Las declaraciones del alcalde Daniel Quintero ayer en diferentes medios de comunicación, para que los contratistas paguen los costos por los daños causados en Hidroituango tras la contingencia ocurrida el 28 de abril de 2018, podrían llevarlo ante instancias judiciales.
Quintero afirmó que los contratistas utilizaron materiales de baja calidad en la ejecución de las obras y cambiaron los diseños, entre otros juicios relacionados con el proyecto.
El consorcio CCC Ituango, responsable de la construcción de Ituango calificó estas afirmaciones como falsas y aseguró que “ha actuado con la mayor diligencia dando cumplimiento a las obligaciones contractuales asignadas por Empresas Públicas de Medellín (EPM), ciñéndose fielmente a las instrucciones impartidas y a los diseños entregados por dicha entidad en su calidad de entidad contratante, actuando siempre bajo la estricta supervisión de la Interventoría también designada por EPM”.
Para CCC, es claro que se ha actuado con profesionalismo y transparencia y el mismo fallo de la Contraloría General “ha señalado públicamente que en nuestro caso, no existen actos de corrupción”.
De ahí el rechazo hacia los juicios del alcalde en los que los compara con contratistas “que han incurrido en graves delitos, pues con tales afirmaciones afecta injustificadamente nuestro buen nombre y reputación”.
Por ejemplo, en el caso de Conconcreto se ha registrado una disminución del valor de sus acciones en un 25%.
El consorcio CCC aseguró, por lo tanto, que utilizará todas las herramientas que le concede la ley en sus diferentes instancias y reafirmó su compromiso para seguir cumpliendo a cabalidad sus obligaciones.
Se retracta o demanda
Justo ayer, la firma de abogados Fabio Humar, que representa a Conconcreto, radicó ayer ante la Alcaldía de Medellín un derecho de petición para que el mandatario explique por qué afirmó en la emisora W Radio que los contratistas constructores le habían bajado la calidad a los materiales de la obra, a los hierros y a los pernos, habían cambiado los diseños y tomado decisiones irresponsables.
En el documento se le solicitan al alcalde las pruebas que tiene de que esos materiales destinados a la construcción de la obra fueron de menor calidad a la estipulada en el contrato, o que no cumplen con las normas técnicas exigidas para cada uno de ellos. También se le insiste, si conociendo esa posible situación, se le comunicó al interventor o si puso en conocimiento de las autoridades tales hechos, por tanto se le pide la relación de las respectivas denuncias.
El abogado Humar le explicó a este diario que el alcalde debe soportar con pruebas sus afirmaciones. Y tiene dos caminos, según el jurista, que el alcalde rectifique la información si no tiene las pruebas, o que acuda a instancias judiciales, “porque me corresponde interponer acciones penales para que responda por el delito de injuria y calumnia”
