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El alcalde Daniel Quintero demostró ayer que se jugará a fondo para que desde el Congreso se tramite una ley que les permita a alcaldes y gobernadores participar en política, justamente la razón por la que fue sancionado y apartado del cargo durante 42 días por la Procuraduría en el marco de la campaña presidencial, en la que apoyó abiertamente al hoy presidente electo Gustavo Petro.
Y para ello se valió de la cercanía que tiene con el Partido Liberal y sus aliados políticos el senador antioqueño Juan Diego Echavarría, y el representante cordobés Andrés Calle, quienes radicaron ayer la iniciativa en el Congreso que busca reglamentar la participación política de los servidores públicos en Colombia.
En redes sociales trascendió que, incluso, hay quienes ya están refiriéndose a esta propuesta como la “Ley Quintero”. Y en el anuncio que hizo Calle en Twitter sobre la radicación, el alcalde de Medellín fue uno de los etiquetados.
Citado por Telemedellín, Quintero argumentó que en muchos países esta restricción no existe e incluso advirtió que la prohibición hace referencia a la fuerza pública pero que “sobre funcionarios elegidos popularmente la ley no es clara”.
Y antes de acudir al Congreso para la radicación se había referido a su interés de que una ley en ese sentido prospere. “Colombia es la única democracia en la que está prohibido que un político haga política”, les dijo a los alcaldes de otras ciudades capitales en el encuentro de Asocapitales que tuvo lugar en Bogotá, a la que iría Gustavo Petro pero de la que se excusó por encontrarse enfermo.
Al respecto, el analista político Fredy Chaverra opinó que una reglamentación en este tema es necesaria, en tanto que los funcionarios y en cargos de elección popular siguen siendo actores políticos y siempre van a tener preferencias por determinado candidato. Esto, porque también buscan que sus programas de cuatro años se consoliden en los gobiernos sucesores.
Sin embargo, Chaverra aclaró que la posibilidad de participar en política podría estar más enfocada en expresar opiniones con libertad sobre los candidatos de preferencia, porque esto podría hacer más transparente el debate e impedir que se hagan movidas bajo cuerda. Asimismo, considera que es fundamental establecer los límites respecto al uso del aparato del que disponen en sus cargos para hacer campaña por un tercero, ya sea con desviación de recursos públicos o contratación amañada