Los hechos por los que este lunes, 26 de mayo, podrían ser afectados con prisión domiciliaria once campesinos del suroeste antioqueño, si un juez avala la petición de la Fiscalía, se remontan a los años 2022 y 2023, en el marco de las protestas de habitantes del común y ambientalistas contra la explotación minera llamada Quebradona, de propiedad de la multinacional AngloGold Ashanti.
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En noviembre de 2022 y en otra ocasión en diciembre de 2023, grupos de campesinos y activistas en defensa del agua, entre los que estarían los once que este lunes se juegan su libertad bajo cargos de secuestro simple y hurto calificado, penetraron a dos terrenos particulares en las veredas Vallecitos y La Soledad, en límites de Jericó y Támesis, y desmontaron a la fuerza dos plataformas que según ellos estarían sirviendo para labores exploratorias de la AngloGold.
Estas infraestructuras, dicen personas cercanas a este movimiento en contra de la minería, se habrían hecho de manera subrepticia a pesar de que la compañía se habría comprometido a realizar socialización previa de sus acciones en este territorio.
Y aunque por ese hecho hoy los señalan de haber incurrido en hurto agravado, la fuente también asegura que ellos no se apropiaron de las plataformas sino que las tomaron y se las entregaron a la Policía.
Los cargos de secuestro simple tendrían que ver con una ocasión, en 2022, cuando siete u ocho hombres ingresaron al predio Lusitania, que es una reserva de propiedad del Municipio de Jericó por ser el sitio de la bocatoma del acueducto de Palocabildo.
Según integrantes del movimiento ambientalista, se trataría de personas cercanas a la minera, los cuales fueron conminados a que explicaran qué estaban haciendo y quién los había autorizado, y ante la falta de respuestas satisfactorias, los habrían hecho esperar a que llegara la Policía para esclarecer la situación.
“No los agredieron y ni siquiera los amarraron o nada por el estilo, simplemente les dijeron que se estuvieran quietos; pero ahora están diciendo que fueron secuestrados y es justo cuando la AngloGold tiene afán de que le renueven el título”, apuntó la fuente.
Por esos motivos inicialmente la compañía instauró querellas ante las autoridades locales y en abril pasado entabló una denuncia penal, apoyada por terceras personas que alegan haber sido víctimas en medio de las protestas.
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Desde hace cerca de dos meses, los grupos que se oponen a la mina han hecho plantones y se declararon en asamblea permanente. Este lunes también había una movilización de apoyo a los campesinos en las previas de la diligencia donde se podría definir si quedan libres o bajo detención domiciliaria en tanto avanza el proceso penal.
