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Procuraduría reprogramó la audiencia de conciliación por Hidroituango

  • El proyecto hidroeléctrico está ubicado en el Norte de Antioquia y podrá suplir el 17 % de la demanda energética nacional. FOTO: ESTEBAN VANEGAS
    El proyecto hidroeléctrico está ubicado en el Norte de Antioquia y podrá suplir el 17 % de la demanda energética nacional. FOTO: ESTEBAN VANEGAS
20 de noviembre de 2020
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La Procuraduría 222 Judicial para Asuntos Administrativos de Medellín reprogramó, una vez más, la audiencia de conciliación por surtir la reclamación de EPM por Hidroituango que estaba programada para este lunes 23 de noviembre.

Justificó que en la fecha señalada no era posible celebrar la audiencia, por lo que quedó para el viernes 11 de diciembre a las 9:00 a.m. Es el segundo aplazamiento de la audiencia que fue fijada, por primera vez, para el pasado 19 de octubre.

Lea acá: Las razones de EPM y lo que sigue en el millonario pleito por Hidroituango

Cabe recordar que el pasado 10 de agosto EPM anunció que pediría $9,9 billones a las firmas que participaron en el diseño, construcción, interventoría y aseguramiento de Hidroituango por los perjuicios ocasionados tras el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), hecho que marcó el comienzo de la actual contingencia en la obra (28/04/2018).

Según informó la empresa, tras revisar 1.230 registros documentales identificó que el consorcio diseñador (Generación Ituango, compuesto por Integral y Solingral S.A.), el consorcio constructor (CCCI, integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H) y el consorcio interventor (Ingetec-Sedic) conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto que había problemas para cumplir con la entrada en operación comercial de las unidades de generación.

Le puede interesar: Procuraduría instala mesas de trabajo por conciliación de Hidroituango

El consorcio hizo un llamado a EPM en agosto para que “reconsidere la decisión inicial y retire las pretensiones formuladas”.

De no lograrse la conciliación, esta sería la demanda más alta interpuesta por una entidad de derecho público en contra de un contratista en Colombia.

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