Las líneas de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Antioquia han registrado cerca de 100 denuncias por casos de violencia contra niños y adolescentes en lo corrido de 2015. Ese dato, para Luz Yaneth Forero, directora de esa institución en el departamento, no deja de ser una pequeña muestra de una problemática que, según dice, está marcada, entre otras dificultades, por el subregistro y por la complejidad de identificar agresiones diferentes a la violencia física.
“La situación del departamento, que es grande y complejo, no es distinta a la que estamos viendo en el contexto nacional. En lo que va corrido del año sí hemos registrado aproximadamente 100 denuncias de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Esas violencias tienen demasiadas formas y la que más reconocen las personas es la violencia física y la violencia sexual, pero hay otras formas, como la violencia sicológica o la violencia que se deriva de negligencia y descuido, que también son importantes pero socialmente no se identifican”, dice Forero.
Es justamente la denuncia de esos otros tipos de violencia uno de los frentes en que más camino queda por recorrer. Para la directora del Icbf en Antioquia es necesario trabajar para que también se asuman como agresiones, por ejemplo, limitaciones al libre desarrollo de la personalidad de los niños, a su capacidad de decisión o la no provisión de cuidados básicos y de acceso a derechos, como la salud y la educación.
Sin embargo, en la primera línea permanecen las agresiones que dejan huellas y lesiones físicas y que, según Forero, están asociadas a otras violencias. “Esas formas de violencia no vienen solas, con la violencia física siempre hay una violencia sicológica asociada, ellas se complementan. Por ejemplo, una violencia sexual tiene inmersa de entrada violencia física y violencia sicológica”, dice la funcionaria.
El caso de Medellín
Al cerrar la lupa sobre el caso de Medellín, la situación pone de presente el impacto que tiene la violencia urbana sobre la situación de derechos humanos de los niños y adolescentes.
Según cifras de la Personería de Medellín, en 2014 se presentaron en la ciudad 243 reportes de desapariciones de menores de 18 años. En 197 casos los niños aparecieron vivos, dos aparecieron muertos y los 46 restantes continúan desaparecidos.
Además, en 81 casos de desplazamiento intraurbano como consecuencia del conflicto hubo víctimas menores de edad.
Para el personero, Rodrigo Ardila, esas cifras indican que la protección de los derechos de esa población no puede responder exclusivamente a episodios concretos que exaltan a la opinión pública.
Señala el caso de la masacre de cuatro niños en Caquetá como un ejemplo para explicar que el debate suele plantearse ante la ocurrencia de ese tipo de hechos y luego parece quedar en el olvido.
“No puede ser el caso de Caquetá el que dispare la protección, pues debe ser de manera continua y permanente. Ese es un caso que llega a los extremos y para el que esperamos sanciones ejemplares. Sin embargo, todos nos tenemos que articular en contra de los delitos contra los menores”, dice el personero.
Por otra parte, la Personería registró 894 casos de violencia sexual contra menores de 18 años. En la mayoría de ellos, los agresores hacen parte del entorno familiar de los niños abusados.
Ese panorama, a juicio de Ardila, no necesariamente indica que existe un aumento en las agresiones, pues la tendencia en relación con años anteriores permanece estable.
Al respecto, Luz Yaneth Forero, directora regional del Icbf, sostiene que no necesariamente el aumento en las denuncias representa un crecimiento real en el número de agresiones. Dice que hace 15 años, cuando tomó fuerza el llamado a la denuncia de la violencia contra los menores, se percibió un aumento considerable en las cifras. A su juicio, “socialmente se está registrando una visibilizacción del fenómeno, hay un esfuerzo por hacerlo visible, porque se reconozca que existe”.
Sin embargo, sostiene que la estadística no puede ser la única herramienta para guiar las acciones que buscan proteger los derechos de los menores, pues un solo caso es relevante e indica que se deben dinamizar las rutas integrales de atención. “La atención integral es un concepto bastante amplio, - dice Forero- pero esperamos que por lo menos las víctimas tengan atención en justicia, salud y protección”.
Regístrate al newsletter