La presidenta de la Asociación de Víctimas y Reclamantes Tierra y Paz, Ayineth Pérez Galán, fue amenazada de muerte, por lo que varias organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos rechazan el hecho y exigen garantías y respeto por la vida de la líder social.
Según las denuncias, el hecho en el que Pérez Galán fue intimidada ocurrió el pasado 10 de noviembre. Ese día, a las 5:30 a.m., un hombre, con casco y tapabocas negro que se transportaba en una moto sin placas, tocó a la puerta de la residencia donde ella vive en la región de Urabá con su esposo y sus hijos y le dijo estas palabras: “Señora Ayineth, tiene 48 horas para renunciar a Tierra y Paz”.
Las organizaciones que denuncian el caso recuerdan que la organización Tierra y Paz históricamente ha defendido a las víctimas del conflicto en sus procesos de reclamación de tierras, “y en los últimos años, en cabeza de Ayineth, ha apoyado activamente la implementación del Acuerdo de Paz, la documentación de casos para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad-CEV, en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y en la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Señalan que en la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), la líder Pérez Galán, junto a otros miembros de la organización, son víctimas acreditadas en el caso 04 sobre la Situación Territorial del Urabá y en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, debido a la comparecencia de miembros del Fondo Ganadero de Córdoba.
Por estos antecedentes y procesos que vive la funcionaria, ella recibe protección de parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP.
Las organizaciones firmantes del comunicado recuerdan que la presidenta de la Asociación de Víctimas y Reclamantes de Tierra y Paz ha sido amenazada en diferentes ocasiones, hechos que se empezaron a presentar después de que asumió la presidencia de este organización en el año 2019.
“En este contexto de criminalización a los y las líderes sociales, es urgente y necesario que las autoridades competentes brinden las condiciones necesarias para que pueda permanecer en su territorio y ejercer su labor con plenas garantías. Exigimos a las autoridades competentes se investigue el hecho para determinar los posibles responsables y garantizar la seguridad e integridad física de ella, su familia y el proceso organizativo de la asociación Tierra y Paz”, puntualiza el comunicado.
El documento lo firman la Asociación Tierra y Paz, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Red nacional de Agricultura Familiar (Renaf), Solsoc de Bélgica, el Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI), FOS-Belga, Antisindical de la Agroindustria y la Alimentación de Colombia, la Corporación Aury Sara Marrugo, la Corporación Colectivo Intersindical de la Salud Ocupacional (Coiso), Sintraimagra y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
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