Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá tomará este viernes la que podría ser, hasta ahora, la decisión más trascendental en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Deberá resolver si envía o no a prisión a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el funcionario de más alto perfil imputado en este proceso.
En una audiencia virtual, la fiscal delegada María Cristina Patiño solicitará la medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar que González fue uno de los presuntos líderes de la red criminal que saqueó los recursos públicos destinados a la atención de emergencias.
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El exdirector ya fue imputado por los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. De todos se declaró inocente. No obstante, no compareció de forma presencial: participó de manera virtual desde el extranjero, lugar en el que permanece desde hace varias semanas, sin que se conozca su paradero exacto.
Frente a esta situación, la fiscal Patiño aclaró que no procede declarar la contumacia, ya que la audiencia de imputación ya se llevó a cabo y González está formalmente vinculado al proceso.
“No cabe esa figura porque aquí ya hubo audiencia de formulación de imputación. Hoy, Carlos Ramón González está procesalmente vinculado a la actuación”, precisó.
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González, quien también se desempeñó como director de la Dirección Nacional de Inteligencia y es cercano al presidente Gustavo Petro desde su militancia en el M-19, es señalado por la Fiscalía como una figura clave en una red de corrupción que habría desviado millonarios recursos destinados a la atención de emergencias
Según testimonios de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, González habría ordenado el pago de sobornos a congresistas, incluyendo a los entonces presidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, ambos ya detenidos, para asegurar el apoyo a reformas gubernamentales.
Carlos Ramón es señalado de, presuntamente, haber abusado de su cargo para afectar el patrimonio público, ordenando a sus subalternos ejecutar actos ilegales destinados a comprar apoyo político en el Congreso mediante sobornos. De acuerdo con el expediente, habría diseñado una estructura con roles específicos asignados según la jerarquía de cada colaborador.
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A Sandra Ortiz, por ejemplo, le habría encomendado “aceitar” a su amigo y entonces presidente del Senado, Iván Name, para garantizar respaldo legislativo al Gobierno. Según la acusación, Ortiz entregó $3.000 millones de pesos a Name a cambio de su “apoyo” en el Capitolio.
Por lo anterior, hay expectativa por la decisión judicial de este viernes, no solo por su impacto en el caso más sonado de corrupción del actual gobierno, sino porque marcará un precedente clave: si el poder y la cercanía con el Ejecutivo pueden seguir siendo usados como escudo frente a la justicia, o si, esta vez, habrá consecuencias reales.
