El traslado de 159 investigadores del CTI de Medellín hacia otras ciudades marca un retroceso en el trabajo interinstitucional que la Alcaldía viene realizando en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia y significa un quiebre en la armonía y la coordinación que debe existir entre la instancia municipal y los organismos judiciales.
Así lo consideran varios analistas del conflicto urbano que, igual que la Alcaldía, expresan preocupación debido a que en lugar de fortalecer los procesos de lucha contra el crimen, se diezman.
La Administración, a través de su vicealcalde de Gobernabilidad, Luis Fernando Suárez, expresó su molestia por la decisión de la Fiscalía General.
“Conocimos la Resolución 0636 del 28 de julio, que reubica unos empleos de la planta de cargos de la Fiscalía General de la Nación, esto implica la salida de un total de 159 investigadores del CTI, personal con funciones de Policía Judicial que estaban asignados a unidades como hurtos, homicidios, el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, entre otras”, informó el vicealcalde y calificó el hecho de “muy preocupante” porque puede estancar los procesos que ellos adelantan.
Suárez advirtió que respeta la decisión de la Fiscalía, pero adelantó que pedirá al ente una revisión de la medida, que no se compadece con los esfuerzos hechos por la Administración en seguridad: “Pedimos no privilegios, sino un trato equitativo con la ciudad”.
Mala señal
Para Diego Herrera Duque, presidente del IPC (Instituto Popular de Capacitación), la resta de los fiscales “debilita el tema de la política criminal”, ya que para enfrentar la delincuencia se requiere un nivel de coordinación, articulación y eficacia muy alta de los distintos entes (Fuerza Pública, investigadores judiciales, ejecutivo y órganos de prevención) “y si no se articulan, se debilitan los resultados”.
Advierte que además del homicidio, hay delitos como la extorsión, el desplazamiento, el reclutamiento de menores y las desapariciones que requieren niveles de investigación muy altos para lograr eficacia y eso se va a resentir.
Max Yuri Gil, investigador de la Corporación Región, advierte que la decisión es una mala señal para la sociedad, “que pone la esperanza en las herramientas institucionales, la Policía y la Fiscalía, para combatir el crimen y si un organismo no funciona, el mensaje es negativo y desvirtúa el esfuerzo de los últimos años de tratar de controlar los fenómenos de la criminalidad”.
Gil cuestiona los resultados de la Fiscalía en los Objetivos de Alto Valor, porque siente que cuando cae un delincuente de alto perfil es reemplazado por otro, y que incluso los capturados pagan penas irrisorias y delinquen desde la cárcel, pero aún así advierte que restando funcionarios “se lesiona la capacidad de lucha contra el crimen”.
El concejal Juan Felipe Campuzano, crítico de la manera como se lucha contra la inseguridad, dice que el traslado “va en contravía de lo que buscamos, que es seguridad”.
Añade que en los debates del Concejo se plantea la necesidad de más fiscales especializados, pero en vez de traer más, se llevan los que hay, “y eso es un mensaje muy negativo para la ciudad”.
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