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Procuraduría pide a la Fiscalía investigar delitos ambientales por tala de árboles para bloquear vías en el paro
Esta práctica ha generado indignación en ciudadanos y ambientalistas.
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Según el gobernador de Antioquia, en el marco del paro han tumbado más de 20 árboles. FOTOS Manuel Saldarriaga
A los problemas de orden público, los confinamientos y la escasez de alimentos y hasta medicamentos por cuenta del paro que completa 15 días en el Bajo Cauca antioqueño, se suman daños ambientales que la Procuraduría le pidió a la Fiscalía investigar, que tendrían que ver con la tala indiscriminada de árboles para bloquear vías.
El Ministerio Público le pidió al ente acusador que inicie las investigaciones correspondientes para determinar los delitos ambientales que se hayan cometido en medio del paro minero, investigación que también debe incluir acciones como la destrucción del acueducto de Tarazá por parte de grupos armados ilegales, lo que dejó sin agua potable a los habitantes del municipio.
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Justamente, la tala de árboles para bloquear vías, por ejemplo, ha causado indignación porque algunas especies podrían ser especies maderadas protegidas o cumplir unas funciones ecosistémicas específicas por la edad, las características o la ubicación.
Incluso, se han conocido publicaciones en redes sociales con las fotografías de troncos de árboles de distintos tamaños usados para impedir el paso de vehículos y personas por las carreteras.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, sostuvo que van más de 20 árboles tumbados para atravesarlos en las vías de zonas del paro.
Por ello, en el oficio que el Ministerio Público le dirigió al fiscal Francisco Barbosa, a través de la Delegada de Asuntos Ambientales y Agrarios, sugirieron también iniciar diligencias preliminares por la tala indiscriminada de árboles centenarios en la vía que conduce de Tarazá a Caucasia.
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Además, se pide investigar otros posibles delitos ambientales que se haya podido presentar y que afectan a las comunidades y los ecosistemas.
Por lo pronto, se espera que los mineros y las autoridades lleguen a un acuerdo alrededor de las peticiones que están haciendo, mientras que la fuerza pública sigue acompañando a la ciudadanía para garantizar la movilidad y el abastecimiento de alimentos e insumos de toda índole.
