entre el consorcio y EPM el pasado 25 de noviembre para firmar una prórroga de ocho meses, más tres meses adicionales y realizar así un empalme con la firma que asuma después de la licitación que haría EPM.
Ya EPM informó esta semana sobre el acuerdo de prórroga con los contratistas de Interventoría (Consorcio Ingetec-Sedic) y Asesoría (Consorcio Generación Ituango) de Hidroituango por un plazo de ocho meses más tres meses de empalme.
