Fuentes cercanas al caso informaron que el sobrino, Sergio Alexánder Tamayo Mesa, conocido con los apodos de “Álex Mentiras” o “Álex Chata”, fue arrestado este 20 de abril de 2026 en el municipio de San Vicente; mientras que el lugarteniente Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”) cayó en Copacabana.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

De izquierda a derecha: Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”), Sergio Alexánder Tamayo Mesa (“Álex Mentiras”) y, en el recuadro, Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”). Fotos de cortesía.

Ambos son cabecillas históricos de la organización criminal “los Chatas”, originaria de Bello, la cual delinque también en Itagüí, Barbosa, Copacabana, Girardota, el Norte y el Nordeste de Antioquia.

Este grupo se dedica al narcotráfico, la extorsión, el sicariato, la urbanización ilegal de lotes, corrupción de servidores públicos, minería ilegal y lavado de activos, entre otros negocios.

La banda además está integrada a “la Oficina”, la confederación del crimen organizado del Valle de Aburrá, lo que le da influencia sobre decenas de combos de los barrios.

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La pistola Glock con adaptaciones para usar como subametralladora, que le encontraron a “Álex Mentiras”. Foto cortesía de Policía.

El golpe fue dado por agentes de la Sijín y comandos especiales de la Policía, en el marco de la Operación Doble Eje, los cuales allanaron dos escondites de los peces gordos, encontrando dos pistolas, dos escopetas, dos armas traumáticas, municiones de diferentes calibres y $5’000.000 en efectivo.

A los policías les llamó la atención que a una de esas armas, una pistola Glock 9 milímetros, adaptaron dispositivos de disparo en ráfaga, mira táctica y culata de fusil, para usarla como una especie de subametralladora.

Sobre alias “Jonás”, de 47 años, el reporte oficial del caso indica que tiene “una trayectoria criminal de aproximadamente 25 años (…). Ejercía dirección estratégica del componente criminal, con control del narcotráfico y administración de rentas ilícitas estimadas en cerca de $2.000’000.000 mensuales”.

Y en cuanto a “Alex Mentiras”, de 46 años y con una carrera ilegal de dos décadas, que “su cercanía y vínculo directo con alias ‘Tom’ le permitían ejercer mando decisorio, direccionando actividades delictivas y coordinando mandos medios dentro de la estructura”.

Alias “Jonás” es uno de los jefes históricos de “los Chatas” y principal hombre de confianza de “Tom”. Foto cortesía de Policía.

Los dos ya habían sido capturados en 2016, y tras pasar algunos años en prisión cumpliendo una pena por concierto para delinquir, regresaron a las calles a continuar su trabajo ilícito.

La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de armas, los cuales negaron en la audiencia de control de garantías.

Esta no es la primera vez que familiares y lugartenientes de los voceros de la mesa de la cárcel de Itagüí son judicializados por la presunta comisión de delitos.

En julio de 2025 fueron detenidos el hijo, la exesposa y uno de los lugartenientes de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”). Aunque un juez les otorgó la libertad mientras avanza el proceso, están inmersos en un expediente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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El Inspector.

Con esta frase, pronunciada en la noche de este lunes 13 de abril por el presidente Gustavo Petro, el Gobierno respondió al escándalo provocado el pasado 8 de abril, cuando varios de los voceros de las bandas criminales del Valle de Aburrá, que participan en una mesa de paz con la Casa de Nariño, se involucraron en una parranda vallenata dentro del establecimiento de máxima seguridad de Itagüí.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La parranda en la cárcel de Itagüí fue amenizada por el vallenatero Nelson Velásquez. Fotos de cortesía.

El jefe de Estado hizo el comentario durante una reunión televisada con miembros del gabinete, en la cual estaba hablando de temas de orden público y narcotráfico.

De acuerdo con las denuncias de dos concejales de Medellín, Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, la fiesta tuvo un valor cercano a los $500 millones y el motivo fue la celebración del inminente regreso a la libertad de uno de los voceros de las bandas, Sebastián Murillo Echeverry (“Lindolfo”).

“Él está solicitando la libertad por cumplimiento de pena de las tres quintas partes que le impusieron de 18 años por un homicidio. Esto, a razón de una reforma con la que es posible que alguien pida redención de condena por tres días de trabajo por dos de pena, y en ese orden de ideas, ‘Lindolfo’ alega que la presencia que ha hecho en la mesa de los diálogos sociojurídicos se le debe conmutar como trabajo”, dijo Carrasquilla, quien en el pasado fue directora de Fiscalías de Crimen Organizado.

El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín le dictó a Murillo Echeverry la sentencia de 18 años y seis meses de cárcel el 27 de septiembre de 2018, tras avalar un preacuerdo que él realizó con la Fiscalía, en el que a cambio de una rebaja de penas aceptó los cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y ocultamiento y destrucción de prueba.

Sebastián Murillo Echeverry, alias “Lindolfo”, condenado por homicidio y otros delitos. Foto de Julio César Herrera.

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Luego de la parranda, en la cual participaron decenas de personas, con licor y supuestas prostitutas de por medio, el Gobierno anunció la suspensión de la mesa de paz. Además fueron suspendidos siete funcionarios del Inpec, que al parecer permitieron el ingreso ilícito de esa gente y del trago.

Tras el anuncio de Petro, queda establecer a quiénes afectará dicha sanción. Algunos voceros de la mesa indicaron que no participaron en la fiesta, entre ellos José Leonardo Muñoz Martínez (alias “Douglas”).

Con la decisión, la confianza en la mesa de paz queda más golpeada todavía, y con la incertidumbre de si alcanzarán a retomarse los diálogos antes de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

En la cárcel de Itagüí fueron congregados 23 representantes del crimen organizado del Valle de Aburrá, desde 2023, con el propósito de llegar a acuerdos para disminuir la violencia y desarmar a las más de 400 bandas que delinquen en la región.

Sin embargo, los avances han sido mínimos, en parte porque el Gobierno no ha presentado el proyecto de ley para el sometimiento de bandas, tras el hundimiento en la primera legislatura del mandato de Petro.

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El Inspector.

Se trata de Jorge Iván Gómez Restrepo, “el Toco”, señalado cabecilla de la banda ‘el Coco’, en cuya contra había una orden de arresto vigente por los crímenes de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

La Policía tenía en la mira a Jorge Iván Gómez Restrepo (“el Toco”) desde 2018, tardaron ocho años en capturarlo. Foto cortesía de la Policía.

La investigación fue adelantada por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), que durante varios meses le siguieron la pista al sospechoso, quien se movía de manera frecuente entre la capital antioqueña, la Costa Caribe y República Dominicana.

Hasta que lo ubicaron en la noche de este lunes 6 de abril, en una finca de lujo del municipio de San Roque, valorada en 2.500 millones de pesos. En el procedimiento fueron incautadas dos escopetas Remington, ocho celulares, un computador y una cédula con una identidad falsa. Estaba en compañía de varios allegados, quienes no fueron detenidos.

Fuentes judiciales contaron que Gómez Restrepo ingresó al mundo delincuencial a finales de los años 90, en la banda ‘el Coco’, que delinque en la frontera de las comunas de La América y San Javier, en el occidente de Medellín.

Allí estuvo involucrado, presuntamente, en actos de sicariato, extorsión, tráfico local de narcóticos, amenazas y desplazamiento forzado, entre otras conductas. De hecho, en 2018 fue incluido en el cartel de los más buscados de la ciudad.

Se ganó la confianza del jefe de la organización, Julián Alberto Jiménez Monsalve (“Julián Machete”), con quien ascendió en la jerarquía delincuencial hasta terminar de cabeza, al parecer, en negocios transnacionales de narcotráfico.

Esta es la finca de $2.500 millones de pesos en la cual fue capturado “el Toco”, en San Roque, Antioquia.

La Policía rastreó sus viajes a Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y La Guajira, así como a República Dominicana, donde presuntamente coordinaba el despacho de cargamentos de cocaína a través de los puertos.

Una de las líneas investigativas apunta a comprobar si tenía nexos con Zulma Musso Torres (“la Patrona”), una influyente matrona en el mundo criminal de la Costa Atlántica.

La mujer heredó los contactos para el narcotráfico transnacional de las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (ACGM), gracias a que su hermano Jairo Musso Torres (“Pacho Musso”) fue el subcomandante.

Estuvo al frente del negocio entre 2006 y 2022, cuando se entregó a la DEA en México, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.

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Esta situación convirtió a “el Toco” en un objetivo prioritario para las autoridades, en especial desde que el gobierno de Estados Unidos inició un despliegue militar en el mar Caribe en septiembre de 2025, con el propósito de frenar a punta de misiles y artillería el paso de las lanchas cargadas del alcaloide.

Una de las rutas que los estadounidenses pretenden desmantelar es la que parte del Caribe colombiano, pasa por Venezuela, República Dominicana y Las Bahamas, con destino final en el estado de Florida.

A la fecha, la Fuerza Naval de EE.UU. ha lanzado 47 ataques contra embarcaciones, en los cuales han muerto 147 tripulantes, según la Fundación Insight Crime.

En el marco del seguimiento, los agentes se enteraron de que “el Toco’” tenía seis hijos, aunque no los veía con mucha frecuencia; uno de ellos es cantante y DJ.

En Colombia se transportaba en camionetas blindadas 4Runner y Prado, y solía contratar a un chef famoso para que le cocinara tanto a él como a su jefe, “Julián Machete”. También se documentaron algunos de sus encuentros con influenciadoras de redes sociales y modelos antioqueñas.

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La diferencia de aspecto entre el momento de la captura de “el Toco” y su foto del cartel de los más buscados. Cortesía de Policía.

“En 2018, en mi primera alcaldía, incluimos a ‘Toco’ en el cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. Fuimos contundentes: de ocho cabecillas priorizados, siete cayeron. Él se escondió durante siete años, se movió, intentó burlar a la justicia… pero aquí no soltamos a los criminales. El 6 de abril de 2026 saldamos ese pendiente”, celebró el alcalde Federico Gutiérrez.

Por su parte, el director de la Policía, general William Rincón, expresó que “alias ‘Toco’ es un criminal con más de 25 años de trayectoria delictiva, vinculado al Clan del Golfo y a redes de narcotráfico en Estados Unidos y Europa. Su rol articulaba estructuras locales con redes transnacionales, consolidando un engranaje criminal que hoy empieza a desmoronarse”.

Agregó que “desde el Urabá y los principales puertos del Caribe, este cabecilla coordinaba el envío de hasta 3 toneladas mensuales de cocaína en lanchas Go Fast y contenedores. Además, dinamizaba homicidios, desplazamientos forzados y extorsión en el Valle de Aburrá, afectando directamente la seguridad de nuestras comunidades”.

En las audiencias de control de garantías, el juzgado legalizó el allanamiento y la captura; la Fiscalía imputó cargos por concierto para delinquir y desplazamiento forzado, por los cuales Gómez Restrepo se declaró inocente.

Actualmente avanza la discusión entre las partes para definir el tipo de medida de aseguramiento que le impondrán.

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El Inspector.

El objetivo de los matones fue Ómar Alexánder Ortiz Montoya, alias “Roña”, uno de los líderes históricos de la banda “el Pesebre”.

Ómar Alexánder Ortiz Montoya, alias “Roña”, fue asesinado en el barrio Blanquizal de Medellín. Fotos de archivo y cortesía.

El crimen sucedió el 22 de enero de 2026 en el barrio Blanquizal, a las 00:20 de la madrugada.

De acuerdo con la indagación preliminar de las autoridades, “Roña” estaba departiendo con otras personas en las afueras de un establecimiento comercial, cuando fue sorprendido por el homicida, quien salió caminando de un callejón cercano.

Se aproximó a la víctima, le puso el cañón de la pistola calibre milímetros detrás de la oreja izquierda, y apretó el gatillo. Luego lo remató con otros disparos en la cara.

Uno de los proyectiles se desvió del blanco e impactó al mecánico Mateo Álvarez Puerta, de 28 años, quien estaba reunido con sus amigos afuera de su taller de motos, a pocos metros de distancia del lugar del ataque.

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La bala se incrustó en su cuello, y aunque los allegados lo trasladaron a un hospital, no fue posible salvarle la vida.

“Roña”, de 48 años, murió en el sitio. De acuerdo con su prontuario, era desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y uno de los líderes de la banda “el Pesebre”, encargado de coordinar las operaciones delincuenciales en el barrio Blanquizal.

Tenía antecedentes penales por extorsión (2013), abuso de confianza (2017) y desplazamiento forzado (2015, 2020 y 2023).

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Fue lugarteniente de Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), el fundador y comandante de la organización, quien actualmente es vocero de las bandas criminales del Valle de Aburrá en la mesa de diálogos sociojurídicos con el gobierno de Gustavo Petro, instalada en la cárcel de Itagüí.

De hecho estaba junto a él cuando lo capturaron en 2013 en una finca de Urrao, Antioquia, durante una reunión de cabecillas de “el Pesebre”; pero mientras a su jefe se lo llevaron preso, a él lo liberaron porque carecía de orden de captura.

La muerte de “Roña” podría tratarse de un reacomodo de las fuerzas internas en la banda. Mientras “Carlos Pesebre” está en prisión, la comandancia recae sobre “Julián Machete”, cuya jefatura al parecer genera resistencia entre otros líderes, según fuentes policiales.

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El Inspector.

Se trata de Rubén Darío Giraldo Villada, alias “don Ramón”, el tercer cabecilla de ese grupo que mataron en menos de un año. ¿Quiénes fueron los otros?

Rubén Darío Giraldo Villada, alias “don Ramón”, fue asesinado en una vía pública de Medellín. Fotos de archivo.

De acuerdo con el reporte policial, el crimen ocurrió a las 8:00 p.m. del 19 de enero de 2026. La familia de la víctima contó que un amigo suyo apareció en la vivienda del barrio Granizal, y “don Ramón” salió con él en una motocicleta Yamaha NMax.

Condujo hasta la carrera 48B con la calle 97 del barrio Santa Cruz, en un sector conocido como San Nicolás. En ese punto dejaron parqueada la moto y luego los vecinos escucharon el bullicio de una riña, seguido por disparos.

Aún no se ha esclarecido si el agresor fue el supuesto amigo que lo recogió en la casa, o una tercera persona. Lo cierto es que, cuando la patrulla de la Policía llegó al sitio alertada por los vecinos, encontraron a Giraldo Villada tendido en el asfalto.

En la inspección al cadáver le contaron 26 heridas de puñal en el pecho y la mano derecha, así como tres orificios de bala en el cráneo.

En un principio el hecho fue reportado como una presunta riña por intolerancia, pero cuando los investigadores revisaron las bases de datos judiciales, el caso tomó otro rumbo.

“Don Ramón”, de 45 años, figuraba como integrante de la cúpula de la banda criminal “San Pablo”, que delinque en el nororiente de Medellín, dedicada al sicariato, las extorsiones, el desplazamiento forzado, la urbanización ilegal de lotes y el narcotráfico.

Giraldo tenía investigaciones abiertas por amenazas (2015), falso testimonio (2016), desplazamiento forzado (2021) y extorsión (2015, 2016 y 2023). De hecho, había sido capturado el 29 de abril de 2014 y pasó una temporada en la cárcel.

Así fue la escena del crimen en el sector San Nicolás. “Don Ramón” murió en el lugar de los hechos. Cortesía de Denuncias Antioquia.

El finado fue lugarteniente del jefe histórico de “San Pablo”, Adiel Fabián Covaleda Guzmán (“Adier”), un paramilitar desmovilizado que fue asesinado por sicarios el 19 de mayo de 2025, en una casa de ese mismo sector de San Nicolás.

Dos días antes, 17 de mayo de 2025, acribillaron a otro cabecilla de la facción: Ariel Gonzalo Figueroa Cetré, alias “Mi Nay” o “Conspire”, de 43 años. Estaba en un restaurante del barrio Aranjuez con una mujer, cuando llegó un hombre y le apuntó con un arma de fuego.

Le propinó un disparo inicial, pero la víctima forcejeó, recibiendo más balazos después. El incidente, que quedó registrado en una cámara de seguridad, fue reportado en ese momento como un intento de atraco, aunque parece más relacionado con ajustes de cuentas.

Ahora la hipótesis que siguen los investigadores sobre la muerte de “don Ramón” no tiene que ver con una riña callejera, sino con una pugna interna por el poder en la banda.

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El Inspector. 

El colombiano, conocido en el bajo mundo como “Yiyo” o “William”, está en poder del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por su sigla en inglés), desde el pasado 24 de junio, cuando acudió a su sede de Miami para renovar su estatus migratorio.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el poster sobre alias “Yiyo” que publicó la oficina en Florida del Partido Republicano, en la red social X. Foto cortesía de @FloridaGOP.

López se entregó a la DEA en 2009 y, luego de firmar un acuerdo de culpabilidad, fue condenado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a ocho años de cárcel por cargos de narcotráfico, homicidio, conspiración para obstruir a la justicia, ofrecimiento de sobornos a policías para filtrar información sobre operaciones de la DEA, y conspiración para apoyar a una organización terrorista internacional (las Autodefensas Unidas de Colombia).

La mayoría de la sentencia la pagó en el Metropolitan Correctional Center, de Manhattan. Luego fue enviado a una celda transitoria de migración, y su defensa le presentó un alegado a la corte, indicando que si lo deportaban a Colombia, podría ser asesinado debido a su cooperación con las agencias de seguridad de EE.UU.

El abogado invocó la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU (1987), y un juez le dio la razón.

“Yiyo” salió en libertad en julio de 2016 y se quedó a vivir en Nueva York con una Visa Parole, que le concede un estatus de protección temporal, el cual debe ser renovado cada año.

Al parecer estaba en ese trámite de renovación en Miami, cuando fue retenido por los agentes de ICE.

Bajo las nuevas políticas del presidente Donald Trump, todo migrante extranjero que tenga antecedentes penales es candidato para la deportación.

LA CÁRCEL PARA MIGRANTES
La detención fue confirmada por su abogada, la precandidata presidencial Sondra Macollins, quien también representó hace poco al excapo del Cartel de Medellín, Carlos Lehder, hoy libre en Colombia.

“En los siete años que ha estado en libertad, no ha infringido la ley, ni siquiera que se haya pasado un semáforo en rojo”, dijo la jurista en la emisora La W, y agregó que “Yiyo” presentará otra vez un recurso judicial para evitar su regreso a Colombia.

Su situación se complicó cuando entró en una lista de candidatos a ser trasladados a la cárcel Alligator Alcatraz, inaugurada hace un mes para retener a los inmigrantes próximos a la deportación.

La oficina del Partido Republicano en Florida publicó su foto en su cuenta oficial de X, el pasado 7 de julio, en un poster titulado “Los archivos de Alligator Alcatraz, alojando lo peor de lo peor”.

Allí apareció reseñada su reciente captura, con algunos de los cargos por los que ya fue condenado.

El centro de detención migratorio fue construido en los Everglades de Florida, un gigantesco humedal en el que viven caimanes, serpientes y otros depredadores, lo que le ha dado un aura de terror a ese lugar, con capacidad para 5.000 internos.

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EL PRONTUARIO CRIMINAL
López Cardona es desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Auc (2005) y luego fue uno de los cabecillas de la organización mafiosa “la Oficina”, que delinque en el Valle de Aburrá y tiene redes internacionales de narcotráfico y sicariato.

En 2009, cuando figuraba en el cartel de los más buscados de Medellín, decidió someterse a la justicia de EE.UU. Huyó a Costa Rica, donde abordó un avión de la DEA, y a cambio de la sentencia pequeña que recibió, se comprometió a brindar información.

Entregó una lista de 122 policías corruptos que trabajaban para “la Oficina”, según fuentes cercanas al proceso, y sirvió de enlace para el sometimiento a los gringos de un narco asociado al grupo, Luis Fernando Castaño, alias “Botija” o “la Firma”.

Este hombre pagó seis años por narcotráfico en EE.UU. y volvió a Medellín en 2016. Fue asesinado por sicarios el 22 de enero de 2018, cuando conducía una camioneta por una vía de El Poblado.

Este homicidio podría ser uno de los argumentos de la defensa de “Yiyo” para solicitar que no lo deporten, pues se expone al mismo destino.

Aunque por su militancia en las AUC y “la Oficina” participó en muchas muertes, López solo aceptó cuatro en el estrado de Nueva York, ejecutadas entre 2003 y 2007.

Dos de sus víctimas eran informantes de la DEA, Jéfferson Gastanera y un delincuente apodado “Sánchez”, ambos acribillados en Medellín. El otro fue Jéferson Martínez López (“Omega”), mano derecha del comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”), quien murió a balazos en Copacabana, Antioquia (2006).

Y el cuarto caso fue el más relevante: la muerte de uno de los máximos jefes de las AUC, Vicente Castaño Gil, en una finca de Nechí (2007).

Hasta ese lugar llegaron los matones de “la Oficina” y agentes corruptos del Gaula, y al verse rodeado, Castaño se suicidó dentro de un baño disparándose en la cabeza, según versiones de exparamilitares. Los criminales descuartizaron el cadáver, demolieron el baño y arrojaron los restos y los escombros al río.

En Colombia, “Yiyo” era investigado por concierto para delinquir y secuestro extorsivo, pero los expedientes quedaron inactivos cuando se entregó a la DEA.

PREOCUPACIÓN ENTRE CAPOS
El caso de López es un campanazo de alerta para otros antiguos paramilitares, narcos y jefes de bandas que se quedaron en EE.UU. después de pagar sus condenas allá.

Muchos viven como ricos, en condominios de lujo y con carros deportivos, administrando las fortunas que les dejó la cocaína y eludiendo a la justicia colombiana.

Entre ellos están Juan Carlos Sierra (“el Tuso”), Guillermo Pérez Alzate (“Pablo Sevillano”) y Miguel Mejía Múnera (“el Mellizo”), de las AUC; Carlos Mario Aguilar (“Rogelio”), de “la Oficina”; Óscar Pulgarín Gañán (“el Señor de los Caballos”), del Clan del Golfo; Andrés Flórez (“Florecita”), del cartel del Norte del Valle; y los hermanos Javier y Enrique Calle Serna (“los Comba”), de “los Rastrojos”, por citar algunos casos.

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El Inspector.

La acción judicial fue ejecutada este lunes 9 de junio por parte de la Fiscalía Sexta de la Unidad Nacional de Lavado de Activos y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), y en el recuadro Juan Pablo Taborda (“Yordi”). Fotos de cortesía.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la investigación comenzó en 2021, con el rastreo de dinero, los testaferros y bienes inmuebles asociados a la banda delincuencial.

La captura de “Yordi” se produjo en una vivienda de la ciudad de Armenia, donde le encontraron varios artículos de santería, una práctica pagana a la que se entregó hace varios años.

En el Valle de Aburrá fue detenida Diana Olaya, exesposa de “Douglas”; su hijo Daniel Muñoz Olaya, quien también tiene orden de captura, no estaba en su residencia al momento del allanamiento y las autoridades están en su búsqueda.

En el mismo procedimiento fueron apresadas Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, la viuda y una hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro líder de la organización, quien fue asesinado en Medellín el 7 de marzo de 2024.

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En la cárcel de Itagüí, donde está recluido, la Fiscalía le notificó a “Douglas” que le imputará el cargo de lavado de activos, al igual que a los demás capturados.

Vale la pena recordar que Muñoz Martínez está pagando una condena de 32 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

La apertura de un nuevo expediente en su contra genera expectativas de cara a la mesa de paz entre el Gobierno Nacional y las bandas urbanas del Valle de Aburrá, de las cuales “Douglas” es uno de sus princpiales voceros en la actualidad.

Esta no es la primera vez que sus familiares resultan inmersos en causas penales por lavado de activos. Por ese delito también fueron procesados en el pasado su segunda esposa, Diana Marcela Olaya Galeano, y su hermano Gerardo Muñoz Martínez.

A este golpe contra “la Terraza” se suma la reciente captura de Matías Álvarez Tabares (“Keiler”), otro de los cabecillas, quien precisamente está investigado por el asesinato de su exsocio “Pichi Gordo”.

La Policía lo arrestó el pasado mes de marzo en una casa de lujo en la vereda Llano Grande, en el municipio antioqueño de Rionegro. Esa captura fue por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, debido a su coordinación del combo “el Faraón”, que administra plazas de vicio en el nororiente de Medellín.

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El Inspector.

El cabecilla de la banda “San Pablo” fue víctima de sicarios, en un ataque en el cual resultó herido un expolicía corrupto que lo acompañaba.

Adiel Fabián Covaleda Guzmán, alias “Adiel” o “Adier”, paramilitar desmovilizado y jefe de bandas de Medellín. Foto de archivo.

De acuerdo con el reporte judicial, el crimen se presentó a las 9:00 p.m. del 19 de mayo de 2025, en una vivienda del sector San Nicolás, en el barrio Villa Guadalupe de Medellín.

En ese lugar había una reunión de cuatro hombres, cuando llegaron varios sicarios y les dispararon. Covaleda, de 48 años,  recibió los impactos en la cara, mientras que a su acompañante Juan David Duque Arenas, de 42, lo alcanzó un tiro en el pecho.

Ambos fueron llevados a la Unidad Intermedia de Santa Cruz, donde el cabecilla murió y Duque Arenas sobrevivió. Este último fue policía durante siete años, hasta que en 2008 lo destituyeron y después estuvo preso por participar en un robo.

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“Adiel” era uno de los jefes históricos de la mafia en Medellín. A finales de los años 90 fue uno de los coordinadores paramilitares al servicio de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) en el Valle de Aburrá y en 2003 se desmovilizó con el bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Luego asumió el mando de la organización de “San Pablo”, una confederación de combos con base de operaciones en la comuna 1 de Medellín (Popular) e hizo parte de la cúpula de “la Oficina”, la principal mafia del área metropolitana. Ordenó asesinatos, extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, secuestros y toda clase de delitos contra la comunidad.

Fue capturado en 2o12 y condenado a seis años de prisión por concierto para delinquir. En 2017, cuando estaba a punto de salir en libertad condicional, la Fiscalía le imputó nuevos cargos por homicidio, extorsión y desplazamiento forzado.

Por esos hechos resultó condenado a 21 años de cárcel, sin embargo, volvió a las calles en 2021, mucho antes de lo esperado, por motivos que no han sido revelados.

Hace dos semanas fueron capturados 23 integrantes de “San Pablo”, en una investigación policial y de la Fiscalía, en la cual estaban por expedirle una nueva orden de arresto al cabecilla, según fuentes cercanas al caso. En dicho operativo detuvieron a varios de sus lugartenientes, como alias “Don Alex”, “Manigueto”, “Rigo”, “Colacho”, “Copas”, “Chamaco” y “el Burro”.

En cuanto al asesinato de “Adiel”, las autoridades le siguen la pista a dos hombres apodados “el Pecoso” y “el Plateado”, quienes al parecer fueron los autores materiales.

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El Inspector.

En el ataque sicarial, además, dos balas perdidas hirieron a un mecánico y a una barrendera, la cual falleció al poco tiempo en un centro médico.

En esta calle de Medellín se presentó el ataque sicarial contra John Jairo Mazo Paniagua, quien conducía la camioneta Toyota Hilux. Imagen de cortesía.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho se presentó al mediodía de este 6 de mayo de 2025 en el barrio Jesús Nazareno, en zona céntrica de la ciudad.

En una camioneta Toyota Hilux se movilizaba el comerciante John Jairo Mazo Paniagua, junto a su compañera sentimental. Cuando avanzaban por la carrera 55 con la calle 62, en cercanías a la Universidad de Antioquia, se aproximó una motocicleta con dos hombres vestidos de negro.

El pasajero descendió, caminó hasta la ventanilla del piloto y le disparó en múltiples ocasiones a Mazo Paniagua. Luego escapó con su compinche.

Dos de los proyectiles disparados atravesaron la cabina de la camioneta e impactaron a dos civiles que estaban en la acera contigua: el mecánico automotriz Jhon Arley Arcila Yepes, de 50 años, quien recibió el balazo en la pierna derecha; y la barrendera de Empresas Varias de Medellín, Flor María Mosquera Gamboa, a quien el tiro le penetró el tórax.

Flor María Mosquera Gamboa, la barrendera asesinada. Cortesía.

Los dos lesionados fueron llevados a la Policlínica Municipal, donde se registró el deceso de la mujer de 46 años y madre de tres hijos.

John Mazo, de 44 años, murió en la silla de conductor. Su pareja, quien de milagro salió ilesa del ataque, les contó a los investigadores que su cónyuge había sido policía de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), de la cual se había retirado hacía 15 años aproximadamente.

Al revisar la base de datos del sistema judicial, aparece que le incautaron un revólver en 2007 en el barrio Enciso; que en 2009 lo detuvieron conduciendo una moto robada, en el barrio Manrique Central; en 2015 lo arrestaron en el barrio Acevedo, cuando también andaba en un automóvil hurtado.

Además de esto, era investigado por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, presuntamente cometidos en 2020; así como por tráfico de estupefacientes (2018).

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Pero lo que más llama la atención es que actualmente era el testigo estrella de la Fiscalía en una investigación por supuesta corrupción contra varios policías.

El hecho que derivó en ese expediente sucedió el 11 de julio de 2024 en una finca de la vereda Encenillos, en el municipio antioqueño de Girardota. Hasta ese lugar llegaron cinco agentes del Grupo contra Atracos de la Sijín, adscritos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales simularon un allanamiento con una orden falsa.

Dentro del sitio encontraron a un adulto con una sobrina de 15 años, y se robaron una camándula avaluada en $40 millones de pesos y una subametralladora de calibre 9 milímetros.

Según la Fiscalía, al adulto le cobraron una extorsión de $20 millones de pesos a cambio de no llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia para que se llevara a su sobrina, a la cual señalaron de portar el arma. La víctima les pagó ese dinero.

Luego le pidieron otros $150 millones para no judicializarlo por porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Por estos hechos, el pasado mes de marzo fueron capturados y encarcelados el intendente Juan Francisco Mancilla Barbosa, los subintendentes Carlos Jiménez Noguera y Cristian Valencia Valencia, al igual que los patrulleros Jeisson Rolón Sepúlveda y Thyana Karina Rodríguez Melo. Todos se declararon inocentes, pero un juez los envió a prisión.

Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que una de las principales hipótesis de la muerte de John Mazo está ligada a esa investigación.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a la 1:00 p.m. del viernes 28 de marzo de 2025, en el establecimiento público ubicado en un mall del barrio Villagrande.

En este establecimiento comercial de Envigado fueron asesinadas la periodista María Victoria Correa Ramírez (recuadro) y su hermana. Fotos de Santiago Olivares Tobón y cortesía.

Allí estaba en una mesa la periodista María Victoria Correa Ramírez, de 70 años; su hermana María Norelia, de 75, y dos acompañantes más (otra hermana y un sobrino).

En ese momento llegaron cuatro hombres en dos motocicletas. Todos portaban cascos, y dos de ellos llevaban a sus espaldas el tradicional maletín de domiciliarios.

De acuerdo con el registro de una cámara de seguridad, uno de los falsos domiciliarios se aproximó a la mesa con una pistola y les apuntó a las comensales, pero el arma de fuego se le trabó. En segundos llegó el otro domiciliario en su apoyo y disparó contra las víctimas.

En el sitio murieron María Victoria y María Norelia; su hermana Berta resultó herida y el sobrino salió ileso.

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Los asesinos huyeron y abandonaron las motocicletas en dos sitios distintos de Envigado; luego abordaron taxis que los condujeron a la Terminal de Transportes del Sur, en la que finalmente tomaron un bus hacia la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, de donde había llegado dos días antes para ejecutar el crimen, según las pesquisas de la Policía.

Al día siguiente hubo un consejo de seguridad, en el que las autoridades ofrecieron $50 millones de recompensa por información que ayude a esclarecer el caso.

Como hipótesis, los investigadores sospechan que las hermanas fueron asesinadas para arrebatarles unas propiedades valoradas en $3.000 millones, las cuales al parecer estaban en proceso de sucesión.

En el Concejo de Envigado hubo un minuto de silencio por María Victoria Correa Ramírez y su hermana. La primera era periodista, destacada por el cubrimiento radial de temas de política y denuncia social.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a las 7:30 de la noche del 26 de marzo de 2025, en una calle del barrio Fátima, de Itagüí, adonde llegó el cabecilla con su cónyuge para visitar a una hermana.

Fabio Edisson Gómez Ruiz, alias “Riñón”, asesinado en el municipio de Itagüí (foto de su captura en 2009). Archivo.

Apenas terminaron la visita, salieron caminando por la calle 48 con la carrera 29, una zona con escasa iluminación, y allí fueron sorprendidos por el asesino, quien llegó a pie le propinó dos balazos en la cabeza al exconvicto de 52 años.

“Riñón” fue trasladado a la Clínica Antioquia, donde falleció por la gravedad de las lesiones. Gracias a la descripción de la comunidad, una patrulla de Policía alcanzó a capturar a un sospechoso del crimen, identificado como Erwin Orlando Newball Reyes, de 25 años, nacido en el municipio de San Antero (Córdoba), quien dijo ser obrero de construcción.

En sus días de apogeo criminal, Fabio Gómez llegó a ser el jefe de “Calatrava”, una de las bandas más poderosas del sur del Valle de Aburrá, con base de operaciones en el barrio del mismo nombre, en Itagüí.

Cuando se desató la guerra interna en “la Oficina” (2008-2011), se formó al lado del capo Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), convirtiéndose en uno de sus principales jefes de sicarios.

Fue capturado en 2009 en Barranquilla, y en ese entonces la Policía ya le atribuía su responsabilidad en al menos 120 homicidios, aunque solo fue condenado por dos, ejecutados en 2003. Lo sentenciaron a 17 años de cárcel, con un prontuario que no solo incluía asesinatos, sino también concierto para delinquir, extorsión, narcotráfico, amenazas, desplazamiento forzado y lesiones personales.

Estuvo preso hasta el pasado 21 de marzo, cuando salió de la cárcel de La Dorada (Caldas), y a los cinco días fue a visitar a su familiar, donde fue finalmente acribillado.

Los enemigos que cosechó a lo largo de su carrera se han ido vengando de su círculo cercano. En 2011 mataron a su hermano Juan Carlos Gómez Ruiz, un ingeniero de sistemas que conducía un automóvil por una vía del municipio de Sabaneta, cuando le dispararon. Y en 2012 unos sicarios en moto dejaron herido de un balazo a su hijo Marco Estiven Gómez Guerra, de 21 años.

La banda de “Calatrava”, que en el pasado estuvo unificada bajo el mando de “Riñón”, se fracturó en dos combos que a veces rivalizan, “el Plan de Calatrava” y “el Hueco de Calatrava”.

¿Quién dio la orden para borrarlo del mapa? La pregunta ronda por los corrillos del bajo mundo en Itagüí, sin que hasta ahora haya una respuesta.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a eso de las 7:30 p.m. de este martes 20 de agosto, en la calle 79 con la carrera 50 del barrio Brasilia, según el reporte preliminar de la Policía.

Ómar Mazo Monsalve había sido capturado en 2018 en una finca de Copacabana, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

Por esa vía se transportaba “don Ómar”, de 49 años, a bordo de una camioneta Toyota Hilux gris, cuando fue interceptado por desconocidos en motocicleta. Los delincuentes dispararon a través de la ventanilla del piloto, impactándolo en el pecho y en un brazo.

Varios ciudadanos auxiliaron a la víctima y la subieron a un taxi, que lo llevó a un centro médico, donde murió por la gravedad de la lesiones.

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En esta camioneta iba alias “don Ómar” cuando fue atacado por los sicarios, en el barrio Brasilia de Medellín. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Mazo Monsalve había sido capturado el 29 de agosto de 2018, por concierto para delinquir, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas. Estuvo menos seis años en la cárcel y regresó a las calles, donde encontró su sangriento final.

Fue cabecilla de la “Convivir del Bronx”, una banda delincuencial asociada a “la Terraza”, que controlaba el sector del Bronx en pleno centro de Medellín. Así se conoce un cuadrante ubicado en la avenida De Greiff (calle 53), entre las carreras 52 y 57, cerca de la Plaza de Botero y el Museo de Antioquia.

Su banda administra una lucrativa plaza de vicio, con cerca de 700 mendigos adictos que consumen a diario. También cobran extorsiones a los establecimientos comerciales y ejercían una brutal vigilancia ilegal que incluía golpizas y asesinatos de ladronzuelos.

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En compañía de su esposa, “don Ómar” compró varias de las propiedades que rodeaban el territorio de la banda, lo que le permitía tener un mayor control; entre ellas estaba el parqueadero El Bodegón, donde según el expediente solían secuestrar y torturar a jíbaros acusados de robarles la droga o las ganancias del negocio.

Aún es muy pronto para saber por qué mataron a Mazo Monsalve, pero en el bajo mundo es sabido que dentro de “la Terraza” hay una disputa desde hace varios años, en la cual unos cabecillas mandan a matar a otros para usurparles su poder. Antes de “don Ómar” fueron Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”) y Julián Alexánder Suárez Giraldo, apodado “el Enano”, el pasado 7 de marzo.

¿Quién controlará ahora la plaza de vicio de El Bronx, una de las más peligrosas y lucrativas de la ciudad?

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El Inspector.

Aunque aún se desconocen los móviles y autores, el crimen sucedió en medio de un escenario de alta tensión por una disputa criminal entre la banda “el Mesa”, el Clan Oriente y el Clan del Golfo.

En esta vivienda del sitio Alto del Perro, en la vereda Llanogrande de Rionegro, ocurrió la matanza. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, un grupo de diez hombres armados con fusiles de calibre 5.56 y pistolas irrumpió en una casa del sector conocido como el Alto del Perro, en la vereda Llanogrande, a las 7:30 p.m. de este martes 25 de junio.

Adentro acribillaron a siete personas, de las cuales seis fallecieron en el sitio y una más en un centro asistencial, posteriormente. Los asesinos escaparon en dos camionetas (una blanca y una negra) y dos motocicletas, en dirección a la vereda El Capiro, del vecino municipio de El Carmen de Viboral.

Rionegro, y en general el Oriente antiqueño, está siendo afectado por varios conflictos entre organizaciones criminales del Valle de Aburrá que buscan expandir allá su mercado de drogas, y facciones locales que defienden sus plazas de vicio a sangre y fuego.

Uno de los enfrentamientos más severos se da entre la banda “el Mesa”, originaria del municipio de Bello, y el Clan Oriente, una estructura heredera de las Autodefensas del Magdalena Medio.

Desde 2019 “el Mesa”, que ya tenía un amplio dominio en la distribución de drogas del Oriente cercano (Rionegro, La Ceja, El Retiro, La Unión, El Carmen de Viboral, Cocorná y Guarne), decidió expandirse hacia el Oriente lejano (Sonsón, Argelia, San Francisco, San Luis y Nariño). En esta zona hay una hegemonía tradicional del Clan Oriente.

La situación empeoró cuando este grupo estableció una alianza con el cartel narcotraficante Clan del Golfo, que en esa subregión ejerce presencia por medio del frente Gener Morales. Esta organización, de alcance transnacional, le exigió a “el Mesa” que desalojara el Oriente.

Ante la negativa, el cartel ordenó el asesinato de Edwin Fernando Morales Londoño (“el Crespo”), de 38 años y presunto coordinador de “el Mesa” en el municipio de Sonsón. Un sicario le propinó once disparos el 27 de mayo de 2o24, cuando manejaba un automóvil Renault rojo por una calle del barrio Buenos Aires, de Medellín.

En este carro se transportaba alias “el Crespo” por una calle del barrio Buenos Aires de Medellín, cuando fue acribillado por un sicario. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Según fuentes judiciales, “el Mesa” contraatacó a los tres días. El 30 de mayo mataron en el mall El Indio, ubicado en el barrio San Diego de Medellín (junto a la vía Las Palmas), a Yovany de Jesús Pérez Estrada, de 51 años.

La víctima fue citada a un establecimiento público del mall, y estando en una silla fue sorprendido por dos homicidas que llegaron con el rostro cubierto con cascos de moto, guantes de caucho para no dejar huellas y pistolas con silenciador. Aniquilaron a Pérez con múltiples disparos y luego escaparon en una moto.

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Varios videos del ataque circularon por redes sociales y la noticia se viralizó. Aunque el finado solo tenía antecedentes por evasión de impuestos, al parecer los delincuentes lo relacionaron como supuesto socio financiero de sus enemigos.

Los dos sicarios que mataron a Yovany de Jesús Pérez Estrada en el mall El Indio de Medellín, huyeron en la misma foto. Cortesía.

El 11 de junio el Clan del Golfo distribuyó un panfleto por diferentes chats de WhatsApp de la zona, firmado por el frente Gener Morales. En su comunicado declararon objetivo militar a los miembros de “el Mesa” y a su máximo cabecilla, Rodrigo Rodríguez Rodríguez (“el Montañero”), también llamado Gustavo Pérez Peña, según un cambio de nombre en la Registraduría.

“En algunos municipios se han presentado homicidios y amenazas a la población civil, por conflictos internos entre las bandas delincuenciales, que son lideradas por alias el Montañero, quien cambió su nombre por el de Gustavo Pérez Peña, sujeto que por décadas, y aún estando encarcelado, ha liderado a ‘los Mesas’ (sic), que ahora se identifican como los 2-13 (o los del 13), atacando con sevicia a la población civil que no se alinee con sus propósitos. Estos son los grupos que combatimos sin descanso”, dice el panfleto.

Rodrigo Rodríguez o Gustavo Pérez, alias “el Montañero”. Foto de Manuel Saldarriaga.

“El Montañero” salió de la cárcel de Itagüí el 14 de marzo de 2024, tras cumplir apenas cuatro años y cinco meses de una sentencia de ocho años, por cargos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Es uno de los siete voceros principales de las bandas del Valle de Aburrá que participan en la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional desde el 2 de junio de 2023.

La disputa de “el Mesa” contra el Clan Oriente y el Clan del Golfo es una de las hipótesis preliminares que manejan las autoridades sobre la masacre perpetrada en Rionegro.

El coronel Carlos Martínez Romero, comandante de la Policía Antioquia, comentó que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que ayude a esclarecer el crimen.

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El Inspector.

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, la operación se realizó en la tarde de este lunes 27 de mayo, en el sector Camino Verde de la vía a la loma de El Escobero.

Óscar Eduardo Vásquez Pulgarín, alias “Rayo”, fue capturado en un apartamento de Envigado. Foto cortesía de la Policía.

Los Comandos de Operaciones Especiales llegaron hasta la urbanización Castelli, en la carrera 25A #38Dsur-111, y allanaron un apartamento localizado en el piso 15 de una de las torres. Allí encontraron al citado cabecilla, quien no opuso resistencia al arresto.

Fuentes cercanas a la operación le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que, en realidad, “Rayo” no era el objetivo que buscaban, sino que su detención fue puramente circunstancial y hasta inesperada.

Los investigadores ya tenían referenciado aquel apartamento, usado como centro de reuniones por narcotraficantes del Clan del Golfo y sus socios de Medellín. La orden de allanamiento pretendía arrestar a los delegados del cartel, los cuales ya habían salido de la urbanización cuando entraron los policías; el único que quedaba era Vásquez Pulgarín.

“Capturamos a alias ‘Rayo’, uno de los presuntos cabecillas de ‘la Terraza’, que utilizaba condominios de lujo para negociar con el Clan del Golfo el envío de cargamentos de cocaína hacia Estado Unidos y Europa”, informó el general Salamanca.

Dentro de “la Terraza”, “Rayo” al parecer tenía la función de administrar los negocios ilícitos en el Oriente antioqueño, en especial la venta de drogas. Una de sus bases de operaciones era el municipio de Guatapé, donde permanecía en fincas alquiladas.

“La operación, coordinada con la @FiscaliaCol, libera a las comunas 3 y 4 de Medellín y a los municipios de El Peñol, Guatapé, Marinilla, Guarne y San Rafael de uno de los delincuentes más buscados por tráfico de estupefacientes, incluido 2CB“, publicó en la red social X el director de la Policía.

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En “la Terraza” es relativamente común que haya integrantes con apodos repetidos entre sí, lo cual les permite permanecer a la sombra de otros y confundir a los investigadores. Durante varios años, Vásquez estuvo en un segundo plano, mientras las autoridades perseguían a otro líder de la estructura, John Ricardo Palacio Adarve, alias “Rayo” o “Richard”, quien fue detenido en 2018.

En las próximas horas, Vásquez será presentado ante un juez de control de garantías, donde se definirá qué cargos le imputará la Fiscalía.

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El Inspector. 

La noticia fue confirmada por el director de la Policía, general William Salamanca, durante una visita a la ciudad para conversar sobre seguridad con un grupo de empresarios. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El expolicía Jean Espinosa (recuadro) y Henry Silva (“la Mula”) cayeron en el barrio La Pilarica, de Medellín, cuando iban en un automóvil Mercedes Benz. Fotos cortesía de la Policía.

“Durante nuestra visita a Medellín supervisamos la operación que culminó con la captura de dos presuntos narcotraficantes de ‘La Oficina’: alias ‘Mula’ y ‘La Firma’; este último responsable del tráfico de 3 toneladas de cocaína mensuales, en alianza con carteles mexicanos”, trinó el oficial.

La detención fue realizada por investigadores de la Dijín, quienes lo sorprendieron este jueves 14 de marzo en un automóvil Mercedes Benz en el barrio La Pilarica, en la comuna de Robledo.

En su contra había una orden de captura por concierto para delinquir agravado; sobre Henry Silva Álvarez (“la Mula”), su acompañante, las autoridades indicaron que al parecer fungía como escolta y tiene antecedentes por hurto calificado, tráfico de armas, y uso de documento falso. Lo señalan de participar en el hurto de un vehículo de valores que transportaba oro y platino en Medellín, en 2013.

El automóvil Mercedes Benz en el que iban los capturados fue decomisado. Foto cortesía de la Policía.

En el operativo les incautaron dos pistolas Jericho 9 milímetros con su respectiva munición y cuatro proveedores, $20 millones en efectivo, cuatro celulares, documentos de identidad a nombre de una empresa de seguridad, tres navajas, dos memorias USB y algunos fetiches de santería y esoterismo, que suelen usar los miembros de “la Oficina” para “proteger” sus actividades ilegales.

En particular, les encontraron un libro llamado “Oráculo de las Runas”, una bolsa de tela con ramas y semillas, y varios símbolos de runas en cuarzo dentro de una caja.

“La operación, que contó con la activa participación de las autoridades de Estados Unidos, es el resultado de la fluida cooperación internacional, que tiene entre sus objetivos identificar narcos invisibles, de los cuales hemos capturado 35”, recalcó Salamanca.

Espinosa, de 45 años, es un viejo conocido en el bajo mundo de la capital antioqueña. De acuerdo con fuentes judiciales, fue investigador de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), adscrito a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Fue destituido con otros dos uniformados, por haber retenido ilegalmente y asesinado a un presunto ladrón de carros, aunque por esos hechos nunca fue condenado.

Runas en cuarzo incautadas a “la Firma”, al parecer usadas para la adivinación. Foto cortesía de la Policía.

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Tras su salida de la Institución, comenzó a trabajar para la organización criminal “Doce de Octubre”, como socio del cabecilla Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”). Se involucró con temas de narcotráfico, extorsión, sicariato, secuestro y cobro de deudas mafiosas.

Con el auspicio de “Soto”, se ganó la confianza de uno de los máximos líderes de “la Oficina”, la empresa mafiosa que regenta a las bandas del Valle de Aburrá: Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”), quien hoy está preso en Estados Unidos.

“La Firma” había sido capturado en un retén el 11 de agosto de 2012, cuando viajaba en un automóvil Chevrolet Swift por la autopista Bello-Hatillo, en inmediaciones del municipio de Copacabana. En ese momento, el cabecilla era acompañado por un civil y otro policía corrupto de la estación Laureles de Medellín.

En la inspección al vehículo le encontraron un fusil, una escopeta de doble cañón y una pistola. Por esta situación fue condenado a 15 años de cárcel, por el delito de porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar.

Al salir de prisión, al parecer regresó a sus actividades delictivas. Según fuentes policiales, estableció negocios con el narcotraficante Juan José Valencia Zuluaga (“Falcon”, “Andrea” o “Babalao”), para exportar cocaína desde la Costa Atlántica hacia Centroamérica y Estados Unidos. Este último fue detenido y también extraditado en 2022.

Las autoridades no especificaron si el Gobierno de Estados Unidos pedirá a “la Firma” en extradición.

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El Inspector.

El ataque ocurrió en la noche de este 7 de marzo en el barrio Los Balsos, en la comuna de El Poblado, suroriente de Medellín.

Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo”, luego de su captura en 2013 en Panamá. Foto de archivo El Colombiano.

Según la información preliminar de las autoridades, Rojas andaba en un automóvil BMW con uno de sus hombres de confianza, Julián Alexánder Suárez Giraldo, apodado “el Enano”.

Estaban conversando en la vía, cuando un hombre se les acercó y les disparó, para luego huir en una moto. “Pichi Gordo” recibió impactos en el rostro y la cabeza; mientras que “el Enano” en la espalda y el pecho. Este último al parecer portaba una pistola Smith and Wesson calibre 9 milímetros, con salvoconducto legal, la cual quedó a pocos centímetros de su cuerpo.

Ambos fallecieron a un costado del parque La Provincia, donde al parecer acudieron para jugar un partido de fútbol.

En el ataque resultó herida una tercera persona, el exfutbolista John Gerver Lovert Córdoba, de 49 años, quien se retiró del fútbol profesional en 2004 y se dedicó al entrenar jóvenes talentos en escuelas y clubes aficionados. Fue hospitalizado con un balazo en una pierna.

El asesino fue descrito como “un hombre bajito y trigueño, que vestía gorra, camiseta oscura y bluyín”, quien fue visto merodeando el parque momentos antes del ataque.

Según la evidencia inicial obtenida en las cámaras de seguridad del sector, al parecer se trató de un operativo sicarial coordinado con dos motos, un automóvil Renault Sandero y una camioneta Koleos.

UNA VIDA EN EL CRIMEN

“Pichi Gordo” había salido de la cárcel el 21 de enero de 2o2o, con el beneficio de libertad condicional dentro de una pena de 16 años de prisión por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Su salida generó roces con otros jefes de “la Terraza”, pues trató de imponerles su antigüedad para tratar de recuperar varios de los negocios que tenía antes de ser encarcelado en 2013, pero no lo logró. Esto creó fricciones con “Chicho”, “Yordi”, “Barny”, “Tombolín” y otros líderes de la facción.

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El reacomodo provocó varios asesinatos de integrantes rasos de la organización, aunque el conflicto se enfrió en un principio por la intervención de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), máximo jefe del grupo, quien está preso desde 2009.

La escena del crimen en el sector de Los Balsos, en El Poblado. Foto de cortesía.

“Pichi Gordo”, también apodado “Pavarotti”, “Carmen” o “Plancha”, estuvo durante los últimos años trabajando a la sombra para “Douglas”, involucrándose en algunas gestiones de pacificación de conflictos entre combos a nombre de su jefe, y ocasionalmente se dejaba ver en eventos y partidos de fútbol entre muchachos de las bandas.

De momento se desconoce quién ordenó su muerte. Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que en los corrillos criminales comenzó a correr un rumor hace algunas semanas, que señalaba a “Pichi Gordo” de conspirar con funcionarios corruptos de la Fuerza Pública para orquestar expedientes y operativos contra sus enemigos. Esta información, aún no confirmada, al parecer lo puso en la mira de la mafia.

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Del hombre que murió a su lado son pocas las referencias por ahora. “El Enano”, cuya base de operaciones era Guayabal, se había convertido en su mano derecha, cumpliendo funciones de secretario, vocero y escolta.

Los dos hombres fueron acribillados por sicarios a bordo de una motocicleta. Cortesía.

“Pichi Gordo”, de 50 años, era fanático de la santería y la magia negra. Durante la guerra interna de “la Oficina” (2008-11), entre los capos Maximiliano Bonilla (“Valenciano”) y Ericson Vargas (“Sebastián”), se destacó como uno de los principales jefes de sicarios al servicio de este último.

Estaba incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (2014), por su relación con “la Oficina”, y se cree que participó en más de 100 asesinatos, aunque solo fue condenado por uno: el del empleado bancario Elkin Rivera González (2008), abaleado por un error de sus sicarios en el barrio Campo Valdés.

Después del doble homicidio se escucharon estallidos de pólvora en varios vecindarios de Medellín y Envigado, al parecer celebrando la muerte de “Pichi Gordo”.

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El Inspector.

La detención se produjo en la noche de este viernes 23 de febrero, en medio de un plan candado de la Policía Metropolitana en el Centro, tratando de cerrarles las salidas a los prófugos.

El sonriente venezolano Óscar Alejandro Tovar Velásquez fue el primer recapturado, luego de la fuga. Foto de la Policía.

El recapturado es el venezolano Óscar Alejandro Tovar Velásquez, de 27 años, quien purgaba una condena desde 2022 por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

La fuga ocurrió en la mañana del viernes, en un Centro Día del barrio El Chagualo, cerca de la Plaza Minorista. Esa instalación solía funcionar como un albergue temporal para mendigos, pero debido al hacinamiento en las cárceles del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la falta de gestión de la Alcaldía para construir nuevas prisiones, es utilizada como sitio de retención para criminales.

La Policía le rindió homenaje al uniformado asesinado con esta postal. Foto de cortesía de la Policía.

Según la Policía, en el recinto se presentó un amotinamiento premeditado entre los internos. Cuando los custodios trataron de disolverlo, fueron desarmados por los presos.

En la parte exterior del sitio había motocicletas esperando a varios de los fugados, mientras que otros huyeron corriendo.

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En la reacción policial se presentó un tiroteo en el cual falleció el intendente Denis Fernando Morales Jaramillo, de 41 años, y quedó herido el patrullero Diego Armando Burbano Prado.

Tras la recaptura de Tovar, faltan 11 personas por capturar, entre las que se cuentan otros siete venezolanos, con edades entre los 19 y 35 años:  Yosniel Alberto Gómez, Yefferson Rafael Pérez García, Cristopher Emilio Estaba Vincent, Wilkert Manuel Castellano Blanco, Kenji José Vizcaíno Espinoza, Lerwin Raúl Torres Cordero y Joeldry Jesús Gil Flórez.

La lista la completan cuatro colombianos de 22 a 28 años: Abel Josué Pérez Hernández, Dani Gabriel Camacho Martínez, Emanuel Mateo Palacio Valega y Vicente Zackarías Marciglia Rosso.

El cartel con el que la Policía busca a los fugados del Centro Día. Cortesía.

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La mayoría de estas personas estaba detenida por cargos de hurto calificado y agravado, además de tráfico de drogas, porte ilegal de armas, amenazas y acceso carnal violento.

La Alcaldía ofreció $20 millones por información que ayude a facilitar las capturas y $100 millones por el asesino del policía.

El Inspector.

El caso se registró en la madrugada de este domingo 19 de noviembre, en la frontera de los barrios Samaria y Robles del Sur.

En esta cuadra del barrio Samaria, en Itagüí, ocurrió el doble homicidio. Foto cortesia de Denuncias Antioquia.

Según el reporte preliminar de los investigadores de la Policía, las víctimas fueron Ana María Martínez Suárez, comerciante de una licorera; y la cosmetóloga Laura Mascariso Reinoso. Eran amigas y ambas tenían 24 años de edad (nacieron con apenas cuatro días de diferencia).

La comerciante Ana María Martínez Suárez. Cortesía.

Los familiares explicaron que Ana María llevaba 15 días residiendo en el vecindario y que en la noche del sábado anterior al crimen fue visitada por Laura.

Las dos departieron en el sitio y consumieron licor, aunque no se precisó si había más gente en el apartamento de la carrera 55A con la calle 31AA.

A la madre de Ana María le pareció raro que su hija no contestara el celular, por lo que fue al lugar al amanecer del domingo.

Su hija y la amiga estaban muertas en el sofá de la sala, cada una con un orificio de bala en la sien.

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Los investigadores calcularon, según la rigidez cadavérica, que fueron asesinadas unas siete horas antes del hallazgo, a eso de las 00:30 de la madrugada.

Durante la inspección judicial, en el sitio se recuperaron dos vainillas de pistola calibre 380 (también conocido como 9 milímetros corto) y se tomaron muestras de varias huellas digitales.

La Policía declaró que el asesino (o los asesinos) trató de desordenar la vivienda y hurtó una consola de videojuegos, pero que por la evidencia preliminar se descarta un robo como móvil del doble asesinato.

El novio de Ana María está en la cárcel por el cargo de concierto para delinquir, por su presunta militancia en la banda “la Unión”. Aunque su identidad no fue revelada por los investigadores, se analiza si este hecho tendría alguna relación con los homicidios.

La cosmetóloga Laura Mascariso Reinoso. Cortesía.

La Alcaldía de Itagüí ofreció $50 millones de pesos de recompensa para el ciudadano que ayude a identificar a los asesinos.

El secretario de Seguridad del municipio, Rafael Otálvaro, manifestó que “la Policía se encuentra haciendo un despliegue en todo el sector y solicitamos cualquier tipo de información por mínima que sea para esclarecer este hecho”.

Añadió que “desde la Alcaldía se hace un ofrecimiento de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura, individualización y captura del responsable o los responsables de este hecho que se presenta en nuestro territorio”.

En el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, se observa a un posible sospechoso ingresando al apartamento en el que se presentó el crimen.

En lo corrido de 2023 han sido asesinadas 96 mujeres en el departamento de Antioquia. De esos hechos, 50 se presentaron en la subregión del Valle de Aburrá, según los reportes oficiales.

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El Inspector.

Estando en la entrada del socavón fue atacado por sicarios, quienes le quitaron la vida a balazos y huyeron al abrigo de la noche.

Con esta imagen distribuida en redes sociales, los allegados de alias “Sólido” expresaron su luto. Foto de cortesía.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el hecho acaeció en la noche del 16 de junio de 2023, en una mina de oro conocida como San Nicolás, la cual está ubicada en la vereda Campo Alegre. Allí estaba José Domiciano Carrillo Montoya (“Sólido”), de 48 años, cuando sus asesinos lo encontraron.

Domiciano Carrillo (“Sólido”) en su juventud. Foto de cortesía.

Carrillo era oriundo de Segovia, donde tenía importantes inversiones legales e ilegales en minería. Sin embargo, era más conocido por ser integrante de la cúpula de “Pachelly”, una de las bandas paridas en el municipio de Bello, la cual se dedica al narcotráfico, el sicariato, la extorsión, secuestros, desplazamientos forzados y desapariciones, entre otros delitos.

En varias oportunidades protagonizó enfrentamientos contra otros cabecillas de la banda, a quienes acusaba de intentar desplazarlo de los negocios. Según organismos de inteligencia, estuvo asociado a dos disputas internas que afectaron el orden público de Bello y el Norte del Valle de Aburrá, entre 2014 y 2015, y de 2019 a 2020.

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Su carrera delictiva incluía dos capturas en la última década. En 2012 fue detenido y condenado a seis años de cárcel por concierto para delinquir, de los cuales apenas estuvo dos en prisión.

De nuevo lo capturaron en 2018, otra vez por concierto para delinquir, y estuvo tras las rejas hasta finales del año pasado.

Ahora los investigadores se preguntan quién pudo haberlo matado. Las divisiones internas en “Pachelly” son latentes desde hace 10 años, y una hipótesis sugiere que sus exsocios lo ajusticiaron; tampoco se descarta que el crimen lo haya cometido el Clan del Golfo, el cartel narcotraficante que domina el bajo mundo en Segovia; y una tercera teoría apunta a que la muerte se derivó por inconvenientes con otros mineros.

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El Inspector.

La víctima fue identificada como Junior Alexánder Roldán Paredes, alias “Junior” o “JR”, prófugo de la justicia de su país. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Junior Alexánder Roldán Paredes, alias “Junior” o “JR”, cabecilla de la banda ecuatoriana “los Choneros”. Foto: cortesía.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el cadáver fue encontrado por habitantes de la vereda El Mango, del municipio de Fredonia, a las 5:15 p.m. de este sábado 6 de mayo de 2023.

Estaba en una zona boscosa, aledaña a la vía, en un sector conocido como Puente Máquina. Tenía una herida de bala en la cabeza.

Aunque no portaba documentación y en principio fue registrado como NN, una fuente les informó a las agencias de Inteligencia que podría tratarse de un ecuatoriano llamado Junior Alexánder Roldán Paredes.

Según la prensa ecuatoriana, este hombre era señalado de ser uno de los presuntos cabecillas de “los Choneros”, una de las organizaciones criminales hegemónicas del país vecino, involucrada en negocios de narcotráfico, sicariato, extorsión, terrorismo y contrabando.

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“Junior” estaba en libertad vigilada desde el pasado 14 de febrero, debido al polémico fallo de un juez que ordenó su excarcelación. Luego resultó herido en un atentado de una facción enemiga el 16 de marzo, en el cantón El Triunfo, de la provincia de Guayas. Fue lo último que se supo de él.

En diálogo con El Colombiano, el alcalde de Fredonia, Gustavo Guzmán Maldonado, contó que la víctima al parecer fue asesinada en otro sitio y luego arrojada por sus verdugos en Puente Máquina.

“Esta es una zona fronteriza con el municipio de Santa Bárbara, por donde pasa el río Poblanco. Seguro él estaba en otro lado, y los asesinos lo tiraron allá, porque la gente de la vereda no lo había visto antes”, precisó.

Agregó que “la Policía me reportó que estaba indocumentado, pero llegaron comentarios de que podría tratarse de un extranjero, un señor Junior Roldán, alias JR. Me preocupa que ocurran estas cosas, es muy extraño que suceda por aquí”.

El lunes siguiente (8 de mayo), el ministro del Interior de Ecuador, Juan Ernesto Zapata Silva, confirmó los hechos en una rueda de prensa. “Luego del cotejamiento necrodactilar y otras evidencias físicas como tatuajes, recibimos a través de un funcionario de la Fiscalía de Colombia la ratificación de la identidad de la persona fallecida”, comentó.

La investigación será adelantada por un fiscal de Antioquia, en cooperación con la Policía de Ecuador.

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El Inspector.