Las llamas se propagaron como un virus por la ladera del imponente cerro Quitasol, en el municipio de Bello, entre el 8 y el 11 de agosto de 2020. El fuego arrasó con el bosque, y para contenerlo se requirió el esfuerzo combinado de 16 bomberos, nueve socorristas de la Defensa Civil, 16 uniformados del Ejército y el apoyo de la Fuerza Aérea con un helicóptero equipado con una canasta de agua.
Con la vegetación tostada y la humareda aún bramando dentro del pasto negro, la secretaria de Seguridad Daniela Ortega sentenció: “Los incendios no fueron producto de hechos naturales, sino con fines criminales, se produjeron para la venta ilegal de lotes y su posterior invasión”.
Advirtió que “no permitiremos ninguna construcción ilegal, judicializaremos a todo el que llegue con materiales de obra y se intente apoderar de esos lotes. Estaremos demoliendo toda construcción que no cumpla los requisitos”.
La urbanización ilegal en Bello es un fenómeno que entró en auge en esta década, pero en los últimos tres años se disparó de la mano de las bandas criminales, que encontraron en ese negocio un lucrativo ingreso financiero.
Estas organizaciones, tal cual ha venido denunciando EL COLOMBIANO, utilizan su poder armado para copar territorios y mapear lotes, que son vendidos a personas de escasos recursos, por precios que llegan hasta los $15 millones. También suelen venderles los materiales, que adquieren en depósitos por medio de la extorsión a sus dueños.
En muchos casos, estos ranchos o casas son erigidos en sitios considerados como reserva forestal o áreas protegidas, por su biodiversidad. Tal es el caso del cerro Quitasol que da sombra al costado occidental del municipio.
Luis Fernando Saldarriaga, director de Espacio Público de la localidad, explicó que la ocupación de las laderas de esa montaña es bastante grave, en particular en los sitios que colindan con la zona urbana. “Eso está por todos los lados, pero sobretodo uno encuentra esas construcciones en la parte alta del barrio El Mirador, en Niquía Camacol y Bellavista”, comentó.
El funcionario indicó que el problema se observa en otras cumbres distintas al Quitasol, como en La Camila, Nuevo Jerusalén, Araucarias y la parte alta de la urbanización Amazonía. “Los combos se apoderan de esos sectores, hacen las quemas, dividen los lotes y los venden mediante actos de compraventa”, dijo.
Fuentes de la Policía indicaron a este diario que las bandas más involucradas en ese negocio son “los Chatas”, “Niquía Camacol”, “la Camila” y “Pachelly”, que delinquen desde los años 90 en el norte del Valle de Aburrá. Los ingresos que les deja esta actividad se suman a los del narcotráfico, la extorsión, sicariato, lavado de activos y pagadiario, entre otros.
De acuerdo con Saldarriaga, son frecuentes los recorridos en los que encuentran ranchos levantados en el bosque, los cuales son desmantelados de forma manual.
En respuesta a un cuestionario enviado por EL COLOMBIANO, la Secretaría de Seguridad bellanita afirmó que este año también se han demolido otras edificaciones e invasiones no autorizadas “en predios de propiedad del Municipio de Bello, en sitios como: Tierradentro, Niquía, La Camila, Villa Linda, Guasimalito, El Tapón y Panamericano”.
En agosto, en el barrio Santa Ana, sector Serramonte, incautaron elementos de construcción e intervinieron algunas excavaciones, en las que desconocidos pretendían erigir viviendas.
Y la semana pasada, en una revisión rutinaria para chequear los efectos de la temporada de lluvias, los técnicos de la Oficina de Gestión del Riesgo encontraron más construcciones invasivas en los sectores Girasoles, Potrerito, San Martín y Molinares.
