La Procuraduría abrirá investigación para constatar si hubo omisión por parte de funcionarios locales y nacionales ante las solicitudes de protección de la Zijin Continental Gold, que despliega operaciones en Buriticá. La multinacional minera, según la procuradora Margarita Cabello, habría alertado sobre la situación de orden público en varias ocasiones.
“La empresa minera habría solicitado la protección del Estado con el fin de salvaguardar la vida de sus trabajadores y poder garantizar su normal ejercicio, operación y funcionamiento de la extracción minera”, expreso la cabeza del Ministerio Público. Esta solicitud, en palabras de la funcionaria, fue reiterada y tuvo lugar hace varios meses.
La supuesta omisión, que resultó esta semana en un ataque que dejó dos muertos y 14 heridos, podría configurar faltas disciplinarias para los funcionarios e instituciones involucradas. “Que se tomen las medidas necesarias que permitan la protección a las actividades lícitamente concesionadas por el Estado”, le pidió la procuradora al Gobierno Nacional.
Y agregó: “Es el caso de actividades minero-energéticas, privilegiando la vida y seguridad de los ciudadanos frente a los actores criminales que actúan al margen de la ley y de la institucionalidad, para que hechos como los sucedidos no se vuelvan a presentar”. El episodio al que se refiere Cabello tuvo lugar este miércoles, sobre las horas de la tarde, en la vereda Higabra.
Ese día, luego de la explosión de un cilindro al interior de uno de los túneles del terreno que explota la Zijin Continenal Gold, dos hombres fallecieron: Osneider José Suárez, quien se desempeñaba como guardia de seguridad de la empresa Atempi, y Carlos Mario Pérez, de la empresa Acción del Cauca. Entre los heridos se contaron cuatro uniformados.
El hecho generó el rechazo de varios sectores, entre ellos, el de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Expresó: “Rechazamos acciones violentas en mina Zijin Continental. La explosión de un cilindro con explosivos en túnel dejó muertos y heridos. Nuestra solidaridad con las familias y todo el peso de la ley para los violentos”.
La alta funcionaria anunció medidas luego de lo ocurrido: un amparo administrativo para proteger a los mineros legales, además de acciones para el control de explosivos en la región. La suspensión de energía para las actividades de minería ilegal será la tercera medida que integrará la reacción posterior al atentado.
