Pese a esto, comunidad teme que el territorio quede en un limbo jurídico.
Aunque los gobernadores de Chocó, Jhoany Carlos Palacios Mosquera, y de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, mantienen sus reclamos sobre un territorio en Urabá, acordaron garantizar la prestación de servicios públicos.
El pacto, que se alcanzó ayer en una reunión en la sede de la Procuraduría General de la Nación, fue recibido con alivio por los habitantes de Belén de Bajirá, Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente, territorios que reclaman los dos departamentos.
Henry Chaverra, uno de los líderes del movimiento en favor de que ese territorio pertenezca a Chocó, manifestó su satisfacción sobre el acuerdo en materia de servicios públicos, para no afectar a los habitantes del territorio.
Sin embargo, afirmó que “la postura de la Procuraduría no me parece que sea la más adecuada, teniendo en cuenta que estamos en un Estado Social de Derecho en el que no se permite una dualidad administrativa (dos autoridades que gobiernen sobre un mismo territorio)”.
Agregó que “el Gobierno Nacional nos quiere seguir teniendo con la duplicidad administrativa y sin identidad, quiere que se siga invirtiendo por parte de Antioquia y por Chocó. Así llevamos 17 años en los que ninguno de los dos ha hecho absolutamente nada”.
Por tal razón, sostuvo, que acatan y respetan lo acordado en la Procuraduría, pero no lo comparten porque se continuará con la misma situación de abandono.
Yanet Córdoba, docente de la institución educativa Belén de Bajirá, que depende de Antioquia, destacó el pacto.
“Nosotros esperábamos algo así, ahora el gobernador Pérez tiene vía libre para seguir invirtiendo”, señaló la educadora.
Agregó que “la Gobernación de Antioquia tiene a Belén de Bajirá dentro de su plan de inversiones, lo que no sucede con la Gobernación de Chocó”.
No obstante, señaló que esto no es suficiente para darles tranquilidad a los pobladores de la región porque el temor es que Belén de Bajirá siga en un limbo jurídico durante otros 10 o 15 años.
Palacios y Pérez se reunieron por iniciativa del procurador general Fernando Carrillo.
Los gobernadores “reafirman el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Belén de Bajirá, bajo el principio fundamental según el cual las diferencias sobre criterios limítrofes departamentales no pueden impactar en las condiciones de vida de los pobladores”, manifestaron las partes en un comunicado.
Agregaron que “con articulación de la Procuraduría General de la Nación realizarán sesiones de trabajo en las que participen autoridades departamentales y nacionales, en las que se ventilen temas relacionados exclusivamente con la continuidad, sostenibilidad y fortalecimiento de los servicios públicos que deben prestarse en dicho sector”.
Los mandatarios señalaron que esto no significa que desistan de su aspiraciones jurídicas sobre la zona en disputa.
