En vilo quedó la decisión sobre la libertad de los once líderes campesinos del Suroeste antioqueño que se oponen al proyecto minero Quebradona y que están imputados por los presuntos delitos de secuestro simple y hurto agravado.
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El representante de la Fiscalía pidió que se les imponga medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria como medida cautelar mientras se desarrolla el juicio. Los hechos que habrían configurado las presuntas conductas punibles sucedieron en medio de la oposición que ambientalistas y habitantes han sostenido desde hace por lo menos quince años contra la posible explotación de cobre, oro y plata, a cargo de la multinacional AngloGold Ashanti.
Tras una demanda penal instaurada por la AngloGold y otros dos particulares, ya la Fiscalía había hecho el sustento de su petición y fue apoyada por el representante de la Procuraduría, de manera que en la diligencia prevista para este lunes a partir de la una de la tarde estaba programado el alegato de los defensores de los labriegos y, luego, el anuncio de la decisión del juez.
Sin embargo, luego de cuatro horas de exposición, el representante de la judicatura anunció a las 5:11 p.m. que suspendía la jornada y que el resto quedaba pendiente para el lunes 16 de junio a las 10 a.m.
El fin de semana, tanto la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU como la Defensoría del Pueblo emitieron mensajes pidiendo garantías procesales para estas personas y que las conductas por las que se les juzga sean interpretadas en el marco de un conflicto socio-ambiental, como es la lucha de una comunidad por preservar recursos naturales como el agua.
La argumentación de la Fiscalía para pedir que se les diera casa por cárcel como medida cautelar se basa en varios elementos básicos: uno es la continuidad de las conductas, pues relató que se dieron nueve episodios entre los años 2022 y 2023 en los cuales se habría retenido a particulares y sacado bienes que eran propiedad de la AngloGold. Además, estaría el desmonte de plataformas de exploración que estaban montándose en predios de privados.
Un factor adicional es que cuando esto ocurrió, dijo la Fiscalía, quienes cometieron los presuntos ilícitos habrían portado armas blancas, como machetes y zurriagos y, para completar, estaría el riesgo de que al darse cuenta de quiénes han declarado contra ellos, asuman retaliaciones.
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Este lunes; sin embargo, parte de la estrategia de los abogados que representan a los once imputados partió de argumentar que el caso que se juzga no se pueden tomar de manera aislada sino como expresiones de un conflicto socio-ambiental, el mismo término que empleó la Defensoría. Además, se esforzaron por mostrar que no se trata de delincuentes, sino de líderes sociales con amplio reconocimiento.
Fuera de eso, señalaron una supuesta parcialización de la representante de la Fiscalía, pues, según dijeron, basó su imputación y la petición de detención preventiva en 40 entrevistas de las cuales 31 correspondían a 19 trabajadores, otras cuatro de funcionarios de la Agencia Nacional Minera con intereses en que se desarrolle el proyecto de Quebradona, y a habitantes con los cuales la empresa ha suscrito contratos de servidumbre. Pero, en cambio, no habría escuchado a los imputados, aunque estos se pusieron a disposición para dar su versión.
Para los defensores, los momentos realmente relevantes a tener en cuenta son tres, no nueve: Uno de ellos fue el del 13 de diciembre de 2023, cuando un grupo de campesinos desmontó una plataforma de exploración. Pero según dijeron, el propósito no era robarla, sino entregarla en la Alcaldía.
Los otros eventos fueron del 10 de diciembre de 2023, cuando una mujer dijo haber sido retenida, y el 2 de mayo de 2022, en que trabajadores de la AngloGold dieron una versión similar acerca de cuando estaban en un predio que corresponde a la reserva forestal donde nacen varios acueductos veredales. Para ambas fechas, los defensores mostraron videos con el fin de sustentar que ni los campesinos pretendían secuestrar a nadie ni tenían condiciones objetivas para hacerlo.
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Sobre el supuesto uso de armas blancas, coincidieron en que se estaría haciendo una discriminación de la indumentaria propia de los campesinos, pues lo común es que estos en sus faenas diarias usen el machete y el zurriago, los cuales en los episodios descritos, aunque los llevaban, no fueron utilizados en contra de nadie.
