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Gustavo Ospina Zapata | Publicado el 12 de marzo de 2021
La Organización Indígena de Antioquia, OIA, declaró la emergencia humanitaria de la población indígena del departamento a raíz de la difícil situación que atraviesa la etnia en los distintos territorios de esta sección de Colombia.
En defensa de su dignidad, la organización afirma que los grupos armados los tienen sometidos a una condena a muerte en zonas como el Bajo Cauca, el Occidente, Urabá y el Suroeste.
Dichos grupos armados, asegura la OIA, “se disputan el control de nuestros territorios, interesados en el mantenimiento de sus economías, las cuales requieren de la comisión de delitos que la oficialidad no juzga, zonas de estas subregiones tituladas a la explotación aurífera, el narcotráfico, la extracción de recursos naturales, materias primas, para un desarrollo económico que solo deja muerte, empobrecimiento para las comunidades habitantes ancestrales de estos territorios”, dice la organización en su manifiesto.
Alexis Espitia, coordinador del programa de Derechos Humanos de la OIA, explicó que se declara la emergencia humanitaria porque una figura mucho más profunda y contundente que las simples alertas sobre la situación que vive el departamento.
“Les exigimos al gobierno departamental y al nacional que activen la ruta necesaria para atender esta crisis que vivimos los resguardos del departamento, que se activen la rutas de protección necesarias a la vida y las comunidades que están en riesgo altísimo de exterminio físico y cultural”, subrayó.
Los últimos territorios indígenas afectados por la violencia y el desplazamiento han sido Murindó y Frontino, donde se han registrado combates entre el Eln y las AUG. En Murindó un menor de edad perdió una pierna víctima de una mina antipersona.
“Los desplazamientos gota a gota y asesinatos selectivos son una constante. Confinamientos y constreñimientos son también lo normal. Se nos impide salir a partir de cierta hora de nuestras casas, la amenaza es la ley y las opciones que tenemos al alcance son las que nuestros verdugos nos imponen, cuya presencia se justifica en virtud del ataque y la contención de los actores armados, unos contra otros. El reclutamiento forzado no es la excepción”, afirma el lamento de los indígenas.
La denuncia sostiene que en el Atrato Medio y el Occidente profundo se vive la situación más grave. Allí, guerrilleros del Eln vienen sembrando minas antipersona en las partes altas de los ríos, en particular en el municipio de Murindó, embarcaderos, caminos y cultivos de pancoger.
“Lamentablemente, han sido activadas por muchos de nuestros comuneros, en Murindó, en Dabeiba y en Frontino, algunos de los cuales han fallecido, mientras otros han padecido mutilaciones que son tanto más restrictivas en la medida en que en sus entornos se adolece de los apoyos materiales que facilitarían sus vidas”.
Los indígenas aseguran que los grupos en conflicto también les envían mensajes de terror, escritos y audios, donde les dan instrucciones del comportamiento adecuado por asumir, cuyo incumplimiento implica sanciones que, en muchos casos, han cobrado la vida de varios indígenas.
Fenómenos como los cultivos de coca y la minería ilegal ganan terreno, mientras el reclutamiento forzado y los desplazamientos masivos van en aumento.
Ante la gravedad de la situación, que dicen no ser capaces de resolver ellos mismos, la OIA exige al gobierno departamental adoptar las medidas necesarias para superar la grave situación de emergencia humanitaria, social, económica y cultural de los pueblos Embera Eyábida, Embera Chamí, Embera Dóbida, Gunadule, Senú y Nutabe.
También convocan a las entidades de derechos humanos, las organizaciones sociales y la comunidad internacional para que actúen como garantes y veedores para la superación de la situación y el envío de misiones humanitarias a Murindó, el Bajo Cauca, la Blanquita (Frontino), Dabeiba e Ituango.
En La Blanquita, afirman, hay 63 líderes indígenas sufriendo problemas de confinamiento y riesgo de desabastecimiento alimentario de sus familias y comunidades.
Gustavo Vélez, consejero de Derechos Humanos y Paz de la Onic (Organización Nacional Indígena del Cauca), señaló que la declaratoria siembra preocupación, por lo cual “hacemos un llamado a las instituciones de nivel nacional e internacional para que las comunidades indígenas sean atendidas, porque hay desplazamientos, combates y asesinatos en territorios que son de gente de paz y buen vivir”, como los de los indígenas.
Periodista egresado de UPB con especialización en literatura Universidad de Medellín. El paisaje alucinante, poesía. Premios de Periodismo Siemens y Colprensa, y Rey de España colectivos. Especialidad, crónicas.