La ONU y la Defensoría del Pueblo pidieron que la justicia les dé garantías procesales a once campesinos opositores al proyecto minero de Quebradona cuya libertad o cárcel será decidida este lunes en una audiencia ante un juzgado de Jericó.
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Los labriegos fueron imputados por la Fiscalía por los presuntos delitos de secuestro simple y hurto calificado debido a hechos que sobrevinieron en medio de las protestas que tuvieron lugar entre 2022 y 2023 con el fin de evitar que la multinacional AngloGold Ashanti avance con una explotación de cobre, plata y oro en un área rural en los límites de Jericó y Támesis.
“Llamamos a las autoridades a que se observen las garantías procesales y de derechos humanos en el caso de 11 líderes campesinos defensores del medio ambiente, detenidos en el marco de protestas ambientales en su municipio”, escribió este domingo la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia en su cuenta de X.
El mensaje coincidió con otro llamado en el mismo sentido hecho por la Defensoría del Pueblo, en el que manifiesta su preocupación por el manejo judicial que se le está dando a un conflicto de raíces sociales y ambientales.
“Esta situación no puede entenderse de manera aislada ni exclusivamente bajo una óptica penal. Se enmarca, de forma clara y contundente, en un conflicto socioambiental estructural que ha marcado la vida del municipio durante las últimas décadas”, dice la Defensoría en un comunicado en el que recuerda varias advertencias que ha hecho acerca de los posibles impactos sobre las comunidades de una minería sin control.
A la vez apunta que los hechos por los cuales están siendo judicializados estos habitantes “no pueden ser separados del contexto que los motiva: la defensa colectiva y legítima de un territorio frente a una actividad impuesta y percibida como amenazante”.
Fuera de eso, destacó que se trata de personas sin antecedentes violentos cuyo único interés ha sido la protección del agua, la vida y su territorio.
“El derecho penal no debería ser usado como herramienta de represión frente al ejercicio de la defensa de derechos fundamentales y colectivos. Esto, además, entra en conflicto con los principios del Acuerdo de Escazú, que en su artículo 9 exige a los Estados garantizar un entorno seguro para quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales”, puntualizó la Defensoría.
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El punto de partida de este proceso judicial fue la demanda que interpuso la AngloGold a finales de abril pasado. Aunque en un principio se habló de que era por acontecimientos sucedidos dentro de un plantón y protestas recientes, luego la compañía aclaró que era por hechos acontecidos entre 2022 y 2023.
La Fiscalía ha pedido que los once campesinos, entre los cuales hay uno de 85 años, sean cobijados con medida privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria. La decisión al respecto sería tomada en la diligencia que está programada para comenzar a partir de la 1:00 de la tarde de este 26 de mayo, en el Juzgado Promiscuo de Jericó.
Concretamente, se mencionaron nueve incidentes, entre estos unos de finales de noviembre de 2023, cuando un grupo nutrido de personas habría irrumpido -de manera violenta, según la empresa- en un predio de la vereda Vallecitos, en el corregimiento Parocabildo, donde empleados de la AngloGold realizaban el montaje de una estructura para la construcción de plataformas de explotación minera.
No obstante, voceros ambientalistas de la zona insisten en que su movimiento que lleva más de una década siempre ha sido pacífico y que la AngloGold ha tratado de criminalizar su protesta.
