La Procuraduría instó a EPM a entregar información sobre la licitación que busca adjudicar las obras finales de Hidroituango, que consisten en la culminación de las unidades 5 a la 8. El órgano cuestionó algunos ajustes que han tenido lugar en el proceso, como la modificación de los requisitos de experiencia del contratista, además de solicitar detalles sobre la asegurabilidad de las obras y el proceso de empalme con el contratista saliente.
La solicitud fue dirigida al vicepresidente de Proyectos y Generación de Energía de EPM, William Giraldo Jiménez, el 7 de diciembre pasado.
En primer lugar, el órgano cuestiona las modificaciones efectuadas a la experiencia requerida para la ejecución de las actividades 2 y 3 de la obra en licitación. Aunque EPM había respondido en una solicitud previa que el propósito ha sido procurar la mayor cantidad de oferentes, “sin afectar la idoneidad y la capacidad técnica del proyecto”, la Procuraduría alega que la decisión no tiene soporte técnico.
“Es preocupante que la empresa no esgrima un solo argumento técnico que sustente los cambios de experiencia, disminuyendo en un 70% la que está relacionada con los metros cúbicos de concreto convencional y en un 28% el área mínima de sección”, sostiene la Procuraduría en el documento que conoció EL COLOMBIANO, luego de precisar que la empresa hizo el ajuste a petición de una de las firmas interesadas en asumir el cierre del proyecto. También se cuestiona el requisito de experiencia en construcción de presas con altura mínima de 65 metros.
Respecto a la asegurabilidad del contrato y el proyecto, la Procuraduría le pregunta a EPM por la contratación de un seguro “Todo Riesgo Construcción” que la empresa sostuvo estar gestionando. Pregunta el órgano de control, en este sentido, cuáles han sido los avances al respecto, así como detalles sobre el monto y la cobertura.
En cuanto al empalme, la Procuraduría reitera que el contrato con el consorcio CCC Ituango concluyó el pasado 30 de noviembre, por lo que EPM deberá allegar el protocolo de empalme que, según respuesta de la misma empresa, será adelantado por su cuenta debido al vencimiento del plazo mencionado.
El órgano, finalmente, le recomienda a EPM estudiar la posibilidad de suspender el proceso de adjudicación “hasta tanto se resuelvan de fondo las inquietudes presentadas en este y otros oficios”. Además, insta a la prestadora de servicios a publicar estas precisiones en el Secop II y en las plataformas de contratación estatal correspondientes en efectos del principio de publicidad.
Cabe recordar que este requerimiento tiene lugar después de que un solo consorcio se mostrara interesado en asumir el cierre del megaproyecto. Así se conoció el 7 de diciembre pasado, día en que cerró la recepción de ofertas, cuando EPM confirmó que al proceso solo se presentó el Consorcio Ituango PC-SC, integrado por la firmas chinas Yellow River y Power China Internacional y la colombiana Schrader Carmargo S.A.S.
Las tres empresas, según un informe al que tuvo acceso este diario, presentaron una oferta avaluada en $991.043 millones. Además, según el mismo documento, el Consorcio CCC Ituango, que estuvo al frente del proyecto durante más de una década, se abstuvo de pujar por la megaobra.
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