El proyecto de sometimiento a la justicia de bandas criminales, que es una de las 13 pruebas de la Fiscalía contra el ex secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, empezará el trámite ordinario en el Congreso la próxima semana.
El proyecto, cuyo borrador se elaboró en Medellín, busca el sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales, como “La Oficina de Envigado” y “El Clan del Golfo”. El mismo contempla penas alternativas de privación de la libertad, que van desde 2 años hasta un máximo de 12 años, la última de las cuales corresponde a los delitos de lesa humanidad.
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La ponente será la senadora del Centro Democrático Paola Holguín, quien le dijo a EL COLOMBIANO que es “un gran proyecto” y que desde que le enviaron el borrador, se entusiasmó mucho. “Lo analicé y me gustó”.
“Estamos acabando de pulir la exposición de motivos, le hicimos algunas modificaciones y Dios mediante yo espero poder radicar el proyecto la otra semana”, confirmó Holguín.
En la redacción de ese borrador participaron Juan Alejandro Gaviria y Diego Gaviria Vélez (sobrino y tío). Ambos actuaban como defensores de Mariano Humberto Zea Ospina, un exguerrillero que, según la Fiscalía, habría estado involucrado con Gustavo Villegas en un presunto concierto para delinquir, por promover y favorecer a “La Oficina de Envigado”.
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Sobre la captura de Villegas, la senadora Holguín le dijo a EL COLOMBIANO:
“Mejor dicho, deme la bienvenida a la cárcel que me toque, porque fui a esa reunión, y lo volvería a hacer mil veces. Primero, porque cuando se hizo esa cosa de La Habana, pidieron que se realizara esto (el proyecto de sometimiento y acogimiento). Y dos, porque creo que es la única alternativa. Me parece que esto lo tiene que explorar la institucionalidad. Uno no puede dejar que venga el bandido y le proponga”.
¿Qué dice el proyecto?
Según sus creadores, el proyecto se inspiró en los acuerdos de La Habana con la guerrilla de las Farc.
El artículo 4 consagraría el beneficio de la alternatividad, “consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la Justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización”.
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Posteriormente, el artículo 27 establecería, de ser aprobado en el Congreso, que quienes acepten haber cometido concierto para delinquir simple o agravado; fabricación, porte o tenencia de armas de fuego o municiones de uso personal o privativo de las Fuerzas Armadas; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y extorsión, tendrían “una pena privativa de la libertad de 24 a 48 meses de prisión, con derecho al subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena”.
Quienes hayan cometido delitos diferentes, tendrían una pena alternativa de privación de la libertad efectiva, entre 48 y 96 meses de prisión.
Por su parte, quienes hubieren cometido delitos de lesa humanidad, (que a la luz del Estatuto de Roma incluyen asesinatos, torturas, violaciones, desplazamiento forzado, entre otros) la pena alternativa oscilaría entre 96 y 144 meses.
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Abogados que también aportaron ideas para la elaboración de ese borrador le dijeron fuera de micrófonos a EL COLOMBIANO que para darle viabilidad jurídica al sometimiento y acogimiento de las organizaciones criminales se precisaría que el Ministerio de la Defensa, a través de una Directiva, divida a las Bacrim y reconozca que unas tienen fines políticos. Esa decisión, a su turno, permitiría que las organizaciones criminales tuvieran cabida en la Justicia Especial de Paz que se creará en virtud del Acuerdo de La Habana.
Las mismas fuentes explicaron que dicho acuerdo, firmado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, les abrió una ventana de oportunidad a las organizaciones criminales para que ayudaran también a construir la paz.
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